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El documento dará paso al establecimiento de responsabilidades, obligaciones y derechos de cada municipio.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presidió la firma del Convenio de Fijación y Reconocimiento de Límites Territoriales entre el municipio de Miacatlán y el nuevo municipio indígena de Coatetelco, el cual finca su importancia en la necesidad de establecer responsabilidades, obligaciones y derechos de cada comunidad.
Ante autoridades del orden federal, estatal y municipal, Blanco Bravo expresó que esta fecha es simbólica y representativa en el proceso del crecimiento y desarrollo que impulsa esta administración.
“Felicito a las autoridades de Miacatlán y Coatetelco por este gran avance y muestra de lo que se puede alcanzar con voluntades coordinadas”, aseveró.
Luego de señalar que la delimitación en Morelos no fragmenta ni influye, “se respeta la soberanía y operatividad de cada municipio, y, al final, todos orgullosamente formamos parte de un mismo territorio y un mismo compromiso”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, explicó que una vez que el convenio en referencia sea validado por el Congreso del estado, será incorporado por el INEGI al registro de información geográfica y, en su momento, otorgará la clave necesaria a Coatetelco para que pueda ser beneficiario de recursos provenientes de programas federales de desarrollo y bienestar.
En la firma de convenio participaron, además del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Miacatlán, Abel Espín García, y el presidente del Consejo Municipal de Coatetelco, Norberto Zamorano Ortega. Acto seguido, se hizo entrega de los planos que marcan los límites territoriales en los respectivos municipios.
Al evento asistieron el diputado federal, Jorge Arturo Argüelles Victorero; los diputados locales Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba.
Asimismo, el coordinador del INEGI en Morelos, Ricardo Torres Carreto; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba; el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar Nájera, y autoridades municipales de Miacatlán y Coatetelco.

Solicitan a la ciudadanía colaborar con la información.

Jojutla.- Con el objeto de conocer cuántas unidades económicas hay, la cantidad de personas ocupadas y de qué sectores, en todo el estado de Morelos, este lunes inició el Censo Económico 2019, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Tenemos ya personal distribuido en las oficinas en todo el estado para poder iniciar los trabajos sobre los censos económicos. En este caso, se trata de realizar un censo previo, recorrido por manzanas, para ir ubicando a través de las estrategias y logísticas establecidas, cómo están distribuidas las unidades económicas para actualizar estos datos tan importantes”, declaró ayer en esta ciudad el coordinador del INEGI en Morelos, Ricardo Torres Carreto.

Para el caso de Morelos, señaló que se cuenta con una estructura de 152 personas, distribuidas en 47 oficinas en todo el estado, que desde este 14 de enero y hasta julio de este año, visitarán todas las localidades urbanas registradas en la entidad.

“Vamos a recorrer más de 26 mil manzanas para poder actualizar los datos para el levantamiento de cada uno de los establecimientos, de todos los sectores; comercial, industrial, de servicios, etcétera… Todo lo que implique el desarrollo de alguna actividad económica en el estado”, dijo Torres Carreto.

Apuntó que en el censo anterior, del año 2014, se registraron 109 mil 852 unidades económicas en el estado y este 2019 se van a actualizar los datos.

Aclaró que sólo se encuestarán los negocios de cualquier tamaño, pero que están fijos. En el caso de Jojutla, donde por el sismo del 19 de septiembre 17 se han generado negocios no establecidos, no serán tomados en cuenta.

Asimismo, dijo que todos los trabajadores del INEGI están debidamente identificados con sombrero, chaleco y credencial, que puede ser confirmado vía internet o teléfono para mayor confianza y seguridad de la población, a la que pidió colaborar, aportando los datos que se le requieran.

Los resultados se darán a conocer en diciembre, finalizó.

Creció un 71.9% con respecto a 2016.

En la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante el 2017, Morelos fue el estado del país que registró el mayor crecimiento del valor de la construcción.

Ese año, el importe de la producción en la industria de la construcción fue de 2 mil 666 millones de pesos (a precios del 2012), cifra que representó un incremento del 71.9% a la registrada en el 2016.

Se estima que dicha expansión económica se debió fundamentalmente, a que durante ese año se presentó un aumentó en la edificación de viviendas y otras construcciones, así como en el transporte y urbanización.

Con el 71.9% de aumento en el valor de la construcción, en 2017 Morelos ocupó el primer lugar nacional, por arriba de estrados como México, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Zacatecas y Sonora.

Durante el 2017, el valor de la construcción, a precios corrientes, ascendió a 2 mil 809 millones de pesos, de los cuales el 58% de la obra fue contratada por el sector privado y el 42% por el sector público.

Ese mismo año, a nivel nacional 20 entidades federativas registraron un crecimiento negativo. 

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

El reglamento es un instrumento que norma los requisitos y los procedimientos para hacer efectivos los beneficios previstos, así como establece específicamente las bases para la coordinación de las acciones, políticas y programas públicos orientados al mejoramiento y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los interesados en acceder a los beneficios deben reunir una serie de requisitos, como acreditar la discapacidad permanente y condición económica, y presentar su solicitud ante la Secretaría Desarrollo Social, cuya dependencia tendrá un plazo de 60 días hábiles para determinar si el solicitante puede o no ser beneficiario.

Bajo la premisa de que los artículos 1 y 4 de la Constitución prohíben la discriminación y establecen el derecho de toda persona a la alimentación suficiente y el Estado está obligado a garantizarla, en marzo de 2016 entró en vigor la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y en Pobreza Extrema, con la cual los beneficiarios podrán obtener un apoyo, que consiste en una despensa integrada por productos de la canasta básica con un valor equivalente a 200 pesos.

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, en Morelos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -en el año 2000- registró 29 mil 545 personas con alguna discapacidad, y en los últimos 15 años el número se  multiplicó, situación que implicó que igual número de hogares y familias resultaran afectados económicamente por ese hecho.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) -por ley- está obligada a destinar el 2.5% de su presupuesto total autorizado para los gastos de operación, supervisión y seguimiento del programa de apoyo a las personas con discapacidad y en pobreza extrema.