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El grupo de vecinos de Hueyapan prolongó su forzada permanencia en la sede del Congreso; a pesar de las largas horas de negociaciones no se retiran.

Pobladores de Hueyapan se declararon en plantón permanente en el Congreso del estado, ante la falta de solución por parte de las autoridades estatales y la negativa del alcalde de Tetela del Volcán, Israel González López, a concretar el convenio de delimitación territorial entre ambos municipios.
Con el recinto legislativo sitíado por decenas de policías antimotines de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), los habitantes del municipio de origen indígena cumplieron más de un día de protestas dentro  del inmueble que tomaron desde las 2:30 de la tarde del pasado miércoles.
En el Congreso también permanecieron el subsecretario de Gobierno, Mauricio Termignoni Apodaca, y el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Mauricio Robles Cortés, quienes se quedaron en representación del secretario de Pablo Ojeda Cárdenas desde que se instaló la mesa de diálogo, la noche del miércoles.
A pesar que el primer acuerdo entre los pobladores, las autoridades del Poder Ejecutivo y un grupo de legisladoras locales fue reunirse a las 9 de la mañana de ayer con el edil de Tetela del Volcán, Israel González, en palacio de gobierno, el alcalde nunca accedió a dialogar con la gente de Hueyapan, supuestamente, por falta de condiciones.
En un segundo acuerdo, aproximadamente a  las 11 de la mañana de este jueves, un grupo de inconformes acudieron a la Secretaría de Gobernación, donde se instaló una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas y Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, a la que supuestamente sí acudiría el edil de Tetela del Volcán.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, dicha reunión no había dado resultados y la sede del Poder Legislativo permaneció tomado por los habitantes de Hueyapan.
Mientras tanto, el grupo de las siete legisladoras que participaron en la primer mesa de diálogo que se instaló en el Congreso para resolver el conflicto  acusaron al secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, de haber incumplido los acuerdos y lo convocaron a “atender sus responsabilidades”.
En tanto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, aseveró que si la situación en el recinto legislativo permanecía igual se decretaría un acuerdo para instalar una sede alterna para sesionar.

La SCJN notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

La Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos quedó oficialmente invalidada, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó su resolutivo del pasado 27 de agosto al Congreso local.

El falló, que también fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, invalidó la norma esencialmente porque tenía vicios de constitucionalidad, al no haberse consultado, ante de legislar sobre el tema, a la población objetivo.  

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2016, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Pleno determinó que la legislación local –publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 19 de octubre de 2016- transgredió tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que protegen los derechos de grupos de población vulnerables.

“Se actualiza un vicio de constitucionalidad respecto de  las normas que se impugnan de previo y especial pronunciamiento, relacionado con el incumplimiento de la obligación de consulta en términos del artículo cuarto, numeral tres , de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no obra constancia de que el Congreso del Estado de Morelos haya realizado una consulta estrecha en la que participaran activamente las personas con discapacidad en torno a una legislación que está dirigida y afecta directamente a una  población determinada, como lo es la ley local para la atención integral de las personas con síndrome de Down.

“Por tanto, al no haber observado la regla de tipo convencional a la que se sujetó el Estado Mexicano, en todos los niveles de gobierno para garantizar la participación de personas con discapacidad en la expedición de una ley que regula cuestiones que les atañen directamente, el proyecto concluye que no sólo debe invalidarse las porciones normativas impugnadas sino por extensión o por principio todas las disposiciones de la ley”, detalló en la sesión de Pleno del 27 de agosto el otrora ministro ponente, Eduardo Medina Mora, quien recientemente presentó su renuncia al cargo.

Al ser notificado el fallo, la ley en cuestión quedó sin efecto y los diputados tendrían que realizar un nuevo proyecto de ley, para resarcir los vicios señalados por el tribunal constitucional.

El mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidió la entrega de la presea en sesión solemne del Congreso del Estado.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presidió la entrega del reconocimiento al “Mérito Médico 2019”, realizada en sesión solemne del Congreso del Estado, en el marco de la conmemoración del Día del Médico en México.
Este año el galardonado fue Ramón Modesto De Lille y Fuentes, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ante la magistrada María Leticia Taboada Salgado, en representación del Poder Judicial; diputados integrantes de la LIV Legislatura del Congreso local, y miembros del gabinete estatal, recibió diploma, medalla y un estímulo económico.
Cabe señalar que, dicha distinción se entrega a quien se ha destacado por su vocación de servicio en la formación de generaciones de profesionistas en el área de medicina o por sus aportaciones científicas, tecnológicas y/o sociales en favor de la salud, además de sensibilidad humana, disposición y permanente desempeño de esta noble labor en beneficio de la sociedad morelense.

Se apoderaron de las instalaciones y retuvieron a diputados y trabajadores para exigir convenio de delimitación territorial; ni a su alcalde la ha interesado firmar el documento.

Pobladores de Hueyapan tomaron el Congreso del estado para exigir la aprobación del convenio de delimitación territorial, ya que es un requisito básico para poder acceder a sus participaciones federales como municipio de reciente creación, aunque tampoco el alcalde ha firmado el documento, por lo que también  piden la remoción del edil.
Hasta el cierre de esta edición, los inconformes -alentados por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz- amagaron con instalarse en plantón en la sede legislativa hasta que el alcalde de Tetela del Volcán, Israel González López rubrique el convenio. A las Diez de la noche aún retenían en el lugar al secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, quien señalaba que dialogaría lo que fuera necesario para retirarse.
Cerca de las 12 del día, los vecinos del municipio de origen indígena arribaron al Congreso del estado de manera pacífica.
Sin embargo, pasada las dos de la tarde, minutos después de que inició la sesión ordinaria, los manifestantes tomaron la sede legislativa e irrumpieron en el Salón de Plenos, para exigir la aprobación de dicho convenio.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, suspendió de inmediato la sesión por la falta y pidió que se instalara una comisión para dialogar con la gente. 
El grupo de siete legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres (G-7) en varias ocasiones azuzó a los pobladores para que no desistieran de sus demandas. 
La irrupción de los habitantes de Hueyapan se dio en el preciso momento en que el Pleno conocería el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno para modificar las comisiones legislativas. 

Después de cuatro horas de tomado el Congreso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, arribó a la sede legislativa para dialogar con los pobladores. 

Acordó liberar a algunos trabajadores que estaban secuestrados por los manifestantes, mientras que otros empleados lograron escapar por una salida trasera del inmueble.
Por más de tres horas los ciudadanos insistieron en pedir al secretario que acudiera hasta el Congreso el presidente de Tetela del Volcán para que esa misma tarde se firmara el convenio y se aprobara por el Pleno legislativo.

Pablo Ojeda Cárdenas aseveró que dicho problema fue originado por el desaseo con el que la LIII Legislatura llevó a cabo la creación de los nuevos municipios.

Cerca de las 10 de la noche, el encargado de la política interna logró un acuerdo con los pobladores y se determinó que hoy a las nueve de la mañana se reunirían autoridades de Hueyapan y de Tetela del Volcán para destrabar el problema.
 Hueyapan requiere del convenio de delimitación territorial para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le asigne su clave geoestadística.

Ambos trámites son algunos de los  requisitos básicos para que el municipio pueda acceder a sus participaciones federales, pues hasta el momento, solo el gobierno del estado les ha entregado parte de las aportaciones estatales, recursos que ascienden a más de un millón de pesos.

Serán liquidados conforme a derecho, señala el presidente de la Mesa Directiva.

Cerca de 30 personas demandaron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (Teca) al Congreso del estado por despido injustificado.
Los ahora exempleados de confianza acudieron ayer ante el órgano de justicia laboral para promover su reinstalación, ya que desde el pasado 16 de octubre el área de Recursos Humanos les notificó su baja, la que –aseguraron- que fue sin justificación alguna.
Raúl Mundo Velasco, representante legal de los trabajadores, informó que son cerca de 40 despedidos pero sólo 26 acudieron ayer a promover una demanda.
Además, Adriana Aguirre Garrido, asesora de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que existe otra lista de trabajadores a los que no se les ha pagado la última quincena, ella incluida, y otros más que laboraban con las diputadas del llamado Frente Progresista de Mujeres.
Sostuvo que se trata de una venganza política, ante la postura que ha fijado el grupo de siete legisladoras.
"Queremos decirle al presidente de la Mesa Directiva que no nos utilicen a las trabajadoras y trabajadores como rehenes políticos. Las diferencias, las pugnas que tienen con las otras diputadas nosotros no tenemos nada qué ver porque nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo", manifestó Aguirre Garrido.

