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Reanudan armonización de legislaciones en materia de violencia de género.

Este jueves se reanudaron los trabajos de armonización de la legislación local con la federal en materia de violencia de género. La directora del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM) Flor Dessiré León Hernández, informó que hay tres iniciativas listas, entre ellas la que evita que se reduzcan las condenas a feminicidas.

La funcionaria explicó que la Alerta de Violencia de Género (AVG) obliga al estado a realizar dicho proceso, pero esta comisión no había sesionado desde el 2017.

Apuntó que hace dos años, con recursos federales, el IMEM contrató a una consultora legislativa pero en 2018 los trabajos quedaron paralizados. Sin embargo, se logró avanzar en la elaboración de algunas iniciativas, las cuales serán analizadas con el apoyo de organizaciones sociales y las diversas instituciones que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE).

Las propuestas responden a las recomendaciones que emitió el Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que se convocó a las y los legisladores para conformar una agenda de género.

Como resultado, se concretaron iniciativas relacionadas con modificaciones a los códigos Penal y Familiar, que están por ser presentadas al pleno del Congreso del Estado.

León Hernández informó que las reformas tienen que ver con el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y con el feminicidio.

Detalló que se busca eliminar elementos como el adulterio, que actualmente es una condición o atenuante, que permite reducir la condena a feminicidas.

En el sistema de justicia adversarial, es factible que quienes han cometido un feminicidio recurran al juicio abreviado y se reduzcan los años de prisión. Por lo tanto, se busca “cerrar la pinza”, eliminar recovecos legales y que el sentenciado cumpla la condena completa. El Código Penal de Morelos establece como pena máxima para dicho ilícito, 70 años de cárcel.

La directora del IMEM planteó que hay varios aspectos que todavía deben ser analizados en esta mesa de trabajo, como el erradicar la aplicación de condenas mínimas a feminicidas que son menores de edad pero ya son adolescentes o jóvenes. Otro tema, es el aplicar mayores sanciones por violencia intrafamiliar cuando la víctima está en etapa de senectud.

Además, consideró urgente estudiar la viabilidad de elevar las penas en torno a la violencia sexual, a la cual corresponden el mayor número de casos que son atendidos por el instituto.

Rechaza que la entidad figure en el tercer lugar nacional en ese rubro.

La fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, informó que Morelos ocupa el lugar 13 en el ranking nacional de feminicidios y no en el tercero, como lo ubicó el Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Precisó que originalmente se abrieron carpetas de investigación por 17 feminicidios (ya que el protocolo exige que todos los asesinatos de mujeres así sean clasificados hasta que el avance de las investigaciones lo confirmen o reclasifiquen como homicidio), pero sólo 14 de ellos fueron corroborados como tales y tres casos fueron reclasificados.

“En este último año llevamos 17 feminicidios, ya se mandó una aclaración al Secretariado sobre la reclasificación de tres casos que ellos están reportando y que, sin embargo, ya con la investigación que hemos realizado, pues ya se ha hecho esta reclasificación, va (a) aparecer yo creo el próximo mes la aclaración con la reclasificación”, dijo.

Afirmó que, con la corrección de la cifra, Morelos tiene una disminución en la incidencia de este delito pero recalcó que no sólo se trata de reclasificar el ilícito de acuerdo con el avance de las investigaciones, sino también de homologar la clasificación con el resto de las entidades.

“Al hacer la revisión de la estadística nacional pues estamos en el lugar número 13, a mayo estamos en el número 13 junto con otras entidades federativas con las que compartimos la misma situación.

“Pero también es importante decir que el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y que cada uno tendrá sus propias hipótesis (en los códigos penales estatales), y lo que para nosotros es feminicidio, tal vez para otros no lo sea”, explicó

Aseguró que la eficiencia en la investigación de este tipo de delitos es alta, lo que ha permitido alcanzar un 80 por ciento de resultados con detenido y con procesos abiertos ante un juez.

