Esto agrandó las dudas en torno a la construcción de otros rellenos sanitarios en donde se ha denunciado la existencia de contaminación en el subsuelo, pues la corrupción en su construcción podría ser la explicación de su mal funcionamiento.
La verificación la realizaron peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), adonde fue radicada una denuncia penal por parte del Ayuntamiento de Cuautla en contra de la empresa Kexsa, S.A. de C.V., responsable de la construcción de la segunda celda del relleno sanitario, y cuyas deficiencias técnicas han causado afectaciones económicas por más de un millón y medio de pesos.
La empresa Kexsa fue contratada por el anterior Ayuntamiento, 2006-2009; por lo que se investiga si hay responsabilidad de los funcionarios municipales, de entre ellos del entonces director de Obras Públicas, Rodrigo Arredondo.
Durante la investigación se levantó parte de la geomembrana para efectuar unas calas, mismas que permitieron corroborar que la empresa constructora no construyó una capa de arena cribada de 20 centímetros de espesor, ni colocó el geotextil protector de propileno, ni una capa de arcilla impermeable de 40 centímetros, entre otras omisiones; es decir, la constructora sólo colocó la geomembrana sobre terreno natural sin ningún tipo de preparación.
Asimismo, la empresa Kexsa, por su mal trabajo, provocó erosión en los taludes por el escurrimiento de agua, debido a que la geomembrana no fue atracada a los hombros de dichos taludes, señala el peritaje. También al abrir la geomembrana se corroboró que el proyecto se desplantó sobre terreno natural, pues se encontraron piedras de más de 10 pulgadas, “lo que genera que la colocación de la geomembrana bajo dichas condiciones sea inservible, ya que habría que retirarla para realizar los trabajos faltantes”, apunta el estudio.
Por las deficiencias encontradas, la segunda celda del relleno sanitario de Cuautla no podrá ser utilizada para el confinamiento de la basura, pues provocaría una grave contaminación ambiental; lo que genera un daño patrimonial de más de un millón y medio de pesos a la administración municipal. Razón por la que la sindicatura que encabeza Juanita Guerra Mena inició la denuncia penal para deslindar responsabilidades.