Se esperan renovadas pugnas en nueva integración de comisiones legislativas.

Una nueva pugna se prevé en el Congreso del estado por el cambio en la integración de las comisiones legislativas que ha planteado el grupo mayoritario de 12 diputados, tras la reestructuración de las fuerzas políticas.
La  petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz advirtió que pretenden dejar fuera al autodenominado Frente Democrático de Mujeres, que conformó junto con otras seis legisladoras.
La semana pasada, el diputado morenista Javier García Chávez informó que era necesario modificar la integración de los órganos legislativos, a causa de los cambios que hubo en los grupos y fracciones parlamentarias por la búsqueda del control al interior del Congreso local.
Señaló en especial el caso de la diputada Naida Josefina Díaz Roca, que se sumó al Partido del Trabajo (PT) mientras que la representación del Partido Social Demócrata (PSD) en el Congreso desapareció. También se refirió al cambio en la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC), entre otros movimientos, por lo que una vez que sean ratificados en la Junta Política y de Gobierno se tendrá que proceder a modificar las comisiones.
En entrevista, este lunes, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmó que el grupo de 12 diputados no cuenta con la mayoría calificada (14 votos) para impulsar dichos cambios en el Pleno Legislativo.
Aseguró que la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala que se requiere de las dos terceras partes para la aprobación o modificación en la integración de las comisiones, por lo que adelantó que el grupo de 12 de diputados no podrá concretar nada.
"No van a poder hacer nada, eso es totalmente ilegal. Como están las comisiones pueden sesionar, se ha visto la de Hacienda, del Trabajo. Invitamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación a que ya nos pongamos a trabajar y saquemos los pendientes en la comisión", manifestó la legisladora petista.

Algunos espacios todavía no pueden ser utilizados; procederán contra constructora.

El paquete económico contempla destinar tres mil 834 millones al Ejecutivo; 468.5 millones al Legislativo y 549 millones de pesos para el Poder Judicial.

La propuesta del Paquete Económico 2020 que en unos días empezarán a discutir los diputados locales plantea un presupuesto total de 26 mil millones de pesos para el gobierno del estado, de los cuales tres mil 834 millones de pesos serían para el Poder Ejecutivo; 468.5 millones para el Legislativo y 549 millones de pesos para el Judicial.
De acuerdo con la propuesta que el gobernador presentó el pasado 1 de octubre, el Congreso del estado tendrá poco margen de maniobra para hacer adecuaciones, pues el incremento del ocho por ciento para el próximo año sólo permitió mínimas variaciones al alza en algunos rubros.
Aunque al Poder Judicial se le hayan incrementado sólo 26 millones de pesos, la propuesta del Ejecutivo establece que el monto de los 549 millones serviría para que cumpla con todas sus obligaciones "financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura...".
La iniciativa de Presupuesto de Egresos plantea también un monto de mil 580 millones de pesos para los organismos públicos autónomos; 670 millones de pesos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es decir, 50 millones más que en este año, derivado de un mínimo aumento en las participaciones federales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) accedería a un presupuesto de 761 millones de pesos; y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) a poco más de 132 millones de pesos.
Para las asignaciones a los 36 municipios se dispondrá de cinco mil 344 millones de pesos, correspondientes a los recursos federales y estatales.
La propuesta del Paquete Económico 2020 aún no ha sido turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por lo que se espera que en la sesión ordinaria de esta semana se presente y en los próximos días los diputados inicien la discusión de la propuesta, que contempla la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea fiscal 2020.

