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El secretario de Gobierno señala que tras la captura de El Carrete se reforzarán operativos, sobre todo en las regiones sur y oriente de la entidad.

Como medida de prevención ante posibles reacciones por la detención de Santiago “N”, alias "El Carrete", el gobierno del estado desplegará operativos de vigilancia, especialmente en las zonas sur y oriente de Morelos.

Así lo informó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien destacó que dicha captura se logró después de varios días de trabajo conjunto de autoridades federales y estatales.

Apuntó que se reforzarán también las acciones, sobre todo en labores de inteligencia, pues habrá que analizar cómo se van a reconfigurar estos grupos delictivos, ya que cayeron este jueves al menos tres miembros importantes de esa banda. El objetivo es evitar que la delincuencia  se desplace a la zona oriente del territorio morelense.

El funcionario dijo que harán despliegues operativos específicos en la zona sur del estado para evitar los efectos de esta detención: “tendremos mucho cuidado de que esto no genere más violencia”.

El funcionario estatal comentó que junto con "El Carrete" fue detenido otro de los integrantes y de "Los Rojos" y uno más fue abatido.

Esta detención se suma a la de "El Ray" y con ello se logra la detención de los dirigentes de dos de los grupos más violentos y los más buscados en la zona.

Ojeda Cárdenas consideró que en el mes de julio no hubo incremento en la violencia, de acuerdo con las cifras de seguridad del estado.

Recordó que en la mesa de coordinación para la seguridad y la paz hay integrantes de las fuerzas federales, por lo que la comunicación es permanente.

A decir del secretario, la detención de líderes de diferentes grupos delictivos prueba que no hay negociación del gobierno estatal con criminales y el hecho de que fueran detenidos en otros estados probaría que en Morelos se sentían perseguidos.

Por la captura de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, en el municipio de Leonardo Bravo, de Guerrero, el secretario de Gobierno,Pablo Ojeda expresó que se ha reforzado la seguridad, principalmente en la zona sur del estado.
Lo anterior, a través de un trabajo de comunicación con el gobierno federal y los miembros de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, quienes se reunieron la mañana de este viernes, en la residencia oficial.
“El área de inteligencia del estado tiene mucho trabajo, estará muy atenta trabajando con las áreas de inteligencia del gobierno federal, y también, para hacer despliegues y operativos específicos en la zona sur del estado”, indicó el encargado de la política interna al salir de la reunión.
Apuntó que la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco es no negociar con el crimen organizado, sino implementar acciones que permitan brindar seguridad a los morelenses.
Pablo Ojeda puntualizó que julio fue el mes menos violento del año, sin embargo, la instrucción del gobernador es no bajar la guardia y llevar a cabo las estrategias necesarias para que la ciudadanía cuente con un Morelos seguro.

El delincuente más buscado en Morelos fue detenido en Guerrero, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, y uno de sus principales operadores, fueron detenidos en el estado de Guerrero durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina  (Semar) y la División de Inteligencia de la Policía Federal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el líder criminal de cártel de “Los Rojos”, fue detenido junto con Marco “N”, en el municipio guerrerense de Leonardo de Bravo, donde en los últimos días grupos delictivos antagónicos protagonizaron enfrentamientos -que mantuvieron en vilo a la población de la zona- por el control del corredor Cuernavaca-Chilpancingo para el trasiego de droga.

(1/3) En acción conjunta realizada con el apoyo de elementos @SEDENA_mx, @SEMAR_mx, el Centro Nacional de Inteligencia, @PoliciaFedMx y todas las dependencias del gobierno involucradas en #Guerrero se cumplimentó orden de aprehensión contra Santiago “N” apodado el “Carrete”...

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 2, 2019

(3/3) ...fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo junto a otro sujeto identificado como Marco “N” quien se presume podría ser su principal operador.

— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 2, 2019

Tras su detención, fueron ejecutadas sendas órdenes de aprehensión en contra del capo y su principal operador por los presuntos delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, perpetrados en los estados de Morelos y Guerrero.

Serio, con la cabeza en alto y las manos cruzadas, vestido con pantalón verde militar, una gorra y una playera con estampado tipo camuflaje, y escoltado por policías de élite, fue fotografiado Mazari Hernández tras su detención.

“El Carrete” durante casi seis años fue considerado como el criminal más buscado de Morelos y también el más escurridizo, ya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de la administración del otrora gobernador perredista, Graco Ramírez, logró burlar por lo menos siete operativos.

Su base de operación fue la zona sur de Morelos, especialmente el municipio de Amacuzac, que fue gobernado por su tío, Alfonso Miranda Gallegos, quien siendo nuevamente candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, fue  detenido el 7 de mayo de 2018, acusado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Actualmente el tío del “El Carrete” se encuentra bajo proceso penal y recluido en el penal federal de Durango, desde donde realiza llamadas telefónicas para participar en la inauguración de obras en el municipio.

El capo era considerado uno de los principales generadores de violencia tanto en Morelos como en Guerrero, al mantener una sangrienta rivalidad con otras agrupaciones criminales por el control de zona.  

Al confirmarse la aprehensión, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció en su cuenta de tuiter el trabajo coordinado de las fuerzas federales para lograr el aseguramiento del líder criminal.

