Lo anterior es el resultado de la integración del expediente 001/2013-VRO impulsado por parte de los ciudadanos, ante la violación a los derechos humanos por parte del Ayuntamiento de Cuautla, al trasladar las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución a una empresa particular, además por los excesos y abusos cometidos con el cobro ilegal del estacionamiento en la vía pública.

El expediente documenta las denuncias hechas por los ciudadanos afectados con la inmovilización de sus vehículos y por los cobros arbitrarios y excesivos de supuestas infracciones, además de los argumentos de la empresa Parking Spot y las autoridades. 

Después de analizar los argumentos, situación jurídica del proceso y las evidencias, la CDHEM concluyó que se desprende que los derechos humanos violentados son ilegalidad, seguridad y certeza jurídica, acciones que fueron atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento de Cuautla.

El organismo defensor de los derechos humanos, demanda al Ayuntamiento de Cuautla, vigilar el cumplimiento de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2015, debido a que en su apartado correspondiente, el Congreso del estado aprobó no cobrar el estacionamiento en la vía pública.

El documento correspondiente fue entregado este lunes en la presidencia municipal al alcalde, Jesús González Otero, al síndico municipal, a los 11 regidores y a la Secretaría de Seguridad Publica, con el propósito de que inicie el estudio correspondiente para promover en su momento la nulidad o revocación de la concesión otorgada de manera irregular a la empresa.

Agrega que el presidente municipal González Otero, a nombre del Ayuntamiento deberá emitir una circular a efecto de vigilar el cumplimiento de la Ley de Ingresos 2015, donde se establece que no hay cobro para el estacionamiento en la vía pública en el Centro Histórico de la ciudad y con ello “garantizar que se cumpla lo que marca el artículo 1o de la Carta Magna haciendo valer a favor de la ciudadanía cuautlense el principio pro persona”; además de que deberá ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía por no haber respetado el patrimonio cultural así como por no observar dentro del marco legal la licitación de la concesión.

Otorga un término de 10 días naturales contados a partir de la fecha de notificación del documento para que el Ayuntamiento se pronuncie en la aceptación o no de la recomendación.