En sesión solemne del Congreso del Estado de Morelos, este día fue entregada la Presea Xochiquetzalli 2019 a María Paola Cruz Torres, activista, ex regidora y ex síndica cuautlense que ha destacado en su lucha por la defensa de los derechos de las mujeres particularmente con relación a la violencia política.
La encargada de la convocatoria a la presea y la designación de la ganadora fue la Comisión de Igualdad de Género del Congreso que preside la diputada Keila Celene Figueroa Evaristo, y a nombre de ese órgano legislativo habló la diputada Alejandra Flores Espinoza, quien, a partir de la autocrítica a las recientes diferencias mostradas entre legisladores, hizo un llamado al diálogo.

“En días pasados, quienes integramos este Congreso hemos sido testigos y protagonistas de una serie hechos penosos”; “llevamos nuestras diferencias ideológicas y políticas al extremo de las alusiones personales”, lo cual “es algo que no nos podemos volver a permitir”, y “por más férrea que sea la defensa de una idea, de una postura, no puede ser la ofensa nuestro primer y único argumento”.

Expuso que “no podemos abonar por ningún motivo a la confrontación ni a la división, pues lo que nos toca es justamente lo contrario, tenemos que ser los facilitadores de los acuerdos, a través de las herramientas legales que nos toca analizar, discutir y aprobar. Aprovechemos este espacio que se abrió para reconciliarnos y avanzar, para retomar el trabajo y recuperar el tiempo perdido, para que las distinciones y reconocimientos que se entreguen aquí en la casa del pueblo, tengan esa calidad de verdaderas distinciones a las mejores”; señaló que al igual que muchos morelenses desea él dialogo.
En el evento, la galardonada, Paola Cruz, señaló el marco del 66 aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujeres y destacó que “si nos reconocen a una nos reconocen a todas”, al tiempo de agradecer a todas las mujeres que antes y ahora han luchado por la defensa de esos derechos y en particular contra la violencia política, de la que ella misma ha sido víctima, como lo relató. En la misma sesión se otorgaron reconocimientos a las otras destacadas propuestas que aspiraban a la presea y que se encontraban presentes en el Salón de Plenos, ellas son: Ana Lilia Ruiz Salinas; Aída Hernández Salgado; Itzelt Colín Álvarez; Liliana Ramírez Monárrez; y, Yolanda Rivas Acosta.

La diputada se negó a ocupar su curul, a pesar de que ya fui sustituida.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano se negó a dejar la silla de la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a pesar que la semana pasada fue removida de dicha representación por mayoría del Pleno.
La legisladora, que preside la Comisión de Educación y Cultura, acudió ayer a la sesión solemne para la entrega de la presea Xochiquetzalli 2019 y a la sesión ordinaria de Pleno, pero se negó a ocupar su curul y subió al área donde se debe ubicar quien ocupe la vicepresidencia..
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez se dijo respetuoso de las decisiones de sus homólogos y afirmó que como diputados pueden ocupar la silla que prefieran en el Pleno.
Sin embargo, sostuvo que la decisión de remover a Blanca Nieves Sánchez Arano de la Mesa Directiva ya fue tomada desde la sesión ordinaria del viernes 11 de octubre y no habrá marcha atrás.
El legislador pesedista aseguró que es momento de buscar la civilidad en el Congreso del estado y dejar atrás las diferencias entre los grupos parlamentarios.
La diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz salió en defensa de su homóloga de Nueva Alianza y manifestó que la decisión de una mayoría de 12 diputados fue ilegal, por lo que su colega sigue al frente de la vicepresidencia.
Rodríguez Ruiz también se ha negado a dejar la presidencia de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a pesar que una mayoría de diputados acordó designar a la morenista Alejandra Flores Espinoza al frente de dicho órgano de control interno, desde el 13 de septiembre pasado.
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El Congreso prepara reuniones con los primeros cinco ediles.

El Congreso del estado iniciará la próxima semana las mesas de trabajo con los alcaldes, para revisar las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020. Los primeros en la lista serán Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Amacuzac y Xochitepec.
Debido a la parálisis legislativa, el Pleno del Congreso del estado no ha dado turno al Paquete Económico del gobierno estatal ni a las  iniciativas de  leyes de Ingresos que presentaron 34 de 36 municipios.