Hasta el ex comisionado Estatal de Seguridad y actual secretario de Seguridad del estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, lanzó un tuit de reconocimiento “a las autoridades federales por esta detención de enorme trascendencia. Lo dicho, tarde o temprano la Justicia llega a estos sujetos de gran perversidad”.

Consejo Ciudadano de Seguridad pide que se regule el uso de escoltas.

El Consejo Ciudadano de Seguridad consideró necesario regular a los escoltas y establecer criterios que permitan a las autoridades determinar qué personas son susceptibles de tener seguridad, para evitar distraer personal policíaco y atropellos en contra de la ciudadanía.

El presidente del consejo, Rafael Rueda Moncalian, dijo que actualmente elementos de la policía estatal y de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado son asignados a labores de protección y custodia de funcionarios o personajes públicos, en detrimento de las corporaciones de por sí mermadas en número.

“Es un tema que nosotros también queremos llevar a las mesas (sobre) los escoltas, debería haber un cuerpo especial de escoltas para funcionarios y lamentablemente lo que se ha hecho desde hace muchos años, se toman los policías preventivos, se toman los ministeriales (hoy agentes de investigación criminal), y entonces esos son los que están de escoltas de funcionarios”, explicó.

Consideró que uno de los graves yerros de los ayuntamientos en el manejo de las policías municipales fue utilizar discrecionalmente a los policías preventivos como guaruras de ediles, regidores y hasta de familiares de los servidores públicos, además de asignarles labores ajenas a su labor policial.

En su opinión, debería generarse un marco normativo que regule a los escoltas, desde qué dependencia sería la encargada tener un cuerpo especializado de protección y custodia, hasta el tipo de capacitación y las reglas de conducta que deben seguir para evitar prepotencia y abusos con la ciudadanía sólo por portar una placa, un arma y tener la comisión de escolta.

Recordó los problemas que se suscitaron en la pasada legislatura, cuando algunos diputados tenían asignados escoltas que cometieron abusos, incluso, contra miembros de la prensa.

Ante la inseguridad que priva en todo el país, reconoció que es frecuente encontrar personajes o funcionarios públicos con escoltas, pero es necesario regular a estos elementos como se hizo en el Estado de México, donde hasta los vehículos son rotulados para cuestiones de identificación y para que ser escolta no sea sinónimos de abuso e impunidad.

Agregó que en el caso de la CES y la FGE, un marco regulatorio en este tema les sería de mucha ayuda, pues no sólo se evitaría distraer sus recursos humanos para cumplir con sus funciones y objetivos, sino para tener mayor control sobre el personal de protección y custodia y disponer de criterios de riesgo para evaluar en qué casos efectivamente es necesario asignar escoltas a una persona.

Participaron en el tercer cabildo abierto de Tlaquiltenango; también solicitaron que atiendan el socavón que se formó en un tramo carretero, hace cinco años.

Tlaquiltenango.- Seguridad y actividades y espacios para los jóvenes fueron las principales demandas de vecinos de la colonia Alfredo V. Bonfil durante el tercer cabildo abierto, que tuvo lugar en esa localidad.

En la intervención de los ciudadanos, se señaló la poca o nula presencia de elementos policiacos en la colonia antes citada, también conocida como Chacampalco, donde la incidencia de delitos ha aumentado este año, desde los robos, homicidios, extorsión, entre otros.

“Necesitamos más presencia de los policías, que se atiendan en tiempo los auxilios que se solicitan; que den rondines en la colonia”, dijo uno de los ciudadanos.

Además, se señaló la falta de apoyo a los jóvenes: “Vemos mucho descuido en la juventud, nos interesa que se dé apoyo a los jóvenes; por ejemplo, con el deporte; que se generen acciones para motivarlos y mantenerlos ocupados, ya que desde nuestra perspectiva, se está descuidado bastante a la juventud. Es necesario mantenerlos ocupados con el deporte para alejarlos de las tentaciones, que se les brinde apoyo para aprovechar su energía”, señaló otra de las vecinas.

También se solicitó apoyo con la pavimentación de calles, rehabilitación de caminos y sustitución y reparación de red hidráulica, con la finalidad de que se atienda a la colonia.

Piden que reparen socavón

En el marco del cabildo abierto, vecinos de Alfredo V. Bonfil denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades de un socavón que se formó sobre el tramo carretero que conduce al municipio de Tlaltizapán.

Tomás Martínez, vecino del lugar, señaló que este socavón se detectó desde hace ya casi cinco años, sin que ninguna autoridad lo atienda.

El punto considerado como de riesgo se ubica en la carretera local Tlaquiltenango-Tlaltizapán, a la altura de la primera curva.

“Ya lleva mucho tiempo, nos interesa que le den prioridad y no se atienda hasta que suceda alguna desgracia, como sucedió en Cuernavaca; es necesario que las autoridades escuchen y revisen y no se esperen hasta que sucede alguna tragedia”, indicó. 

Agregó que este punto debió de haber sido reforzado cuando se construyó la nueva carretera, ya que es un espacio que por su naturaleza baja el agua de las lluvias; por ende, se reblandece de la tierra, se la lleva la corriente y ha formado un hueco en este punto, dijo.

