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Renuncia fiscal especializado en delitos electorales.

El Congreso del estado iniciaría juicio político al exgobernador Graco Ramírez por encubrimiento y omisión, al haber permitido que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fuera designado y permaneciera en el cargo, a pesar de no haber cumplido con los requisitos de ley.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el diputado José Casas González, expuso que tienen elementos suficientes para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del exmandatario e, incluso, en contra de exlegisladores de la LIII Legislatura.
"El hecho de que Graco Ramírez haya nombrado a un fiscal sin tener esos requisitos también lo hace omiso y lo hace candidato a un juicio político a él, los legisladores que aprobaron esos nombramientos, y el mismo fiscal, y de ahí se desprende que el fiscal anticorrupción y electoral están en la misma hipótesis", manifestó el diputado.
Refirió que –además- el Congreso del estado solicitó el apoyo del gobierno federal y el Congreso de la Unión para hacerse de elementos para proceder en contra del exmandatario por otras causales.
Confirmó que la solicitud de juicio político que presentaron ciudadanos encabezados por el abogado Enrique Paredes Sotelo, se desechó por falta de elementos que no sustentaron los mismos promoventes.

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales

Por supuestos motivos personales, Jesús Meza Tello presentó al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos.

El documento, con fecha 6 de diciembre del año en curso, fue presentado no sólo ante la Fiscalía General del Estado, sino que fue entregada una copia a diversos diputados de la LIV Legislatura, en el que el abogado anunció su “renuncia irrevocable”.

El ahora exfuncionario sólo acotó que, por convenir así a sus intereses personales y profesionales, tomó la decisión de dimitir al cargo.

El 24 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado creó de manera permanente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de investigar y perseguir los ilícitos en esta materia, independientemente de que sea o no época de comicios. Dos días después, Meza Tello fue designado el primer titular de esta fiscalía. 

Nuevas diferencias entre grupos de legisladores tienen detenida la remoción de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La solicitud de remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez -que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado- se encuentra detenida, a causa de nuevas diferencias entre los legisladores.
Una vez más, una sesión ordinaria (la del martes pasado) se encuentra suspendida por diferencias entre las fuerzas políticas para impulsar la destitución de los fiscales.
Ayer, en rueda de prensa, legisladores del Partido del Trabajo (PT) acusaron a sus homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de negarse a avanzar en un tema que es "prioritario" para el estado.
"Yo sí quiero hacer un llamado enérgico, pero también respetuoso, a los diputados del partido hermano Morena... el fiscal es el primero que debe tener la mano dura de la izquierda en Morelos. Pedimos que los compañeros de Morena den la cara al pueblo de Morelos, Andrés Manuel ya no quiere falsos políticos, ni falsos que dicen amar a Morelos", manifestó la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
José Casas González señaló la supuesta intromisión del exdirigente estatal de Morena, Miguel Lucia Espejo, quien habría pedido a los legisladores de ese partido ausentarse el martes pasado del Congreso local y no acudir a la reunión de la Junta Política y de Gobierno para resolver la solicitud que envió el Ejecutivo, por lo que se les convocó a una nueva reunión hoy por la mañana.
"A estas personas que se están entrometiendo, que así como aspiraron a cargos públicos y no lo lograron; a Miguel Lucia, que ya está ostentando un cargo a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, a que deje de meter las manos en el estado de Morelos y deje de estar manipulando a los diputados a través del partido Morena", aseveró Casas González.
La diputada Rodríguez Ruiz admitió que sin el voto a favor de los diputados de Morena, el tema no avanzaría, de ahí el llamado a que aprueben la destitución de los fiscales que no cumplieron con la evaluación de control y confianza, y han cometido una serie de irregularidades en el cargo y sin resultados favorables para la ciudadanía.

El fiscal general, Uriel Carmona, no está amparado contra la separación de su cargo, afirma el consejero jurídico del gobierno estatal.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó ayer miércoles que el Ejecutivo del estado solicitó al Congreso local la remoción de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y comentó que hay confianza en que el Poder Legislativo tome la mejor decisión para la entidad.

Sanz Rivera mencionó que han observado que no hay coordinación y eso podría impedir que la estrategia de seguridad y combate a la impunidad surta efecto. “Sabemos que hay una serie de situaciones de falta de coordinación entre la Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad y el Poder Judicial, y lo que queremos es que funcione perfectamente bien porque incide mucho en la inseguridad del estado. Lo que queremos es un proyecto de un estado seguro y una paz para todos los ciudadanos, pero de todas formas no se habría solicitado esto si no se hubieran cumplido una serie de situaciones que son muy estrictas en el desempeño de sus cargos y se tiene que analizar”.