En el orden del día de la sesión ordinaria que se desarrolló ayer estaba incluida la propuesta del estado pero la asamblea se suspendió.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, informó que se convocará a las mesas de trabajo con las autoridades estatales y municipales para avanzar en el análisis de los marcos normativos fiscales para el próximo año.
Refirió que el lunes se sentará a revisar las propuestas de las leyes de Ingresos con las autoridades de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco Amacuzac y Xochitepec.
También en los próximos días se agendarán las reuniones de trabajo con el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, y el resto de los secretarios de despacho, para que expongan las necesidades en cada rubro y se pueda integrar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del gobierno del estado para el 2020.
"Se tendrán las reuniones que sean necesarias con los secretarios del gobierno del estado para avanzar en el tema. Con las autoridades municipales se tienen programadas sólo seis reuniones de trabajo y esperemos que en los primeros días de diciembre estemos votando las leyes", agregó Rosalina Mazari Espín.

Reiteró que aún y con las diferencias entre las fuerzas políticas, se buscará desahogar el Paquete Económico y las leyes de Ingresos, pues se trata de un tema de mayor importancia. 

La justicia federal anuló sus dictámenes sobre las “pensiones doradas”; Sotelo Martínez asegura que se castigará al funcionario responsable.

La diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseguró que desde la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado –que ella preside- no se cometieron errores en la integración de los dictámenes que abrogaron cerca de 40 "pensiones doradas" de ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, a pesar  que fueron anulados por la justicia federal por no estar legalmente sustentados.
Tras la acusación directa que hizo el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en contra de la Comisión del Trabajo, por los graves errores que se cometieron en los dictámenes que fueron votados  por el Pleno desde abril de este año, la legisladora petista aseguró que el órgano que preside hizo "perfectamente" su labor.
Incluso, Rodríguez Ruiz retó a su homólogo pesedista a presentar las pruebas que demuestren los errores cometidos en el órgano legislativo antes citado.
Para Rodríguez Ruiz se trata de una resolución judicial en la que no intervino el Congreso del estado.
"La comisión del Trabajo está integrada por sindicalizados que tienen más de 20 años trabajando en la Comisión del Trabajo. Son gente que sabe de la comisión, los expedientes están perfectamente bien hechos", aseveró.
No obstante, confirmó que siguen detenidos varios procesos iniciados para cancelar otra lista de "jubilaciones doradas", aunque dijo que es responsabilidad de los municipios, pues ha requerido documentación para verificar que hubo falsificación de las constancias de trabajo y hasta el momento las alcaldías no han dado respuesta.
Señaló el caso específico de Puente de Ixtla, municipio donde se expidió el mayor número de constancias de antigüedad a favor de los ex funcionarios a las que la LIII Legislatura les autorizó pensiones onerosas.

SANCIÓN A RESPONSABLES

El jueves, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, anunció que se buscará fincar responsabilidad al funcionario que elaboró los dictámenes desde la Comisión de Trabajo.
Durante la sesión ordinaria del jueves pasado, el Pleno del Congreso del Estado aprobó, por orden judicial, una larga lista de pensiones de trabajadores del gobierno estatal, entre las que se encontraban los nombres de ex funcionarios de altos mandos.
Jorge Michel Luna, ex secretario de  Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, ex director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; y Arely Rocío Lagunas, ex secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso local, son algunos de los ex funcionarios de primer nivel que lograron su "pensión dorada", mediante un juicio de amparo, por pifias legislativas.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo, admitió que la lista podría ser más larga, ya que desde la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social se cometieron errores graves que provocaron que los decretos para abrogar los excesos de la pasada administración estatal y la LIII Legislatura se cayeran en menos de un año.
Ante ello, advirtió que se procederá en contra del responsable de tales anomalías en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
"Es un error en la integración desde la Comisión. Yo quiero pensar, yo espero que sean errores que se puedan subsanar y sino tendremos que fincar responsabilidades a quien sea necesario", señaló el legislador del Partido Encuentro Social (PES).