Tomás Martínez comentó que las autoridades municipales se han deslindado el tema, al señalar que es competencia estatal; sin embargo, se han comprometido a fungir como gestores con el Ejecutivo estatal para que se atienda a la brevedad.

“El presidente Jorge Maldonado dice que le compete al gobierno del estado; nosotros queremos que quien sea el responsable, que lo atienda a la brevedad para evitar algún accidente”, añadió.

Comentó que los mismos vecinos han tratado de reforzar el punto de riesgo, pero definitivamente se tiene que realizar un trabajo profesional.

En la asignación de recursos adicionales se dará prioridad al rubro de seguridad: Villarreal Gasca.

El gobierno del estado no cuenta con recursos para otorgar una ampliación presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), ni para otras dependencias; en la asignación de recursos adicionales se dará prioridad al rubro de seguridad.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, expuso que al igual que el Impepac, hay otras dependencias que han presentado peticiones de ampliaciones presupuestales.

En días recientes, la presidenta del Impepac, María Isabel León Trueba, informó que analizan solicitar dicha ampliación por alrededor de 95 millones de pesos, porque los 50 millones asignados en el presupuesto 2019 por el Congreso del estado podrían ser insuficientes para operar, puesto que este año se deben realizar elecciones de autoridades municipales y auxiliares, además del proceso de validación de solicitudes de registro de partidos políticos locales.

Al respecto, el secretario de Hacienda manifestó que por ahora no hay recursos disponibles. Subrayó que todavía existen diversos adeudos que se heredaron de la administración pasada en diferentes secretarías.

Insistió en que la actual administración –además- se encontró con un subejercicio de alrededor de 720 millones de pesos, es decir, recursos no entregados a los organismos auxiliares, por lo que se ha estado trabajando en algunos movimientos, pero la disponibilidad de fondos no les permite terminar con esos pasivos; a la fecha restan alrededor de 120 millones de pesos.

El secretario informó que la Comisión Estatal de Seguridad presentó varias solicitudes de ampliaciones, por un monto de alrededor de mil 200 millones de pesos, fundamentalmente para la homologación de salarios a elementos policíacos. Explicó que se están haciendo las valoraciones correspondientes y en el próximo mes se determinará la capacidad del gobierno del estado para hacer la redistribución de los recursos y decidir si es factible o no disponer de esa cantidad.

Contempla Congreso período extraordinario para aprobar reformas.

Autoridades estatales y de cuatro municipios acuerdan exigir a esos negocios total acatamiento a la ley; revisarán desde el origen del alcohol que venden hasta la legalidad de su suministro eléctrico y de agua potable.

Este jueves, la Mesa para la Seguridad y la Paz acordó diseñar estrategias para atender la problemática causada por los negocios de “giro negro” (bares y centros nocturnos) en municipios conurbados a la zona metropolitana de Cuernavaca, al considerar que son sitios donde se generan situaciones de inseguridad, especialmente para los jóvenes.

La reunión de trabajo se realizó a puerta cerrada en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Morelos. En esta ocasión acudió el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, así como representantes de los municipios de Tepoztlán, Huitzilac y Emiliano Zapata.

Al término, el alcalde capitalino informó que se acordó entre otros puntos el convocar a los trabajos de prevención del delito a algunas otras instituciones.

Refirió que se abordaron entre otros temas, el de los negocios con venta de bebidas alcohólicas. Por ello se propuso convocar a la Procuraduría Federal del Consumidor para que ésta cumpla con la función de verificar si los productos que se venden en algunos negocios cumplen con la norma o son adulterados. Y es que refirió que se tiene que identificar el por qué el costo tan barato de las bebidas que los jóvenes consumen en grandes cantidades.

 Además se sugirió que como parte de la estrategia para acotar a esos establecimientos – que muchas veces operan de manera irregular, sin licencia de funcionamiento- se convoque a la Comisión Federal de Electricidad para identificar si se les cobran tarifas comerciales, o si cuentan con conexiones regulares del servicio de energía en tomas domiciliarias, y de igual manera aplicar la tarifa correspondiente en el servicio de agua potable.

El presidente municipal dijo que en dicha reunión no se abordó tema de la firma del convenio de operación del Mando Coordinado en la capital morelense, pero reiteró que al final la ciudadanía está resguardada por un decreto que posibilita que la policía vigile la ciudad.

Villalobos Adán comentó que se le sugirió instruir al área de tránsito para que se revisen todos los vehículos que portan permisos en lugar de placas.

El delegado de programas sociales del gobierno de la república, Hugo Eric Flores Cervantes, dijo que como se ha hecho en otras reuniones, este jueves se llevó a cabo la mesa de coordinación interinstitucional en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Refirió que en total habrá cuatro regiones para identificar la problemática de seguridad de manera específica.

Se acordó que el próximo jueves autoridades federales, estatales y municipales se reunirán para detallar un plan de acción en torno a los negocios de giro negro. El funcionario federal recordó que hace algunos meses se registró un ataque al bar Sofía en Cuernavaca, por lo que debe ser atendido este rubro.

