Según declaraciones de la secretaria general de la organización, Esther Vidal, la intención de las autoridades es venderle la concesión del servicio a una empresa inglesa o española, pero además permitir que los residuos dejen de ser llevados a los rellenos sanitarios y sean trasladados a los hornos de una empresa cementera, con lo que muchas familias cuyas fuentes de ingresos están en la basura podrían quedarse sin comer.

Debido a las consecuencias negativas que tendría esta acción en términos de delincuencia al momento en que un gran número de jóvenes pierdan su empleo, Esther Vidal anunció que la organización que encabeza se movilizará para impedir que dicha concesión sea formalizada.