Después de considerar como un logro el haber demostrado que las fosas del panteón de Tetelcingo están fuera del marco de la ley, al haber rescatado el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, -quien fuera sepultado junto con más de 100 cadáveres en ese lugar- sus familiares exigen que se llegue al fondo del asunto para castigar a los autores materiales de esas arbitrariedades.

“Es un logro tremendo porque fue demostrar que el gobierno estaba equivocado totalmente al haber asegurado que todo estaba hecho de manera correcta y que las tumbas eran legales, ya al tomar (el asunto) el juez, mediante las pruebas que se le proporcionaron, quedó demostrado que ese lugar no tiene, con todo, los permisos en regla para ser considerado un  panteón y estar dentro de la normatividad de la ley”, aseguro Amalia Hernández, tía de Oliver.

Señaló que además de hacer comparecer a la ex titular de los servicios Periciales Ana Lilia Guerrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de investigar quiénes fueron los que falsificaron las firmas y documentos para realizar dichas inhumaciones en el panteón clandestino de Tetelcingo y quiénes fueron los que ordenaron tal aberración legal.

“Se mencionaba, son más servidores públicos que incurrieron en varios ilícitos como la falsificación de firmas, quiénes presentaron los documentos,  con qué fin presentaron los documentos, a nosotros lo que nos tocó es demostrar que efectivamente las firmas  habían sido falsificadas, pero esto no para ahí, lo que nos conllevó (sic) a que no íbamos a permitir que se aplicara la justicia en el más débil. Aquí hay un responsable, aquí es llegar a este punto, ya hay una persona vinculada a proceso”, destacó.

Indico que es la FGE la que tendrá que hacer uso de todos sus recursos para hacer acopio de todos los elementos de prueba para llevar ante la justicia a los responsables de esas irregularidades. “Aquí la responsabilidad recae en la fiscalía, si la fiscalía  no tiene ninguna intención  de proteger a alguien, pues tendrá que poner todos los elementos, al final de cuentas es el responsable, es el defensor de la sociedad ante este atropello que se realizó en contra de las víctimas, porque se les impidió el reconocimiento al derecho de saber en dónde estaban sus familiares, se violentaron sus derechos”, enfatizó.