En este sentido, sostuvo que “cuando la señora fue regidora en el Ayuntamiento, en tiempo del presidente municipal Arturo Cruz Mendoza, ella sale del municipio; pero al momento de ser diputada local, demanda al mismo por unos pagos de unos descuentos que se realizaron en sus pagos que percibía ella como regidora, tal y como sucedió con la totalidad del cabildo”.

A diferencia de otros integrantes del Ayuntamiento 2003-2006, que acudieron a demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), “ella demanda cuestiones laborales. Entonces, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) le dan entrada a este expediente, pero no se resuelve, pues sabemos que no son empleados; los regidores son autoridad de primer nivel”.

Bajo esas condiciones, es decir, sin resolución en contra del Ayuntamiento, “siendo diputada y presidente municipal Sergio Valdespín Pérez, firman un convenio a través del cual se le pagarían mas de 600 mil pesos y se señala una pena convencional de 2 mil pesos diarios si no se pagaba en determinada fecha”.

Ya avanzados los pagos y cuando sólo se le debían 44 mil pesos, “se dejó de pagar y en base al convenio se ha incrementando la deuda hasta lo que alcanzamos ahora”.

Asimismo, Guerra Mena refiere que al iniciar la administración 2009-2012, “procedimos a ver cómo estaba la situación legal; interpusimos un incidente, el cual nos concedió la junta laboral, ya que sólo íbamos a depositar los 44 mil pesos y ahí terminar el asunto. Pero la ex legisladora perredista no estuvo de acuerdo, por lo que interpone un amparo a través de su apoderado legal, Gilberto López Andrade, en contra del acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la resolución del 4 de junio de 2010 dictada dentro del juicio 01/577-2006.

“En la sentencia del amparo, la licencia Florida López Hernández, jueza séptima de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, le concede el amparo a Lucía Virginia Meza Guzmán, en el cual se ampara y protege para que se le paguen las cantidades como habían convenido en un tiempo en la administración de Sergio Rodrigo Valdespín Pérez”, explica.

Además establece que “ésta es una afectación a las finanzas públicas, pues en aquel entonces cuantificaban a más de 2 millones de pesos y en criterio de la ciudadana jueza, es legal esta situación”.

Respecto de a cuánto asciende la deuda, observó que “tendríamos que hacer una cuantificación en cuanto a lo que se dejó de percibir y a cuánto asciendió hasta el día de hoy. Sería erróneo de mi parte determinar una cantidad, ya que tendremos que cuantificar de manera precisa”.

Por ello, exhortó, “como ciudadana cuautlense y en mi cargo de síndico, a que todas esas personas que demandaron al Ayuntamiento, que tuvieron su oportunidad de ser representantes, en este caso la señora fue regidora, después diputada local y al momento de ser diputada local por Cuautla no tenía por qué haber demandado al Ayuntamiento y mucho menos ahora pretender hacerse llegar de una cantidad muy considerable que al único que afecta es al municipio, ya que deja sin obras y sin beneficios e infraestructura a Cuautla”, observó.

Consultada en relación con las condiciones en que se firmó dicho acuerdo entre Valdespín Pérez y Meza Guzmán, agregó: “A mi forma de ver como abogada, fue indebida, ya que antes de que se resolviera la situación en el tribunal ellos emiten un convenio, le pagan una cantidad y solamente restan 44 mil pesos a eso y hacer una pena convencional de 2 mil pesos diarios es una exageración. Es por eso que interpusimos el incidente en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Lo admitieron, fallaron a favor del municipio; solamente depositamos lo que se había quedado restante, pero hoy el amparo la protege”, finalizó.