Dijo que el Ejecutivo tiene claro que la facultad o permanencia de los fiscales es del Congreso del estado, pero hizo notar que se debía cumplir con lo que estipula la ley, y aseguró que se respetará la decisión de los diputados. “Hay una causal para ello, se pidió al Congreso, y quien tiene que decidir son los diputados si la hacen efectiva o no. Lo que a mí me han informado es que hay una mayoría que está de acuerdo y una minoría que todavía lo está analizando; esperemos que la decisión sea la mejor para el estado y que haya posibilidad de ese cambio que queremos para Morelos”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura aseguró que el Ejecutivo esperará a conocer la resolución del Congreso, y de ser aprobada la remoción, lo que marca la ley es que el gobernador envía una terna y de nueva cuenta el Poder Legislativo decide.

Por su lado, el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, indicó que se solicitó de manera oficial la remoción porque el gobernador del estado “no puede incurrir en omisión y está comprometido con actuar conforme a derecho”. Lo anterior, al apuntar que el Ejecutivo tuvo conocimiento de que los fiscales no cumplieron con los requisitos legales que marca la norma para desempeñar dichas funciones.

“Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de esa naturaleza tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente y, en este caso, corresponde al Congreso del estado”, expresó el abogado del gobierno estatal, al apuntar que las denuncias que se han formulado ante las Fiscalías referidas no tienen ninguna relación con los titulares.

A decir de Sotelo Salgado, los legisladores tienen que analizar y pronunciarse si existen causas graves para la remoción correspondiente, ya que para el Ejecutivo sí hay elementos para el análisis. “Simple y sencillamente, que no se cuenta con los exámenes de control y (sic) confianza, según la documentación que allegó uno de los diputados del propio Congreso”.

Refirió que hasta donde tiene conocimiento la Consejería Jurídica, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, no ha promovido un amparo en contra de esta solicitud; existe una demanda de protección de la justicia federal, pero por otro hecho relativo con que no le permitieron participar en una comisión, pero la suspensión provisional, comentó, en términos generales, le fue negada.

Los apercibe para que se paguen las pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió con multa a los Poderes Ejecutivo y Legislativo si no dan cumplimiento a sus sentencias, relacionadas con la emisión de decretos y asignación de presupuesto para cubrir las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La representante del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, pidió al tribunal constitucional requerir, por un lado, al Congreso del Estado para que emita los nuevos decretos jubilatorios de trabajadores judiciales; y, por otro, al Poder Ejecutivo para que entregue la totalidad de recursos autorizados para cubrir sendas pensiones.

Mediante acuerdo, la SCJN emitió una llamada de atención a ambos poderes, porque el tribunal constitucional no tiene en expedientes, pruebas de que se estén en cumplimiento sus sentencias ni que se hayan completado las transferencias económicas para el pago de diversas pensiones.

“Teniendo en cuenta lo expresado por el poder actor, se requiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, por conducto de quien legalmente los representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la transferencia de los recursos del pago de pensión, con cargo a la ampliación presupuestal autorizada a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio número SH/01355- 4/2018 de 23 de mayo de 2018, signada por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, advirtió uno de varios acuerdos emitidos por la SCJN.

En otros acuerdos, la SCJN instó al Poder Legislativo local a emitir de nuevo los decretos pensionarios de trabajadores judiciales, en los que expresamente se indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, en caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos de las pensiones, deberá otorgarse los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación.

Los diputados le atribuyen complicidad en irregularidades cometidas por la pasada legislatura.

El Congreso del estado iniciará un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del extitular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por su presunta complicidad en el mal manejo de los recursos del Congreso del estado y protección a exdiputados de la LIII Legislatura.

Luego de que Loredo Méndez presentó su renuncia ante el Congreso del estado, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que se inició una investigación por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que preside, a fin de determinar la posible responsabilidad del exauditor en un presunto mal manejo de recursos del Congreso local a unas semanas de que concluyera la LIII Legislatura.

El legislador local recordó que los exdiputados solicitaron un adelanto del presupuesto en septiembre pasado, que fue autorizado por el exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, cuyo ejercicio no fue transparentado y la ESAF tampoco reportó alguna anomalía.