El Congreso manifiesta disposición con el gobierno del estado para atender problema de seguridad en el estado, expresan.

Tras el atentado en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza, ayer martes en Tetelcingo, las legisladoras locales admitieron que no se sienten seguras en el estado. Sin embargo, descartaron el reforzamiento de su seguridad personal. 
En rueda de prensa, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias condenaron el ataque armado en contra de su homóloga e hicieron un llamado al gobernador del estado para que aplique con urgencia "las estrategias de seguridad eficaces que garanticen la seguridad de los gobernados que depositaron su confianza en este gobierno".
La coordinadora del grupo parlamentario del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz,
dijo desconocer sobre amenazas en contra de Érika García previo al ataque, y tampoco hacia otro legislador, por lo que reiteró que no hay necesidad de reforzar la seguridad personal de alguno o al interior del Congreso. 
Las legisladoras manifestaron su disposición al Poder Ejecutivo para trabajar en conjunto y atender la problemática de seguridad que se vive en Morelos.
Mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, también condenó el ataque en contra de García Zaragoza, y reiteró el llamado a las autoridades encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia a dar resultados inmediatos en las investigaciones para esclarecer el hecho. 

Cuernavaca ejercerá por su cuenta el dinero, y el resto lo hará a través del Mando Coordinado.

El Fondo de Fortalecimiento en Seguridad (Fortaseg) sólo destinará este año recursos para seis municipios, pero únicamente Cuernavaca ejercerá por su cuenta el recurso, y el resto lo hará a través del Mando Coordinado, refirió el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), José Manuel Rodríguez Morales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ya se firmaron los convenios respectivos y, por lo tanto, se destinarán a Cuernavaca 18 millones 893 mil 828 pesos en total durante el año; el municipio deberá aportar el 20 por ciento.

Al resto fueron asignaron las siguientes cantidades: Ayala, 9 millones 92 mil 795 pesos; Cuautla, 13 millones 16 mil 988 pesos; Jiutepec, 9 millones 783 mil 940 pesos; Temixco, 11 millones 735 mil 90 pesos; y Yautepec, 11 millones 520 mil 443 pesos.

Rodríguez Morales apuntó que en este momento ya se tienen los recursos concentrados, los fondos, y se preparan procesos para su ejecución, como licitaciones o adquisiciones. Explicó que con base a los convenios para la operación del Mando Coordinado, el gobierno estatal ejercerá dicho dinero, con excepción de Cuernavaca.

Comentó que se definieron desde el inicio del año los rubros en los cuales se habrá de utilizar, como por ejemplo, la construcción de un dormitorio para elementos policíacos, entre otros. En este año se van a adquirir sólo seis patrullas. 

Como se informó oportunamente, el año pasado fueron beneficiados 11 municipios de Morelos, y en este 2019 sólo serán seis los incluidos en este ejercicio fiscal.

“Cuernavaca ejerce su propio recurso”, afirmó el funcionario, y dejó en claro que el uso de los recursos para los demás municipios se definió de manera conjunta con el secretariado ejecutivo nacional de seguridad, desde la Ciudad de México. Los aplica el gobierno estatal tomando como base jurídica los convenios signados con los alcaldes para la operación del Mando Coordinado.

El combate a la inseguridad es complejo por las disputas entre cinco grupos de la delincuencia organizada en Morelos, reitera el gobernador.

Este lunes, en entrevista, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo indicó que en Morelos hay cinco cárteles disputando territorio, por lo que el combate a la inseguridad es complejo.

En cuanto a la afirmación del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, el pasado sábado sobre el cobro de “derecho de piso” (extorsión) a presidentes municipales, el gobernador dijo que -hasta ahora- los alcaldes no han presentado denuncias en este sentido. “Que denuncien. Creo que esto es parte importante que se está haciendo con el vicealmirante (titular de la Comisión Estatal de Seguridad). Si algunos presidentes municipales están amenazados o se sienten extorsionados por los cárteles, que denuncien”.

Sobre la marcha por la paz, Blanco Bravo anotó en entrevista que el gobierno estatal es respetuoso de las expresiones ciudadanas, y expresó que la población tiene razón al desear mejores condiciones de seguridad. Alertó que la lucha contra la violencia es compleja, porque hay cinco cárteles que se disputan el territorio. 

"La gente tiene razón, es la delincuencia organizada... quiero que les quede claro, son grupos que se están peleando el territorio y es entre ellos… Nosotros vamos a seguir trabajando… lo dijo el obispo, los Rojos, el Cartel Jalisco Nueva Generación, está el Carrete, están los Linos y entre ellos se están peleando, pero vamos a seguir en la lucha".

Ante los llamados de empresarios de diferentes sectores, el mandatario expresó que el gobierno del estado tiene claro que hay grupos criminales que operaban en administraciones pasadas muy fácilmente.

“Le digo a los empresarios que denuncien. Ya se los he mencionado cuando fui presidente municipal, que los traten de grabar porque no es justo, a ellos les cuesta mucho picar piedra para poner su negocio y que lleguen unos personajes y que los extorsionen, pues obvio, mejor lo cierras; si te piden de 10, de 12, 15 mil pesos, pues no es justo. Por eso estamos trabajando mucho, porque desde administraciones pasadas se les hace muy fácil a los delincuentes, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo que hay extorsiones”.