Señalan que Tania Valentina Rodríguez quedó fuera de la Junta Política.

Los diputados Alejandra Flores Espinoza y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez reafirmaron su nombramiento al frente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y de la Mesa Directiva, respectivamente.
En rueda de prensa, este jueves, los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Encuentro Social (PES) respectivamente, aclararon los rumores generados por el Partido del Trabajo (PT) en torno a que supuestamente se ostentan como presidentes de los órganos de control en el Congreso del estado de manera ilegal.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena sostuvo que la justicia federal ratificó su nombramiento como titular de la JPyG, luego de que desechó  el juicio de amparo promovido por la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien ha sostenido que no cederá dicha posición mientras no haya un acuerdo de mayoría calificada (con 14 votos).
Incluso adelantó que promoverá acciones legales si la coordinadora del PT insiste en permanecer al frente de la JPyG y a no llevar a cabo el proceso de entrega-recepción.
En tanto, el pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez afirmó que ya notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su situación al frente de la Mesa Directiva. Explicó que al no lograrse los consensos para su designación por acuerdo del pleno en dicha representación, la Ley Orgánica del Congreso lo faculta para permanecer en el cargo en tanto se generan los consensos.
Admitió que la SCJN se negó en varios casos a reconocer su representación como presidente de la Mesa Directiva, ya que su período venció el 30 de agosto pasado. Sin embargo, dijo que en base a lo que señala el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado permanecerá en tanto el Pleno no determine otro acuerdo.
Ambos diputados aseguraron que están legalmente en sus representaciones y que cualquier acto que lleven a cabo tendrá legalidad.

Tania Valentina Rodríguez insiste en estar al frente de la JPyG

Pese a que le fue desechado un amparo para permanecer al frente de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmó que aún es presidenta del órgano de control.
Acusó a su homóloga Alejandra Flores Espinoza de usurpar funciones, por lo que advirtió que promoverá acciones legales en su contra.
La legisladora afirmó que seguirá desempeñando funciones de presidenta de la Junta, aún y cuando su representación venció el pasado 30 de agosto.

Los reacomodos en los grupos parlamentarios obligan a hacer los cambios.

Los diputados locales preparan cambios en las 30 comisiones legislativas que componen el Congreso del estado, tras los reacomodos en los grupos parlamentarios.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado, Javier García Chávez, informó que es urgente modificar la integración de los órganos legislativos, pues con los cambios en los grupos y fracciones parlamentarias algunos diputados perdieron sus derechos a participar en su trabajo interno.
Señaló específicamente el caso de la diputada Naida Díaz Roca, quien además de haber dejado de representar al Partido Social Demócrata (PSD) ya pertenece a la bancada del Partido del Trabajo (PT).

Por ello, la  legisladora ya no podría integrar todas las comisiones, como un derecho de cada líder de la fracción parlamentaria.
También hubo cambios en la estructura de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES)
Dicha situación podría generar un atraso en el trabajo de las comisiones, pues para la modificación en la integración de tales órganos se requiere de una mayoría calificada en el Pleno, la cual no se ha logrado desde el inicio del segundo año de la LIV Legislatura.
García Chávez dijo que como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación determinó esperar a que en la Junta Política y de Gobierno se concreten los reacomodos en las fuerzas políticas, para luego convocar a sesión.
Señaló que existen más de 15 dictámenes pendientes de aprobar en la Comisión que preside, pero insistió en que tiene que haber certeza en su integración.

EL Poder Judicial de la Federación desechó la demanda de amparo indirecto que fue promovida por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz en contra de su remoción como presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos.

Lo anterior, toda vez que el Juez de Distrito advirtió la causal de improcedencia consistente en que la determinación por parte de la mayoría de los legisladores integrantes de la IV Legislatura es soberana y, en consecuencia, no procede el juicio de amparo.

Finalmente, se confirmó una vez más que la diputada Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, es la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos.

Hay rezago de hasta un año en desahogo de iniciativas legales.

Ante la parálisis legislativa, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, requirió un informe a cada una de las 27  comisiones legislativas, para conocer el trabajo desarrollado durante el último año.