Aunado a lo anterior, Casas González dijo que se presume una posible protección de Loredo Méndez a favor de exlegisladores como Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta y Francisco Navarrete Conde, como exalcaldes de Puente de Ixtla, Jojutla y Tepoztlán, respectivamente, ya que durante su ejercicio como ediles la ESAF no hizo observaciones al ejercicio presupuestal.

"Tenemos un retraso en la revisión de las cuentas públicas en algunos casos de hasta ocho años y sorprendentemente en los casos de los diputados que fueron alcaldes sus cuentas ya están hasta dictaminadas", agregó.

En lo que respecta a la persona que ocupará la titularidad de la ESAF, informó que en enero se emitirá una convocatoria para el registro de aspirantes al cargo, y en febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones, se procederá al nombramiento.

Mientras tanto, señaló que quien fue designado como encargado de despacho es el auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, Uriel González Sotelo.

Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

Titulares de todos los organismos acuden al Congreso para presentar sus proyectos de ingresos 2019 y justificar los incrementos solicitados.

A unos días de que se venza el plazo para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, el Congreso del estado ha recibido varias solicitudes de ampliación presupuestal de instituciones y órganos públicos. 
Ayer, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) fueron recibidos por las coordinadoras de las fuerzas políticas en reunión de la Junta Política y de Gobierno, ante quienes presentaron su Programa Operativo Anual (POA) 2019, que plantea un incremento presupuestal.
De la misma forma, consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) presentaron su POA, que se basa en egresos por arriba de los 95 millones de pesos para gastos operativos y más de 80 millones para los partidos políticos.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe) también presentó su propuesta, al igual que otros organismos e instituciones.
Aseguró que dichos planteamientos serán atendidos para la integración del Paquete Económico 2019, que será aprobado en los próximos días. 
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el plazo para que el Congreso apruebe la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos es el 15 de diciembre, sin embargo, el Poder Ejecutivo solicitó un prórroga para presentar ese día su iniciativa, por lo que se espera que el paquete sea aprobado en días posteriores.

Admite diputada que cometieron errores en nombramientos en el Congreso 
Por otro lado, la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) admitió que cometieron un error al permitir que familiares de diputados recibieran nombramientos en el Congreso del estado. 
La legisladora sostuvo que se "permite equivocarse, pero lo más importante es que se permita corregir", por lo que aseguró que la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala reconsideraría en la contratación de su padre, Gerardo Sánchez Mote, como jefe de Adquisiciones.
Incluso, pidió "no sean tan duros" con la diputada, quien demostró su inexperiencia al intentar colocar a su papá en el Congreso del estado.
Afirmó que al igual que la diputada del Partido Humanista, también tendría que reconsiderar el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco.

Aseguran que las terminales que están ubicadas en el centro y sur de Cuernavaca ya no cumplen la normativa en materia de uso de suelo.

El Pleno del Congreso del estado exhortó a autoridades municipales de Cuernavaca y del gobierno estatal y federal, a reubicar las centrales comerciales de transporte federal, ya que generan problemas de tránsito vehicular.

Durante la sesión ordinaria de ayer, diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo por el que se solicitó al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a poner orden en las centrales de autobuses Pullman de Morelos y Estrella Roja que se encuentran en el centro y sur de la capital y que representan problemas sociales por considerarse una zona densamente poblada.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, dijo que se trata de terminales de transporte federal que fueron autorizadas hace 40 y 80 años, y actualmente ya no cumplen con lo que marca la normativa en materia de uso de suelo.

"...en la terminal Pullman del centro, lo mismo se ofrecen servicios de transporte a la Ciudad de México, es decir, fuera del estado de Morelos, que hacia los municipios del sur de esta entidad federativa. En ambos casos, la queja recurrente de los concesionarios del transporte público con itinerario fijo es que, a pesar de que los camiones de dicha compañía tienen placas federales, se comportan como colectivos subiendo y bajando pasaje por toda la ciudad, abonando a la grave crisis de tráfico vehicular que aqueja a Cuernavaca", manifestó la diputada.

Los legisladores consideraron que es conveniente que se reubiquen dichas centrales camioneras, a zonas donde no existan problemas de tránsito vehicular.

El reparto de plazas en el Congreso acaba con la resistencia de los legisladores que se negaban a sesionar.