Recalcó que como producto del esfuerzo realizado en esta gestión se han logrado importantes detenciones de delincuentes, pero eso no se difunde ampliamente.

Reiteró que no acudió a la citada marcha por la paz del pasado sábado por prudencia, porque tuvo conocimiento de que grupos antagónicos pretendían agredirlo. “Amenazas no recibí, fueron huevazos que iban a aventar, que iban a mandar grupitos ahí para gritarme y ofenderme. Por eso hablé con el señor obispo…”

Insistió en que con el líder católico en la Diócesis de Cuernavaca tiene una muy buena relación y comunicación, y por ello decidió ya no acudir a la marcha para no afectar esa movilización, que tuvo como mensaje el repudiar la violencia en el estado.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera -en entrevista por separado- expresó que el gobierno del estado es respetuoso de la marcha por la paz que se realizó este fin de semana.

Insistió en que es fundamental la participación de todos a través de la denuncia, al tiempo de reiterar que en Morelos se sigue trabajando por alcanzar la seguridad deseada. En el mismo sentido dejó en claro que si algunos alcaldes no cubren dicho rubro, están incurriendo en un acto de omisión y quizá otro ilícito, “estar financiando algo que no deben estar financiando”.

De igual modo, el funcionario estatal insistió en que la entidad ha tenido mejores indicadores en cuanto al combate de los delitos.

Se reitera el llamado a denunciar cualquier amenaza de delito, ya que es la única forma de atender puntualmente este tipo de casos.

Autoridades del Gobierno de Morelos reafirmaron su compromiso de mantener la apertura del diálogo con representantes de los sectores sociales, así como con los alcaldes, a fin de coordinar esfuerzos que garanticen la seguridad y la paz social en todos los municipios del estado.

En este sentido, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, exhortó a los empresarios a fortalecer la cultura de la denuncia ante cualquier amenaza de extorsión, ya que es la única forma de atender puntualmente este tipo de casos.

Además, invitó a reforzar las medidas de videovigilancia de sus establecimientos, por medio de la conexión al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), lo que permitirá contar con elementos que ayuden a detener a los posibles responsables, ante cualquier indicio de delito.

Refirió que su gobierno, a través de la coordinación con la Federación, mantiene un compromiso permanente para disminuir los casos de extorsión por parte de grupos delictivos, los cuales se presentan desde administraciones anteriores. “Estamos trabajando duro porque no lo vamos a permitir”, afirmó el mandatario estatal.

Por su parte, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, reiteró el llamado a los alcaldes a coadyuvar en las estrategias de seguridad implementadas desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, desde la que se ha mantenido una comunicación abierta y permanente con los municipios.

Cabe señalar que estas reuniones en las últimas semanas también se han realizado en los municipios de Jojutla, Cuautla, y Yautepec.

Precisó que -hasta el momento- el Poder Ejecutivo no cuenta de manera oficial con información que testifique que algunos presidentes municipales hayan recibido amenazas de extorsión, sin embargo -de igual manera- los invitó a denunciar, ya que de no hacerlo, se pudiese tomar como omisión.

Sanz Rivera aseveró que en la entidad, gracias a la denuncia anónima por parte de la ciudadanía, en los últimos meses se ha logrado aumentar el número de detenciones de personas relacionadas con hechos delictivos.

De tal manera, el Gobierno de Morelos hace el llamado a la población en general para seguir fortaleciendo la cultura de la denuncia, a través de los números 089 y 9-1-1, así como los Segurichats, herramientas que han contribuido a mejorar los resultados operativos del Mando Coordinado, Policía Morelos y los cuerpos de emergencia.

Diputados locales admitieron que no se sienten seguros en el estado y se pronunciaron porque, de manera urgente, se puedan reforzar las medidas de seguridad al interior del Congreso del Estado.
Tras el ataque a la senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, con un artefacto explosivo en su oficina, los legisladores de Morelos reprobaron el hecho y señalaron que es a consecuencia de la violencia que se vive en el país.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Galindo Cortez reconoció que no se siente seguro en el estado y el país, por lo que coincidió en que se tienen que reforzar las medidas de seguridad en el recinto legislativo. 
De la misma forma, la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Elsa Delia González Solórzano dijo que propondrán se apliquen mayores medidas de seguridad en los accesos al Congreso del estado. 
"No, nadie se siente seguro. Nos sentimos seguros porque somos gente de bien, que estamos trabajando junto con la transformación del presidente López Obrador, sabemos que las cosas van bien, pero en cuanto a la inseguridad sabemos que hay muchos jóvenes que son partícipes de actos delincuenciales", refirió la diputada. 
Al respecto el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que se han reforzado las medidas de seguridad, al colocarse una valla detectora de metales, además de personal de seguridad. 

El representante de los sindicatos de Tepalcingo y Temixco afirma que en esos municipios se emplazará a huelga a los municipios.

