Cuautla
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Ciudadanos vigilarán que no haya penalizaciones al Ayuntamiento de Cuautla por retiro de parquímetros

Exigen el retiro de los dispositivos lo más pronto posible.

Después de los triunfos legales frente a los abusos y arbitrariedades que se han registrado en la operación de los parquímetros en Cuautla, los ciudadanos agrupados en diversas organizaciones sociales, esperan que las autoridades cumplan con el retiro de los dispositivos de la Zona de Monumentos Históricos.

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Indicaron que el último recurso legal que sostenían los empresarios para no retirar los parquímetros de la zona prohibida era un recurso de amparo, el cual fue resuelto a favor de la ciudadanía, por lo que es inminente el retiro de dichos dispositivos, señaló César Salazar, integrante de la nueva organización civil “Dignidad y Lucha Ciudadana por Cuautla”.

Dijo que si el Ayuntamiento se negara a cumplir con la ley, no descartan recurrir una vez más a la justicia federal para que el INAH proceda a la clausura de los dispositivos, que desde el inicio fueron instalados en el Centro Histórico a pesar de existir un decreto presidencial que protege a esa zona histórica.

Destacó que al publicarse el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito del Consejo Federal de la Judicatura, el cual concluye con el sobreseimiento del expediente número 270/2014, el presidente municipal está obligado a cumplir con la ley, para no seguir violando los derechos de los ciudadanos.

Señala que en reciente reunión con el alcalde Jesús González Otero, éste les aseguró que procedería a revocar el contrato, sin embargo, las organizaciones ciudadanas aseguran que ya no permitirán que los procedimientos legales los haga solo el Ayuntamiento, por lo que exigieron participar mediante una comisión ciudadana que vigilará todo el proceso para no permitir que se apliquen penalizaciones económicas al municipio como lo ha manifestado el edil.

Los ciudadanos, han manifestado su sospecha de que las autoridades municipales pudieran provocar la aplicación de una penalización a propósito, con la intención de obtener a cambio un beneficio o “comisión” económica para los funcionarios en lo personal, razón por la que aseguran no dejarán que ello suceda.

 

 

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Mario Vega

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