El diputado advirtió que se aplicarán sanciones para quienes no hayan cumplido con su labor.
En entrevista, el legislador dijo que la Ley Orgánica del Congreso del Estado lo faculta para revisar el desahogo de las iniciativas que son turnadas a las comisiones, y aseguró que se contemplan sanciones, como descuentos en las dietas de cada presidente de los órganos.
"Estamos solicitando un informe a las comisiones de cuántos son los turnos que pueda haber en cada una,  cuál es la productividad, el tipo y número de sesiones o reuniones de trabajo al interior de las comisiones, para poder darle celeridad a cada una de las comisiones", manifestó el presidente.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) admitió que tiene reportes de que existen comisiones que no trabajan y el rezago de las iniciativas es mayor a un año.
Sotelo Martínez sostuvo que la baja productividad no puede continuar en este año, a pesar de la postura política que cada legislador asuma.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, el informe que ha requerido el presidente de la Mesa Directiva debieron presentarlo los presidentes de cada comisión desde agosto pasado (30 días después de que concluyó el período ordinario) lo cual no sucedió.
El Congreso del estado cuenta con 27 comisiones ordinarias y tres especiales. Hasta el momento, una de las menos productivas es la Comisión de Educación y Cultura que preside la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, que desde el año pasado mantiene en congeladas 11 iniciativas de ley y de reforma, sin ninguna justificación más que la falta de productividad.
Por ello, agregó, es que determinó proceder para evitar que la parálisis legislativa se agrave, pues la productividad en el primer año de la LIV Legislatura es baja.
Enrtre las propuestas más importantes en materia de educación que están detenidas figura la que que propone la creación de la Ley de Educación para el Estado; una propuesta de reforma para fomentar la cultura de la paz o la iniciativa de Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y el Sobrepeso..
El informe requerido por la Mesa Directiva a las comisiones deberá ser entregado antes del mes de octubre, a fin de establecer la agenda legislativa de este segundo año, que hasta el momento no se ha integrado, ante las diferencias políticas de los legisladores.

El secretario de Hacienda detalla la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.

Con la finalidad de atender el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, compareció ante las integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, donde ofreció detalles respecto a la solicitud de modificación presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal.
En este acercamiento, que se dio en un ambiente de cordialidad, el funcionario expuso la necesidad de redireccionar recursos por 26 millones de pesos de las secretarías de Turismo y Cultura; Desarrollo Económico y del Trabajo; Desarrollo Social y Administración, para cumplir con dicho compromiso, el cual se ha venido postergando desde 2016. 
“Es aquí donde el análisis que hicimos directamente del área presupuestal y los avances perentorios al mes de agosto, se determinó que de estas dependencias pudiéramos hacer la reasignación para llegar a estos 26 millones de pesos”, señaló.
Lo anterior, anteponiendo que la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con el Fideicomiso de Turismo Morelos (FITUR), y Desarrollo Económico y del Trabajo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).
Asimismo, refirió que dichas dependencias han logrado bajar recursos a través de programas del Gobierno de México, en beneficio de diversos sectores de la sociedad.
Villarreal Gasca dio respuesta a preguntas formuladas por algunas diputadas a fin de lograr la aprobación respectiva a la solicitud de modificación presupuestal, ya que indicó que el Gobierno del Estado tiene el firme compromiso de cumplir con los pagos de pensiones y jubilaciones al personal del Poder Judicial.

El gobernador pide a los diputados no "echarse para atrás" en el trámite de juicio político contra el exmandatario.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) señaló los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, exdirectora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno estatal y esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Ante un juez de control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, por la supuesta obtención ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la fiscalía, se presentaron 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos y esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín López, durante los últimos meses de la administración del otrora gobernador, Graco Ramírez.

Las investigaciones realizadas por la FECC establecieron que la ex funcionaria no reunía los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60 por ciento de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate con la defensa, así como el análisis del juzgador, se determinará la situación jurídica de la imputada.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López al 60 por ciento de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

Sin embargo, diputados admiten que la parálisis en que se encuentra el Legislativo estatal podría entorpecer el tema.