Morelos y sus municipios están en riesgo de una crisis laboral, a causa de que los alcaldes se niegan a cumplir con el pago de la seguridad social a sus trabajadores, advirtió el abogado José de Jesús Pérez Moreno. 
En entrevista, el representante legal de los trabajadores de Temixco y Tepalcingo dijo que estos ayuntamientos podrían enfrentar paro de labores, la próxima semana, ya que sus empleados emplazaron a huelga por no contar con seguro social. 
El también ex secretario del Trabajo refirió que de esta situación sólo se salvan los ayuntamientos de Cuernavaca y Cuautla, porque sólo pagan servicios médicos generales a sus trabajadores. Sin embargo, tienen otro problema que es el incumplimiento por no enterar (entregar) las aportaciones al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos (ICTSGEM). 
Ante la situación laboral que enfrentan los municipios, que podría derivar en crisis, el abogado acudió este viernes al Congreso del estado para pedir la intervención de los legisladores ante los alcaldes, para que éstos cumplan con sus obligaciones patronales. 
"Estamos reclamando y vamos a reclamar vía huelga, en Temixco ya está, en Tepalcingo ya está, por seguridad social. En Ayala ya corrieron a todos los trabajadores porque ganaron. El riesgo de una crisis está en todos los municipios y venimos a ver a los diputados para que exhorten a los alcaldes a que cumplan", declaró José de Jesús Pérez Moreno. 

Las autoridades se comprometieron a no bajar la guardia para lograr el bienestar de los morelenses.

Como parte de los trabajos para regresar la seguridad y tranquilidad a Morelos, por tercera ocasión se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz fuera de la zona metropolitana; esta vez autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al municipio de Yautepec.
Con la asistencia de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos; almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; y Uriel Carmona Gándara, fiscal estatal, se analizaron las estrategias realizadas para hacer prevalecer el orden social y se estudió la implementación de otras más para lograr dicho objetivo.
Al respecto, Ortiz Guarneros refirió que han disminuido los homicidios y resaltó que los cuerpos de seguridad están debidamente coordinados para actuar ante cualquier situación que ponga en peligro la integridad física de las personas.
Comentó que se han tenido buenos resultados en los operativos de revisión de vehículos, así como de motocicletas, por lo que continuarán y para ello se analizan puntos estratégicos en todo el territorio morelense.
También, el titular de la CES expresó que se realizan reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil, como empresarios, agrupaciones de taxistas, entre otros, para atender sus demandas y de igual manera tener estrecha comunicación en el combate a la inseguridad.
Finalmente, pidió a los ciudadanos denunciar cualquier hecho que genera inseguridad, por medio de los números de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima, así como del sistema Segurichat.

Los ciudadanos expresarán rechazo a la violencia en la marcha por la paz de mañana, sostiene el Jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que él participará junto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Marcha por la Paz -convocada para mañana por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro-, al sostener que no se trata de una protesta contra el actual gobierno del estado, sino de un pronunciamiento a favor de la pacificación.

El funcionario estatal subrayó que desde que el obispo Ramón Castro y Castro llegó a la Diócesis, ha realizado movilizaciones similares cada año. "Veo el motivo por el que ahora se dice que esa marcha es en contra del gobierno del estado, como han mencionado algunos medios”, apuntó el funcionario.

De igual modo, explicó que la decisión del gobernador de participar en la movilización está dentro de su derecho y siempre ha acudido, al anotar que "es una marcha ciudadana en la que expresamos el rechazo a la violencia y, por lo tanto, tenemos el derecho de expresarlo también aunque estemos en el Ejecutivo".

Consideró que cualquiera puede manifestarse contra los grupos criminales. “La marcha por la paz existe, y si es en contra de la violencia, en contra de lo que está sucediendo, se debería protestar en contra de los cárteles, en contra de la delincuencia organizada”.

Admitió que él acudirá y de igual manera podrán asistir integrantes del gabinete que así lo deseen.

Sanz Rivera insistió en que la estrategia va en sentido correcto, porque los índices delictivos en Morelos no se han incrementado de forma tan significativa como en otras entidades.

En cuanto a las declaraciones del fiscal general del estado, Uriel Carmona, respecto a la limitación presupuestal, sostuvo que el trabajo en materia de seguridad y justicia no es una cuestión de dinero, sino de profesionalismo, de cumplir con el deber. "Cada quien tiene que darle la cara a su responsabilidad", aseveró.

Aseguró que el Ejecutivo estatal ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de recursos que corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta administración, y lo que se quedó a deber en la pasada gestión se tiene que gestionar.

En relación a la homologación de salarios a elementos policiacos en el Mando Coordinado, dijo que están trabajando en la cuantificación del monto total para cubrir este aspecto, contenido en los convenios de colaboración firmados con los municipios.

Atiende Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz a alcaldes de la zona sur.

El tema de seguridad no tiene colores; debe existir una sinergia con los municipios y autoridades federales: Pablo Ojeda.