Los diputados locales se repartieron las diferentes áreas administrativas del Congreso del estado y colocaron a familiares y allegados. Además, acordaron dar de baja a más de 100 trabajadores antes de que concluya el año.

La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno por el que se determinaron cambios en 15 áreas administrativas y se distribuyeron entre los diputados.

Dicho acuerdo se dio inmediatamente después de que el bloque de nueve legisladores, encabezado por el PT, accedió a aprobar la prórroga al Poder Ejecutivo para presentar el Paquete Económico el 15 de diciembre. 

"Todos los legisladores designamos entre legisladores del Poder Legislativo y estoy muy contenta que desde la Junta Política se pudo llegar a un acuerdo en donde todos estén en las mismas circunstancias y en las mismas posibilidades. No hay legisladores ni de primera ni de segunda clase. Es para que tengamos gente todos, son dos direcciones por diputado", declaró la legisladora del PT.

Dichas áreas, que se convirtieron en posiciones políticas, serán ocupadas por familiares y allegados de los legisladores, como es el caso del padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Gerardo Sánchez Mote, quien ocupará la Jefatura de Adquisiciones.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Nadia Díaz Roca, designó a Israel Rafael Yúdico Herrera, militante de su partido, en la Dirección Administrativa.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, a su familiar Edgar Duque Granda, en la Jefatura de Activos Fijos.

José Casas González, vicecoordinador del PT, colocó a Patricia Lizet Pacheco Rodríguez en la coordinación de Comunicación Social. A este mismo Partido también le correspondió la Dirección de Recursos Humanos, en la que se nombró a Miguel Ángel Romo Rojas, cargo que ocupó Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de Administración del gobierno del estado, Mirna Zavala Zúñiga, y quien fue removida por presiones de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El PT también logró quedarse con la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, cargo al que renunció Jaime Juárez López la semana pasada, tras el conflicto político en el Congreso del estado por el tema presupuestal. 

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno también confirmó el acuerdo para despedir a más de 100 trabajadores de confianza del Congreso local, que en algunos casos tienen antigüedad mayor a 15 años.

La diputada afirmó que la determinación se tomó porque tienen registro de que algunos trabajadores aún informan sobre las actividades del Congreso a exdiputados de la LIII Legislatura. "Tenemos un Congreso con muchos espías, donde directores operan para Hortencia Figueroa, Beatriz Alatriste. Se les pidió la renuncia y pondremos gente de confianza", agregó.

Aseguró que se les liquidará conforme a la ley, mediante convenios de pago, debido a la situación financiera que enfrenta el Congreso local. 

El gobierno del estado impulsará una mesa de trabajo con pobladores de los cuatro municipios indígenas y el Congreso estatal para generar acuerdos.

El gobierno del estado impulsará una mesa de trabajo con pobladores de los cuatro municipios indígenas y el Congreso del estado para generar acuerdos y que se prorrogue el inicio de las nuevas administraciones municipales, que oficialmente entrarían en funciones el próximo 1 de enero.

El director de Atención a Municipios del gobierno estatal, Marco Antonio Martínez Dorantes, dijo que el Congreso del estado deberá generar las condiciones para lograr esa prórroga, ya que existen irregularidades en los decretos de creación de los municipios de Coatetelco, Hueyapan, Xoxocotla y Tetelcingo, que legalmente les impiden instituirse y que puedan empezar a trabajar el próximo año.

Sostuvo que está en manos del Poder Legislativo impulsar una propuesta que establezca las bases legales para que las administraciones municipales inicien después del 1 de enero sin ningún problema financiero, administrativo o territorial.

"Estamos haciendo una ruta crítica, en donde estamos puntualizando lo que nos corresponde a nosotros, lo que les corresponde –inclusive- a las comunidades y lo que le corresponde a los diputados. Hemos encontrado una laguna en donde nuestro trabajo es sentarlos a cada uno de estos actores sociales, sentarlos con los diputados y entre los dos trazar una ruta", explicó Martínez Dorantes.

De acuerdo al director, si se intentara cumplir con los decretos de creación y los municipios empezaran a operar en enero, no habría condiciones para que funcionaran, pues la LIII Legislatura no cumplió con toda la reglamentación para su funcionamiento.

"Hay una serie de irregularidades que no se puede sentar precedentes en el tema de los recursos, en el tema del territorio –inclusive- en el tema de las deudas que ellos pueden estar cargando una vez de su desincorporación y hacerse municipios. Todos esos temas presentan irregularidades desde su creación", explicó Martínez Dorantes.

