Por lo anterior, los ganaderos han tenido pérdidas económicas importantes, lo que está provocando decepción que podría terminar en una negativa para seguir sometiendo los hatos ganaderos a las pruebas sanitarias.
“Los ganaderos de Cuautla nos encontramos arrepentidos de someter a nuestros animales a pruebas sanitarias porque el gobierno del estado no nos paga la parte que le corresponde entregar de indemnización por animal sacrificado cuando salen enfermos de tuberculosis o brucelosis”, denunció Luis Félix Rodríguez Becerra, presidente de la Asociación Ganadera Local General del municipio de Cuautla.
Señaló que la apatía de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) para pagarles la liquidación de 19 semovientes inmolados desde hace más de cuatro meses, podría llevar a algunos productores a vender sus animales sin revisión alguna.
Lamentó que mientras los productores agropecuarios hacen esfuerzos para cumplir con dichas pruebas, las autoridades estatales sólo muestran desinterés en la salud de la población.
Durante la celebración del primer aniversario de la Unión Ganadera Local que aglutina a un centenar de productores, el dirigente ganadero Luis Félix Rodríguez Becerra, expresó la inquietud de sus representados, quienes tienen temor de exponer a sus animales a las pruebas de detección de tuberculosis y brucelosis porque no les paga la indemnización el gobierno del estado.
Agregó que si el gobierno sigue actuando de esa manera, provocará que muchos ya no quieran someter a sus animales a las pruebas, por lo que se podría dar una evasión de responsabilidades, y la venta de ganado enfermo que podrá perjudicar a la población.
Por último, dijo que el gobierno estatal sólo pagó las reses sacrificadas en el 2013, por lo que a la fecha adeuda a los ganaderos de Cuautla alrededor de 50 mil pesos.
Cuautla
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Ganaderos aún no reciben pago por sacrificio de animales enfermos
Los afectados analizan negarse a las pruebas de certificación sanitaria
La calidad de la carne que se vende en los mercados de la región oriente podría representar un riesgo para los consumidores, ante la posibilidad de que los productores dejen de someter a sus animales a las pruebas de certificación sanitaria, debido a que desde hace más de cuatro meses, las autoridades estatales no han cumplido con el pago de las indemnizaciones por los animales sacrificados.
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