Con el propósito de coordinar esfuerzos y atender las preocupaciones de los presidentes municipales de forma inmediata en materia de seguridad, se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo entre los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el municipio de Jojutla, con la asistencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, destacó que el tema de seguridad no tiene colores; por el contrario, debe existir una sinergia con los municipios y autoridades federales para que prevalezca la seguridad y la paz que anhelan todos los ciudadanos.
En compañía de Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos; Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24/a zona militar; y los alcaldes de Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Amacuzac, Tlaquiltenango y Xoxocotla, Pablo Ojeda refirió que acudirán a las regiones una vez por semana, para evaluar los avances que se tienen en la materia.
Señaló que para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo la seguridad es tema prioritario; por ende, todos los días -a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz- se definen acciones para hacer frente a la delincuencia y hacer de Morelos un estado en tranquilidad.
El funcionario recordó que la entidad estratégicamente fue dividida en cuatro regiones, las cuales fueron homologadas en coordinación con el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mismas que se ajustarán a las zonas que tiene la Comisión Estatal de Seguridad Pública y las que están en proceso por la Fiscalía General del Estado.

Detectan la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro; ampliarán programa de Vecino Vigilante.

Tras implementar la primera etapa del programa Vecino Vigilante en el Centro Comercial Adolfo López Mateos de Cuernavaca, Adrián Inda Valencia, presidente del Comité de Paz y Seguridad del Fondo Rotario de México, reveló que han detectado la necesidad de atender a los comerciantes porque se han visto afectados por delitos relacionados principalmente con la extorsión y el secuestro.

Fue hace aproximadamente un mes cuando comenzaron la implementación del programa en todas las áreas del mercado, comenzando con la colocación de una placa alusiva a Vecino Vigilante, a través de la cual se da a conocer que en ese espacio hay un trabajo coordinado entre autoridades de los diversos niveles de gobierno, vinculado a la seguridad y la sociedad, además de que también se promocionan los números de emergencia.

Ahora buscarán dar continuidad a una segunda etapa, en donde atenderán temas que preocupan a los comerciantes y a las personas que acuden a esos espacios a realizar sus compras. “Hablaremos de temas como la extorsión, el secuestro y otros delitos que se presentan en el mismo mercado, buscando regresar la seguridad al entorno del mercado Adolfo López Mateos”.

Advirtió que lo que se pretende es demostrar a las personas que quieran delinquir en el ALM, que los comerciantes se encuentran ya organizados y listos para emitir cualquier alerta en caso de que se registre algún incidente o amenaza.

Cabe señalar que Vecino Vigilante se implementó luego de que el pasado 15 de abril un hombre fuera baleado en el interior del mercado.

En la entidad, los tres órdenes de gobierno y Poderes del Estado coordinan acciones a favor del bienestar social.

Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz presentaron al Poder Legislativo del Estado de Morelos tres proyectos de iniciativa de ley, que tienen el objetivo de mejorar la seguridad pública y recuperar la paz social en la entidad.
La exposición se realizó en el Salón de Comisiones del Congreso local; participaron José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la Gubernatura; Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, y Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado.
Así como Adonaí Carreón Estrada, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos; Javier Martín Ortega Maya, coordinador de la Policía Federal en Morelos, y el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24/a Zona Militar.
Los proyectos de iniciativa presentados son para crear la Ley de Videovigilancia, Ley de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública y una ley que regule a las empresas privadas de seguridad.
Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, explicó que el objetivo de presentar dichas propuestas a los legisladores “es trabajar las iniciativas de manera conjunta, para que al momento de presentarlas al pleno del Congreso lleven el consenso de todos y se logre la aprobación”.
Con respecto a la Ley de Videovigilancia, el funcionario indicó que es fundamental para incrementar las capacidades del Estado, debido a que pretende que las videocámaras de establecimientos comerciales se sumen al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).
“Contar con más cámaras de video permitirá distribuirlas de manera más eficiente”, aseguró Pablo Ojeda.
En relación al proyecto de las leyes de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública, y la que regulará a las empresas privadas de seguridad, el encargado de la política interna del Ejecutivo local expresó que van a contribuir de manera eficiente para prevenir e inhibir el delito.
El secretario de Gobierno relató que dichos proyectos responden a la necesidad de ir acorde a las políticas públicas que en materia de seguridad pública se dan a nivel nacional, con el recién aprobado Programa Nacional de Seguridad y la Ley de la Guardia Nacional.
Durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz con los diputados de la LIV Legislatura local, que se prologó por tres horas, el comisionado estatal de Seguridad Pública informó sobre los avances en el combate a la delincuencia.
En tal sentido, el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros mencionó que de octubre de 2018 al 15 de mayo de 2019, un total de 19 mil 958 personas fueron puestas a disposición de los ministerios públicos del fuero federal y estatal, así como al juez calificador y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Así mismo, dio a conocer que fueron asegurados 726 vehículos con reporte de robo, 252 armas y tres mil 691 cartuchos útiles, además del aseguramiento de diversas sustancias de estupefacientes.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que participan los gobiernos estatal, federal y Poderes del Estado, ratifica su compromiso con los ciudadanos de lograr que a Morelos regrese la paz social y sea un territorio seguro.

El gobierno del estado plantea también crear leyes sobre uso de tecnologías para la seguridad pública, y sobre regulación a empresas de seguridad privada.

Piden para el próximo año mayor presupuesto para seguridad.

