De acuerdo con José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), quien encabezó un sencillo acto informativo para recordar la desaparición de José Ramón, sostuvo que “los policías detenidos por este asunto son Rufino Ríos Martínez, José Isabel Rivera Estudillo y Apolo Bernabé Ríos García; sin embargo, han sido sentenciados por otros asuntos de Amilcingo, investigados a partir del caso José Ramón por las tumbas clandestinas en el panteón. Por esos asuntos fueron sentenciados”.

Recordó que “desde el punto de vista procesal, el caso se envió con un juez de Izúcar de Matamoros, dado que se refiere que el último lugar donde se le vio fue en las inmediaciones del estado de Puebla y Morelos, por ello se canalizó allá. Pero el juez nunca ha declarado el caso ni ha emitido la sentencia, eso nos muestra una negligencia e irresponsabilidad por parte del sistema de administración de justicia”.

Martínez Cruz recordó que “cuando ocurrió la desaparición señalamos que si no se resolvía un caso de desaparición de persona, por la desaparición y hostigamiento, la creación un grupo especial de investigaciones políticas de la Policía Judicial, eso podría tener repercusiones contra la ciudadanía, porque se garantiza impunidad y eso, desafortunadamente, luego de 23 años, se ha venido cumpliendo”.

Sobre Jethro Ramsés Sánchez Santana recordó que es un caso que comprueba ese dicho: “No era activista y lo detienen violando sus derechos, para finalmente ser ultimado por militares y enterrado clandestinamente en Puebla”.

Señaló que en ambos casos hay coincidencias, “por ello los estamos llevando en instancias internacionales; en el de José Ramón, Amnistía Internacional lo tomó luego de 10 mil cartas de todo el mundo para que el asunto pudiera ser abordado. En el caso de Jethro lo estamos llevando ante el grupo de trabajado para desapariciones forzadas de la ONU, con sede en Ginebra, y tenemos comunicación para que se le dé el seguimiento.

“Los casos se han venido acumulando y en el país se han documentado centenares de desapariciones forzadas, y de desapariciones en general, que muchas veces no se esclarecen, son más de 10 mil”, observó.

El activista reconoció que es una ventaja que por razones de tipo político no se hayan presentado más desapariciones en Morelos, “porque quiere decir que la lucha porque el caso no quedara impune, ha tenido un efecto de inhibir que todos los luchadores sociales sean desaparecidos, pero en el otro sentido crece el número de desapariciones”.

Sin embargo, tratándose de otras personas, agregó: “Tenemos documentados casos, incluyendo de Cuautla, donde no han aparecido y los familiares no saben si son grupos policiacos o delictivos; por lo tanto, existe el temor de que vaya a haber represalias en su contra si denuncian los hechos”.

Recordó que “José Ramón fue detenido en el crucero a Agua Hedionda cuando había visitado a su madre, e iba a una reunión del Frente Nacional de Defensa del Voto. Él era dirigente del PRT, del cual fue candidato a presidente municipal en marzo de ese año, y posteriormente apoyó a las candidaturas a elecciones federales”.

Además recordó que lo quisieron ligar con la organización terrorista Vasca ETA (Euskadi Ta Askatasuna) porque su esposa, Ana Santander, era originaria del país Vasco.

“Él era del sindicato La AP, que aglutinaba a trabajadores del comercio y la banca y él estaba en ese sindicato, por ello es que luchaba y tenía una persecución por su lucha sindicalista, además de haber pertenecido a la Cuarta Internacional”, finalizó.