La posible causa, por irregularidades en los decretos que crean los Ayuntamientos de Coatetelco, Xoxocotla, Tetelcingo y Hueyapan.

El Poder Ejecutivo presentará al Congreso del estado una propuesta para suspender la instalación de los municipios indígenas, el próximo 1 de enero, informó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador afirmó que el secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, fue quien planteó postergar el cumplimiento de los decretos de creación de los municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla, Tetelcingo y Hueyapan, por supuestas irregularidades en los mismos.
Rechazó que se trate de un pretexto del Congreso local para no resolver los problemas jurídicos y sociales que existen actualmente para que los municipios se puedan instituir.
"La propuesta de posponer la entrada en vigencia de los municipios indígenas a partir de enero del 2019 surge de una mesa de trabajo, de una mesa de diálogo del secretario de gobierno. No surge de la Comisión de Asuntos Indígenas (del Congreso) y se comprometió que a la brevedad nos iba a remitir su propuesta, su iniciativa de cómo suspender la entrada en vigencia de estos cuatro pueblos", declaró. 
Refirió que el Congreso del estado tratará de resolver lo que le corresponde, sin embargo, recordó que restan 21 días para que concluya el primer periodo de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.

Diputados se culpan mutuamente de la parálisis y provocan la renuncia del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios.

Diputados locales confirmaron una posible ruptura del diálogo con el Poder Ejecutivo, luego de que se canceló la reunión que tendrían con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, ayer, supuestamente por el conflicto político que existe por el tema presupuestal.
Mientras  tanto, el secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado, Jaime Juárez López, renunció al cargo por presiones del bloque de nueve legisladores que conformaron el Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC), Social Demócrata (PSD), de la Revolución Democrática (PRD) y un legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Seis de los 11 diputados que no se presentaron a la sesión ordinaria convocada para el jueves pasado, ni a la de ayer, ofrecieron una rueda de prensa para justificar su negativa a presentarse ante el Pleno del Congreso del estado y votar la solicitud de prórroga del Poder Ejecutivo para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 el 15 de diciembre próximo.
José Casas González, del Partido del Trabajo, sostuvo que no han sido notificados de tal solicitud y, sin embargo, el jueves pasado se presentaría un dictamen para su autorización.
Aseguró que la sesión ordinaria no sería válida, pues es la continuación de la del jueves 15 de noviembre que fue suspendida por falta de quórum.
El legislador señaló que hay desaseo en la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios y nuevamente,señaló, acusó de inexperiencia en el quehacer del Congreso al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Además del conflicto entre los diputados, Marcos Zapotitla Becerro, de Morena, advirtió de una ruptura del diálogo con el Ejecutivo, luego de que se canceló la primera reunión que tendrían como LIV Legislatura con el comisionado estatal de seguridad, a petición del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.
El diputado dijo que buscarían de inmediato un acercamiento con Sanz Rivera para que se instalara una mesa de diálogo y destrabar el conflicto por el tema presupuestal.

Se queda Congreso sin secretario de Servicios Legislativos

Minutos después de las declaraciones de los diputados, el secretario de Servicios Legislativos, Jaime Juárez, confirmó su renuncia al cargo y denunció presiones de los diputados para hacerlo. No obstante, aseguró que nunca cometió un error en su trabajo y que los señalamientos en su contra son sólo "argumentos políticos".
"De pronto eso se volvió una moneda de cambio, necesitaban mi renuncia para poder transitar", agregó. 
El hoy ex secretario de Servicios Legislativos acudió ayer al medio día al Poder Ejecutivo y dijo que fue a aclarar lo que sucede en el Congreso, "porque es importante que se sepa que hubo un procedimiento que fue respetado".

Exigen al gobierno estatal y al Congreso cumplir con los decretos de creación de los municipios indígenas a partir del primero de enero próximo.

