Aseguran que se violan los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familias.

Cuautla.- Familiares de víctimas de desaparición forzada denunciaron presuntas irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos que fueron exhumados hace cuatro años de las fosas clandestinas de Tetelcingo, por lo que exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) respetar los acuerdos firmados con las autoridades federales.

Lo anterior fue manifestado durante la entrega de un cuerpo –que permanecía en el Panteón Ministerial “Jardines del Recuerdo”, en el municipio de Cuautla– a sus familiares, donde representantes de las organizaciones de familiares de las víctimas denunciaron que la entrega la pretendía realizar la FGE a sus espaldas, pues no fueron convocados como se había acordado con las instancias federales.

Aseguran que a la fecha no se han respetado las dos recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía de Morelos, al grado que a cuatro años de la exhumación de cadáveres, sólo se han entregado 11 en total.

En voz de las agrupaciones, Amalia Alejandra Hernández señaló a la Fiscalía General del Estado de violar reiteradamente los derechos de las víctimas y de sus familiares, pues a pesar de que ya estaba identificado el cadáver número 11 desde el año 2018, la FGE lo entregó a sus familiares hasta este lunes.

“En todo este tiempo la Fiscalía ha estado simulando que trabaja; entonces ése sería el resultado de que al día de hoy, a cuatro años de la exhumación de las fosas de Tetelcingo, vayamos en el cadáver número 11. La Fiscalía aún no asume con responsabilidad las dos recomendaciones que tiene sobre este tema y sigue simulando”, apuntó.

Dijo que el cuerpo corresponde a una mujer que fue localizada en Tepoztlán y que en el momento de la exhumación de las fosas de Tetelcingo ya contaba con carpeta, además de que se le había identificado mediante sus huellas. Sin embargo, manejaron su cuerpo como no identificado y lo mandaron a la fosa común, tal como sucedió con el caso de su sobrino Oliver Wenceslao.

“Estaba plenamente identificada mediante una carpeta; la molestia que hay es porque este cadáver fue identificado mediante huellas desde el 2018, sí contaba con carpeta, con periciales y contaba con un plus por la identificación que le hizo el excomisionado nacional de Búsqueda de Víctimas Roberto Cabrera. Eso debió haber apurado todo el tiempo y son dos años en que la Fiscalía violó el derecho de la familia y de la víctima a regresar con su familia, el de la familia a conocer la verdad y de la víctima a ser identificada regresando a su familia”, aseguró.

Amalia Alejandra Hernández exigió al fiscal general terminar con la simulación que –asegura– prevalece en esa institución, pues es el responsable de la Fiscalía de Desaparición Forzada, la cual debería tener todo el contexto de los casos y de verificar que se hagan de manera correcta los procedimientos.

“Aquí hay omisión por parte de la Fiscalía, pero hay un total desinterés de parte del fiscal y también de Zayra Yanet Lulo Juan, quien aceptó, desde julio del 2018, que estos dos cadáveres, el 10 y el 11, estaban identificados y dio la explicación a la familia que no habían sido entregados por culpa mía, cuando tengo oficios de que cuando nos enteramos que estaban identificados que se entregaran a su familia. Lo que quieren hacer es enfrentarnos, víctimas contra víctimas; vamos a exigir que se respeten los acuerdos que se formaron con autoridades federales”, aseveró.