El Ejecutivo estatal entregó este miércoles a diputados locales anteproyectos de tres iniciativas de ley y dos reformas a normas reglamentarias, orientadas a fortalecer la seguridad, entre ellas la Ley de Videovigilancia, que contempla la participación de la iniciativa privada.

Integrantes de la Mesa para la Seguridad y la Paz, entre ellos, representantes de instituciones federales como la Zona Militar y la Policía Federal; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López; el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y funcionarios locales, encabezados por el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, se reunieron este miércoles con diputados locales, a puerta cerrada.

Al término del encuentro, en entrevista, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que se habló de las acciones que se han desarrollado de manera interinstitucional en cuanto a prevención y combate al delito. Además, se les informó sobre las estadísticas de Morelos en relación con las de otras entidades y se planteó la necesidad de que en el 2020 se construya un presupuesto con más recursos destinados al rubro.

Detalló que de manera coordinada se trabaja en una serie de modificaciones al marco legal, dirigidas a atender los requerimientos que enfrentan en la lucha cotidiana contra el crimen. Hay alrededor de una decena de propuestas, pero -por el momento- se entregaron al Congreso local los anteproyectos de tres iniciativas de ley y dos propuestas de reforma.

Se trata de la Ley de Videovigilancia, otra de Uso de Tecnologías para la Seguridad Pública, y una más sobre Regulación a Empresas de Seguridad Privada.  Se habló sobre la importancia de establecer controles en el uso de algunos vehículos, por ello, la sugerencia de reformar la Ley del Transporte y las modificaciones al Reglamento de Tránsito, orientadas al uso de motocicletas, pues este es uno de los medios de traslado más usado por los homicidas y quienes cometen otros delitos.

En este primer paso, refirió Ojeda Cárdenas, se busca que antes de presentar oficialmente las iniciativas, los diputados analicen los anteproyectos de forma conjunta para consensuarlos.

Las propuestas de leyes están orientadas a armonizar el marco local con el federal.

En la ley de videovigilancia se plantea que la iniciativa privada pueda participar con sus cámaras con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, conocido como C5. Las cámaras de los establecimientos comerciales y empresas estarían conectadas a dicho sistema policial de forma voluntaria, y -en algunos casos- como cuando las cámaras estén ubicadas en sitios públicos, sería obligatorio, siempre y cuando no se violen otros principios, como la privacidad.

El propósito es generar información para inteligencia y hacer más eficaz el uso de los recursos de los que se dispone, según indicó el encargado de la política interna en el estado, quien expuso que no es factible que las patrullas estén todo el tiempo dando recorridos, porque eso implica desgaste, gasto de gasolina y esas unidades deben estar colocadas en sitios estratégicos.

Hay alrededor de mil cámaras, pero sólo funcionan alrededor de 900 y el propósito es aumentar este recurso.

También anotó que se dialogó sobre la importancia de la propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito en lo que se refiere a la regulación de motocicletas, como se dio a conocer con oportunidad. Se propone adoptar algunas prácticas internacionales que han funcionado, como las de Colombia, que contemplan que los conductores usen una matrícula de identificación en cascos y chalecos, por ejemplo; pero enfatizó que se deberá analizar a fondo.

Ojeda Cárdenas dejó en claro que se presentarán formalmente las iniciativas cuando haya consensos con los diputados.

Finamente, informó que se puso en la mesa la importancia de considerar el incrementar el presupuesto de seguridad en el 2020, lo que permitirá avanzar en el rubro de nómina a policías, con el fin de dignificar sueldos y prestaciones a los policías de todos los municipios en el esquema del Mando Coordinado.

Reiteró que el gobierno estatal está en disposición de cubrir el costo de aumentar el sueldo a los policías para homologarlo, así como la aplicación de prestaciones tales como la seguridad social, ya que algunos elementos hasta la fecha no tenían ni atención médica garantizada.  

El Congreso confirma encuentro hoy con integrantes de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

El Congreso del estado encabezará el primer encuentro con los integrantes de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, este miércoles, en el que diputados locales cuestionarán a las autoridades federales y estatales sobre la estrategia de seguridad que se aplica y el incremento de la incidencia delictiva en los últimos meses. 
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, informó que en dicha mesa de trabajo, que tendrá como sede el Congreso local, los legisladores también harán planteamientos para dar una solución al problema de la seguridad pública. 
"De las respuestas que tengamos mañana, lo que procede es que hagamos una evaluación muy rigurosa en el Congreso para ver qué es lo que procede. No se trata de pedir cuentas de manera irresponsable, de culpar en lo individual a algún titular de una dependencia y pedir su renuncia, se trata de que nos den respuestas y asuman su irresponsabilidad", manifestó el diputado. 
De acuerdo con el diputado de Morena, era urgente que se instalara una mesa de trabajo "por la paz y el desarrollo en el estado", ya que como legisladores desconocían la estrategia que en materia de seguridad se ha implementado en los últimos meses.
Adelantó que serán receptivos de los planteamientos que se hagan por parte de la autoridad federal y estatal, pues se adelantó -por parte el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera- que se presentaría un paquete de iniciativas en materia de seguridad ante el Congreso del estado. 
García Chávez adelantó que el Congreso local también buscará una mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil, como empresarios y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, con quien también agendarán una reunión en los próximos días.