Cabe destacar que en los ámbitos nacional y local, existe un debate sobre la certeza de las estadísticas sobre feminicidio, ya que las fiscalías reportan un número inferior a los registrados por organizaciones civiles, que demandan homologar y establecer criterios claros, amplios y transparentes para la tipificación y clasificación de los asesinatos de mujeres, ya que la opacidad y la disparidad en las cifras no sólo ha obstaculizado la valoración de la dimensión del violencia contra la mujeres, sino generar políticas públicas adecuadas, oportunas y certeras.

Actualmente se ejecutan 53 acciones para visibilizar, prevenir, atender y reparar actos que vulneran a mujeres y niñas: IMM.

Integrantes de las diferentes secretarías que conforman el Poder Ejecutivo de Morelos acordaron fortalecer el trabajo establecido, a fin de atender la Alerta de Violencia de Género (AVG), la cual fue decretada en agosto del 2015 en ocho municipios del estado, para garantizar una vida libre de violencia para la población femenina de todas las edades.
Al encabezar la reunión de gabinete, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, exhortó a las y los titulares de las dependencias estatales a sumar esfuerzos institucionales que permitan reducir los actos violentos hacia las mujeres, el número de feminicidios, así como mantener la estrategia de prevención y de atención a las víctimas.
Sanz Rivera mencionó que, si bien en los últimos meses ha reducido el número de feminicidios en la entidad, es necesario continuar con la ejecución de acciones coordinadas, con el único objetivo de erradicar definitivamente los casos que lastimen y violenten a las mujeres.
A este encuentro también acudió la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), Flor Dessiré León Hernández, quien explicó que la AVG es una herramienta de protección de los derechos humanos de la población femenil para garantizar su seguridad, el cese a la violencia y eliminar desigualdades.
Recordó que los municipios con la declaratoria son Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Jiutepec y Temixco, sin embargo, no sólo en estos se centran las acciones, ya que es una política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia para todo el estado.
León Hernández detalló que, a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE), actualmente se ejecutan 53 acciones de prevención, seguridad, justicia y reparación, así como para visibilizar la violencia de género.
Sin embargo, apuntó, se necesita trabajar de forma conjunta, con un sistema de normas y procedimientos interdependientes, que permitan generar las condiciones para el pleno desarrollo de las mujeres y niñas morelenses.
La titular del IMM expresó que la AVG ha sido reconocida por la administración actual, lo que ha permitido incluirla en la agenda de Gobierno, articular acciones aisladas y fortalecer las existentes para encaminar las estrategias públicas.
Algunos de los resultados alcanzados en los últimos meses con dicha herramienta han sido la capacitación personal de entidades estatales, federales y municipales; publicación y divulgación entre varios sectores de la población del alcance de la AVG; atención integral a víctimas; además del registro y alimentación al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en donde Morelos se encuentra en primer lugar de cumplimiento.
Los titulares de las secretarias asumieron el compromiso de trabajar de manera vinculada para garantizar a las mujeres de Morelos una vida libre de violencia, así como para la construcción de políticas públicas de igualdad.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco entregó nombramiento como fiscal especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio a Fabiola Jazmín García Betanzos.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció ayer jueves que el primero de agosto serán entregadas las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE); lo anterior, durante la presentación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

En el mismo acto oficial, el titular del Ejecutivo como testigo de honor entregó el nombramiento como fiscal a Fabiola Jazmín García Betanzos.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó que la seguridad y la atención a feminicidios es una prioridad en su gobierno, pues este delito lacera a la sociedad y convocó –en pleno respeto a la autonomía de esa institución- a redoblar esfuerzos: “a trabajar de manera responsable y comprometida… para hacer frente a dicho flagelo social que ofende y lastima a todo el país”.
En entrevista, el fiscal Uriel Carmona Gándara dijo que la nueva fiscalía de feminicidios tendrá un presupuesto de ocho millones de pesos semestrales, contará con su propia policía y en la medida de las posibilidades se asignará una unidad de servicios periciales. Además, tendrá una unidad de contexto, que es un equipo de personas, peritos de diferentes disciplinas, que se dedicarán a la investigación sobre dicho delito.