Pobladores de Xoxocotla advirtieron de un conflicto social en Morelos si el próximo 1 de enero no se instituyen como municipio indígena, además de Coatetelco y Hueyapan.
"Se viene una movilización muy fuerte, yo creo que no nada más Xoxocotla, si viene este tipo de situación yo creo que también afectaría a Coatetelco y Hueyapan, exigimos que se cumpla tal y como es. Yo creo que se viene una movilización muy grande que puede afectar al estado", manifestó Gregorio Jiménez Solano, secretario del Concejo Municipal de Xoxocotla
Sostuvo que las autoridades del gobierno estatal y diputados locales sólo han dado "pretextos" para que no se cumpla con los decretos de creación de los municipios indígenas, aprobados desde noviembre del 2017.
"Se están echando la bolita tanto gobierno como Congreso del estado, son sólo excusas", agregó.
Aseguró que existen las bases legales para que puedan empezar a funcionar como administración municipal el próximo año y lo único que se requiere, es que se apruebe un presupuesto adecuado para 37 y no 33 municipios.
El secretario, junto con el resto de los integrantes del Concejo Municipal y otro grupo de pobladores acudieron ayer al Congreso del estado, para pedir a los legisladores que avancen en el tema presupuestal, pues queda poco tiempo para que empiecen a operar como municipio. 
Al Poder Legislativo también llegaron integrantes del Comité de Asuntos Indígenas, que solicitó al Congreso local se cree la "secretaría estatal de asuntos indígenas".

José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo, Ana Guevara Ramírez, Blanca Nieves Sánchez Arano, Marcos Zapotitla Becerro, Keila Figueroa Evaristo, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Díaz Roca impidieron con su ausencia los trabajos de la Legislatura.

Por la ausencia de once diputados, fracasó un nuevo intento de la Mesa Directiva del Congreso del estado por reanudar la sesión ordinaria que se suspendió desde la semana pasada y en la que se busca aprobar la solicitud de prórroga que presentó el Poder Ejecutivo para entregar la propuesta del Paquete Económico 2019, hasta el 15 de diciembre próximo.
El presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez advirtió que iniciará acciones jurídicas en contra de los legisladores que no atendieron a la convocatoria de la sesión ordinaria, programada para las 12 del día de ayer. 
Cerca de las 4 de la tarde, el presidente del Congreso reanudó la sesión ordinaria que inició el jueves 15 de noviembre. Sin embargo, en el pase de lista sólo nueve legisladores se encontraban en el Pleno y Sotelo Martínez pidió a la Secretaría de Servicios Legislativos buscar en las instalaciones del Congreso a los diputados faltantes.
Tras varios minutos, la secretaría informó a la Mesa Directiva de la ausencia de los diputados, lo que obligó a que se suspendiera la sesión por enésima ocasión. 
Se trató de los diputados del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza y José Luis Galindo; de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; de Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano; de Marcos Zapotitla Becerro y Keila Figueroa Evaristo, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Rosalina Mazari Espín, del Revolucionario Institucional (PRI); Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Naida Díaz Roca, del Partido Social Demócrata (PSD).
Los diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN), en rueda de prensa, advirtieron que no permitirán ningún "chantaje" para avanzar en el tema presupuestal y afirmaron que no hay ningún impedimento legal para que se apruebe la prórroga solicitada por el Ejecutivo.
El presidente de la Mesa Directiva informó que iniciará acciones jurídicas para sancionar a los diputados que se negaron a acudir a la sesión ordinaria y cuyo propósito es empantanar el tema presupuestal.
Sotelo Martínez admitió por primera vez que existe el riesgo de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no pueda presentar su primera iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 y tenga que trabajar con el presupuesto que se aprobó para este año, en base a las necesidades del gobierno que encabezó Graco Ramírez. 

El Congreso del estado iniciará procedimientos administrativos en contra de exdiputados integrantes de la LIII Legislatura que presuntamente ocultaron, retuvieron o desaparecieron información y documentación oficial, lo que impidió que se concretara el proceso de entrega-recepción.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que nunca inició la entrega-recepción como lo marca la ley, ya que no sólo no hubo disposición de los exlegisladores para cumplir con su obligación, sino que nunca se entregó la documentación necesaria para lograr dicho proceso.
Dijo que la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa, entregó 28 fojas "que sólo contenían archivos de correspondencia y de asuntos relacionados con solicitudes de pensiones".
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) detalló que la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del estado, en sus artículos 14, 15 y 17, señala que el citado proceso debe realizarse de titular a titular, y siempre hubo resistencia por parte de los exlegisladores, "lo que significa que no se ha iniciado con la entrega-recepción, en lo individual, área por área y, por tanto, no se cuenta con la documentación que se pueda observar".
Ante tales violaciones a la ley, el presidente de la Mesa Directiva confirmó que se iniciarán procedimientos administrativos en contra de exlegisladores y se hará en cada área del Congreso local, además de las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, desde el inicio de la LIV Legislatura.
"Dejar en claro que no se han vencido los plazos y que este es un asunto de legalidad y tiempo, no de política y mediático", manifestó Sotelo Martínez ayer, cuando se cumplieron 45 días hábiles -desde el 12 de septiembre- que inició de manera general el proceso de entrega-recepción y que, insistió, nunca se concretó.

