El palacio municipal continúa cerrado desde el pasado viernes por restricciones de la Fiscalía General del Estado, la cual aún realizará pruebas periciales en el lugar de los hechos. Por ese motivo la administración municipal suspendió actividades de manera indefinida.
Desde temprana hora de este lunes, todos los trabajadores del ayuntamiento hacían fila de espera para rendir su declaración ante agentes del ministerio público y la Policía Ministerial, en las instalaciones de la biblioteca municipal, con el fin de aportar su testimonio de los acontecimientos.
La policía del Mando Único ya no se encontraba en los accesos a ese municipio, como el pasado viernes, ahora sólo se concentró a un costado del palacio municipal, afuera de la comandancia de la Policía Municipal.
Entrevistado al respecto, Cristóbal Trejo Espíndola confirmó que sólo se autorizó la presencia de la Policía de Mando Único por un mes y serán los habitantes, quienes mediante asamblea, determinen si aceptan que se quede de manera indefinida. Cuestionado sobre las múltiples irregularidades que rodearon el atentado, confirmó que los policías que fueron sometidos por los presuntos asaltantes tenían armas, pero sin balas, debido a que el armero en turno no se las entregó.
Sin embargo, los tres policías detenidos el viernes ya quedaron en libertad al cumplir su arresto administrativo, sin conocerse su situación jurídica.
Para la regidora de Protección Ambiental, Maribel Rosales Barrera, la joven tesorera no merecía morir asesinada, “porque era una jovencita con valores, responsable, trabajadora, llena de planes”. Pero al mismo tiempo, destaca que durante la sesión de Cabildo pasado salieron a relucir presuntos desvíos económicos por más de 700 mil pesos, lo que motivó que se iniciara una investigación, sin embargo, ya no tuvo la oportunidad de rendir su informe.
La mayor parte de miembros del Cabildo afirman que había serias diferencias entre el presidente municipal y la tesorera, debido a la discrecionalidad con la que el edil gastaba el dinero, sin ningún justificante.
Por su lado, el alcalde Fausto Rubio Pillado aseguró que su municipio se encuentra en total calma, que nunca tuvo problemas con la tesorera municipal, que no hubo problemas de dinero y dijo que debe ser el gobierno quien investigue los hechos y castigue a los responsables.
Mientras tanto, el hermano de la tesorera municipal Freddy Sánchez responsabilizó al gobierno del estado de la muerte Yeni, pues asegura que desde hace más de dos meses, cuando empezó a recibir llamadas de amenaza, presentaron la denuncia, pero nunca le dieron seguimiento y nunca recibió protección.
“Presentamos la denuncia, nos dieron algunas indicaciones, pero nunca más actuaron, nunca hubo adelantos de esa investigación. Ellos quedaron de rastrear los números desde donde le marcaban y hasta ese día (viernes) nos enteramos que ni siquiera habían hecho el rastreo del número”, señala.
Asegura que la denuncia también la hicieron con las autoridades, pero también fue ignorada. “Empezaron desde marzo las amenazas, nunca le pusieron seguridad, nada más tomaron la declaración y ahí se quedo. El mismo gobernador sabe, el mismo secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad, todo mundo estaba enterado, hasta el de agricultura, imagínese, y nunca hicieron nada para impedirlo”, aseveró.