La fiscal apuntó que en este año suman 14 feminicidios, de los cuales ocho se han resuelto y ya hay personas procesadas en algunos de esos asuntos; apuntó que hay 37 carpetas en las que hay mujeres víctimas de homicidios.

Respecto al anuncio hecho por el gobernador, respecto a la entrega en agosto próximo de las nuevas instalaciones, Carmona Gándara celebró el anuncio.

Mencionó que con la entrega de la referida obra ubicada en el municipio de Temixco, se solucionarán problemas como la falta de espacio en el Servicio Médico Forense (Semefo) y atender el rezago en carpetas de investigación, además de que se dará mejor atención a la población.

El fiscal también anotó que una vez recibido el inmueble, el equipamiento estará a cargo de la FGE y para ello se invertirán 100 millones de pesos que ya se tienen reservados.

Apuntó que las instalaciones actuales serán destinadas a la capacitación, "como una universidad", y se crearán pistas de tiro, alberca y otras instalaciones que permitan apoyar la formación de los policías de investigación criminal y personal en general.

Datos serán integrados al Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe estadístico sobre el número de feminicidios perpetrados en los últimos años, con la finalidad  de que haya certeza en las cifras que alimentarán el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

Luego de que representantes de la organización independiente -promotora de la Alerta de Violencia de Género (AVG)- se reunieran con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y representantes de seis municipios incluidos en la alerta, la ONG pidió a la fiscalía un informe de los casos de feminicidio que son investigados, los que han sido judicializados y los que aún están en proceso de integración y determinación ministerial.

Y es que, informó la organización, si bien existen acuerdos para actualizar el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal, no se cuenta con toda la información detallada sobre los casos tipificados como feminicidios y homicidios de mujeres

“Ante ello se solicitó formalmente que dicho informe sea presentado en su totalidad en un plazo breve, de tal manera que se pueda hacer una confrontación con los datos con que cuenta la organización peticionaria y se hagan las observaciones pertinentes, de acuerdo al tipo penal establecido en el artículo 213 quintus del Código Penal y valorar el tipo de sanciones que aplican en los juicios orales”, expresó la CIDHMorelos.

Otro de los temas abordados en esta tercera mesa de trabajo fue en torno a la Unidad de Contexto. La FGE informó a la Comisión Independiente de Derechos Humanos que únicamente existe el proyecto elaborado por una consultoría privada que contrató el gobierno del estado durante el sexenio anterior, que tuvo un costo de cinco millones de pesos, sin que exista un presupuesto etiquetado para contratar al equipo multidisciplinario que se requiere para su funcionamiento, por lo cual se acordó que se entregaría un informe desglosado para evaluar el rubro presupuestal destinado a las labores determinadas por la Alerta de Violencia de Género.

Sobre los Centros de Justicia para Mujeres que funcionan en Cuernavaca y Yautepec, se informó que hasta el momento no se ha podido brindar la atención integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, debido a la falta de recursos presupuestales y a que las diferentes dependencias que deben aportar personal no lo han hecho, ya que además de la Fiscalía, deben participar el DIF, la Secretaría del Trabajo y el Sector Salud.

En torno a la capacitación del personal de los Ministerios Públicos para que tengan la sensibilización y brinden el trato adecuado a las víctimas de violencia de género, se informó que se están llevando a cabos cursos para que se apliquen adecuadamente los protocolos de feminicidio con personal especializado, de acuerdo a los parámetros internacionales, como es el caso de la sentencia de Mariana Lima, para investigar con perspectiva de género.

Al concluir la mesa de trabajo, la FGE se comprometió con la organización independiente a entregar a la brevedad todos los informes, incluyendo los casos expuestos en las instancias de la mujer de los municipios de Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Cuernavaca y Jiutepec.