Está pendiente aprobar la solicitud de prórroga para que el gobierno del estado entregue la propuesta de presupuesto 2019 hasta el 15 de diciembre.

La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado convocó a los legisladores a retomar la sesión ordinaria del jueves pasado en la que se votaría la solicitud de prórroga entregada por el Poder Ejecutivo para presentar la propuesta de Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre próximo. 
El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que nunca se violó el proceso legislativo para dejar abierta la sesión ordinaria de hace una semana y con ello aprobar la prórroga solicitada por el Ejecutivo en tiempo y forma.
Para el legislador del Partido Encuentro Social (PES), los legisladores que conformaron un bloque de nueve sólo intentan confundir a la ciudadanía al señalar que no se respetó el proceso legislativo y, por tal razón, que el gobernador ya no podría hacer uso de su facultad para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez confió en que hoy sí haya la disposición de sus homólogos para sesionar y evitar que se postergue otro día más la sesión por falta de quórum.
Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que no habían sido notificados del desarrollo de la sesión ordinaria, sin embargo, aseguró que existe la disposición del bloque de nueve diputados por entablar una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo, como lo informó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.
Admitió que hubo omisión del Poder Legislativo en atender a la solicitud de prórroga del gobierno estatal, al no haber sesionado la semana pasada.

Líderes de cámaras piden a la Legislatura entregar resultados;  solicitan a diputados hacer a un lado los intereses personales.

Empresarios y comerciantes de distintas cámaras y consejos consideraron que tras más de dos meses y medio en funciones, la actual legislatura local tiene la obligación de empezar a entregar resultados a la ciudadanía y sobre todo mostrar compromiso y responsabilidad en su desempeño.

Ángel Adame Jiménez del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Salgado Patiño de Canacope y Antonio Sánchez Purón de Canaco, manifestaron que “estamos haciendo un llamado a los diputados, a fin de que depongan sus intereses personales o de grupo y muestren voluntad para sacar temas fundamentales para la vida económica de la entidad”.

Salgado Patiño expresó que “es una vergüenza lo que venimos observando, no hay unidad, parece que cada quien trae sus propios intereses y jala para donde quiere, cuando lo que se requiere es unidad y esfuerzo en coordinación para salir adelante”.

Incluso la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, así como el presidente de la mesa directiva José de Jesús Sotelo, a nombre del Poder Legislativo les corrieron una invitación, a fin de tener una reunión para tratar asuntos del interés de cámaras de comercio y empresariales, pero únicamente el líder de la Canaco, Antonio Sánchez Purón, llegó, acompañado del consejero jurídico del CCE, pero nadie más quiso asistir, como una muestra de inconformidad por todo lo que está pasando.

Adame Jiménez manifestó que si bien es cierto que los dos puentes largos recientes por el Día de Muertos y el Buen Fin dejaron algunos beneficios en la entidad, la absoluta mayoría de los emprendedores siguen teniendo serias dificultades financieras para resolver sus necesidades y por eso es asunto de primera necesidad reactivar los fideicomisos y como que los legisladores no dan color a ese respecto.

Bueno, acotó, por lo que se sabe, todo ese desajuste que traen en la cámara pareciera ser la razón por la cual, la entrega de la propuesta del paquete presupuestal para el 2019, se ha aplazado y eso da fe de la situación por la que pasa el recinto.

Todo esto, agregó, sí causa incertidumbre en todos los sectores y no abona para nada en la recuperación de la confianza que se necesita para poder pensar en cosas mejores, sin embargo, se sigue aguantando con la esperanza de que los señores entren en razón y ofrezcan resultados a los morelenses.

Ni siquiera pueden sesionar; un bloque tiene 11 diputados y el otro nueve, lo que no alcanza para tomar decisiones trascendentes.

