“Hay un protocolo que el gobierno mexicano está obligado a respetar y que ya instrumenta parcialmente, pero todavía con muchas críticas para defender y proteger la labor de periodistas, así como de defensoras y defensores de derechos humanos.”

Recordó que en días pasados, en Ciudad Juárez, 49 organizaciones auspiciaron la realización de un tribunal “por los crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, Martínez Cruz refirió que “el caso de Maricela Escobedo, que fue asesinada en Juárez, identifican finalmente el arma y quien fue el asesino, pero a destiempo, porque el homicida ya está muerto.

“Ese tipo de cosas está ocurriendo cada vez más con saldos negativos para defensoras y defensores de derechos humanos y ha ocurrido no sólo en Juárez, ya lo vimos en el caso de Nepomuceno Moreno Núñez, quien fue ultimado el 29 de noviembre en Hermosillo, Sonora.”

De igual forma, recordó que “en Michoacán está el caso de Don Trino, José Trinidad de la Cruz, y en Guerrero con las dos desapariciones de Eva y Baldomero, los ecologistas y la lista es enorme.

“En el estado de Guerrero porque tenemos la relación con los compañeros de derechos humanos y es el estado que más alto número de personas con medidas cautelares, un total de 149 defensoras y defensores de derechos humanos tienen medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

Recordó que “recientemente hemos tenido un foro para el análisis de todas estas violaciones y logramos que la oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos lleve a cabo una campaña que se llama ‘Yo me declaro defensor’, para que no solamente quienes abiertamente defendemos los derechos humanos de forma cotidiana, sino cualquier ciudadano puede defender los derechos humanos”.

José Martínez también agregó: “Lo digo abiertamente: muchísimos periodistas, por el hecho de transmitir verídicamente lo que está ocurriendo, han sido objeto de amenazas, hostigamiento e intimidación.

“Esto definitivamente no puede ser aceptado, que cualquier persona que sea defensora de derechos humanos merece ser tratada adecuadamente y se les debe de brindar las garantías del Estado mexicano para su eficaz desempeño del trabajo.”

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el año por concluir se han registrado 50 casos de agravios a defensores de derechos humanos en diversos estados del país.

Los principales motivos de queja son la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad, a la seguridad personal, a la libertad, a la propiedad y a la posesión.