Ante un Congreso del estado fracturado existe el riesgo de una parálisis legislativa a menos de un mes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura. 
Ayer fracasó un enésimo intento de la Mesa Directiva por llevar a cabo una sesión ordinaria que se suspendió desde el jueves de la semana pasada, y en la que se atenderían varios asuntos, entre los que se encuentra la solicitud de prórroga presentada por el Poder Ejecutivo para entregar el Paquete Económico 2019  hasta el 15 de diciembre, así como la propuesta para solucionar el conflicto en el municipio indígena de Hueyapan por la integración del Concejo Municipal.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, descartó una parálisis legislativa, a pesar de que los dos bloques de legisladores en los que se ha dividido el Congreso local no han podido ponerse de acuerdo para sesionar en el Pleno.
El diputado local admitió que existen temas urgentes por resolverl como es fijar las bases para instituir los municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan. También, refirió, deben avanzar en la propuesta para remover al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Víctor Loredo Méndez 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, dijo que también es urgente atender la petición de los empresarios para reactivar los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).
El primer periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura concluye el próximo 15 de diciembre y los votos de los 20 legisladores se encuentran divididos en dos bloques, uno de 11 legisladores y el otro de nueve diputados.

Dirigentes de organizaciones transportistas insisten en el llamado a terminar con el servicio irregular y la anarquía propiciados por la anterior administración.

Dirigentes de distintas organizaciones de transportistas, tanto de taxis como de colectivos, particularmente de las regiones oriente y surponiente de la entidad, insistieron en que es urgente instalar una mesa de diálogo con las autoridades para poder –conjuntamente- buscar remedio a la anarquía que continúa vigente en ese sector.

Permisionarios como Víctor Mata Alarcón, Víctor Lara Alarcón, Aurelio Carmona, Jesús Arizmendi y Ricardo Morales, de la Sección 15 de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), coincidieron en que el estado de cosas que guarda el sistema de transporte público en la entidad es de descomposición y desorden.

“Muy en particular, se deben investigar hechos como los ocurridos en Huitzilac, donde a un compañero le quemaron su unidad y se presume de presencia de grupos de la delincuencia en los hechos”, recordó Mata Alarcón. Al respecto, señaló que aún no se deslindan responsabilidades del caso, porque el tema está en manos de las instancias gubernamentales competentes.

Pero Lara Alarcón y Aurelio Carmona insistieron en que la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá aplicar una limpia en serio, ante la presencia de miles de unidades irregulares que siguen trabajando, en un mayor número, en la parte oriente de la entidad porque las condiciones se facilitan para ello; hay menos vigilancia policiaca y de inspección de parte de la dependencia.

Ricardo Morales consideró por ello es importante que se instale una mesa en la que estén representados funcionarios de algunas dependencias y representantes de organizaciones legalmente constituidas para analizar la problemática general que priva al respecto.

Todos se dijeron preocupados por lo que pasa y sostuvieron que el Congreso del estado deberá promover algunas iniciativas en materia con el apoyo del gremio para recomponer las cosas, porque “hemos sido severamente golpeados por el gobierno anterior, que le dio uso electoral a todo tipo de trámites y gestiones”.

Se mostraron en respaldo del titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, porque consideraron que cuenta con la experiencia para enderezar las cosas, pero insistieron en un diálogo directo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. La posición unánime fue en el sentido de que se deberá seguir combatiendo la irregularidad, a pesar de resistencia de algunos sectores con intereses poco claros.

El Congreso del estado se encuentra fracturado, derivado de una lucha entre las fuerzas políticas por los órganos de control. Dicha situación ha retrasado la aprobación de una prórroga, a favor del Poder Ejecutivo, para que presente la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre. 

Hasta hoy, la sesión ordinaria que inició el jueves pasado, y en la que el Pleno votaría la solicitud del gobernador del estado, se encuentra suspendida.

El Partido Encuentro Social (PES) rompió acuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y sus aliados del Partido Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), lo que le ha valido perder los votos para aprobar la prórroga de 30 días al Poder Ejecutivo.

De manera extraoficial se ha informado que el bloque de los siete diputados que conformó el PT, pretende condicionar sus votos a cambio de tener mayor control en el Congreso del estado.

Por el contrario, el PES busca aliarse con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sólo por el tema presupuestal sino para remover de la Junta Política y de Gobierno a Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del PT. 

Ninguno de los tres bloques por sí mismos tienen los 14 votos necesarios para avanzar en la aprobación de temas importantes, de ahí que la sesión ordinaria del jueves podría prorrogarse hasta la próxima semana.