A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que este lunes el alcalde Rafael Reyes Reyes dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación del “Paseo de la Rosa”, obra que consistirá en el mejoramiento de 400 metros lineales de la capa de rodamiento de la vialidad.

Lo anterior, con el objetivo de hacer más seguro el tránsito peatonal y vehicular de dos mil 800 vecinos de la unidad habitacional “La Rosa”.

Reunido con habitantes del centro de la población, el presidente municipal resaltó que ante un momento complicado e inédito, lo que menos pueden ser las autoridades es ser omisas a las demandas ciudadanas, es por esa razón que se trabaja de manera conjunta para construir espacios en donde se pueda vivir mejor.

El edil de Jiutepec destacó las acciones de equipo que realizan tanto los miembros del Cabildo como los funcionarios públicos, las autoridades auxiliares (delegados y ayudantes municipales) y los presidentes de consejo de participación social para poder resolver muchos de los problemas que se presentan en la demarcación.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro, Francisco Javier Sierra Posadas, compartió que los trabajos tendrán una duración de tres semanas y se tienen considerados el retiro de escombro, tendido y compactación de carpeta asfáltica de 400 metros de largo por ocho de ancho, así como el balizamiento y señalización.

Durante el ejercicio 2020 en la unidad habitacional “La Rosa”, el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) conectó 502 tomas de agua potable, realizó la conexión de 70 metros de drenaje sanitario, limpió la red de alcantarillado mediante un camión Vactor y dio mantenimiento a la bomba del tanque, entre otros.

Al banderazo de inicio de los trabajos que realizará la administración municipal asistieron los regidores Edith Flores Diego, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Gonzalo Epifanio Durán Vargas, Christian de Gante Fuentes, Gloria Marlen Ramírez Velázquez y Abrahan Jair Domínguez Espina, así como la presidenta del consejo de participación social de la unidad habitacional “La Rosa”, María Teresa Chávez Martínez”.

Integrantes del Foro Morelense de Abogados se sumaron esta mañana a la exigencia a los magistrados del Poder Judicial a reabrir los juzgados al público, y no sólo atender los casos en línea.

Pedro Martínez Bello, presidente de dicho foro, afirmó que la justicia seguirá detenida y esto, dijo, se presume es en beneficio de cuatro magistrados cuyos cargos ya vencieron "pero siguen tomando decisiones" al interior del Poder Judicial.

Por ello, dijo que es urgente que el Congreso del estado se pronuncie e inicie el proceso de designación de los seis magistrados, tras la resolución de la Corte que dejo sin efectos su nombramiento por 20 años.

El resto opera al 25 por ciento de su capacidad.

La Asociación de Hoteles del Estado confirmó que el la tercera parte de las empresas de alojamiento está cerradas, a un mes de que se decretó el semáforo naranja y se reactivó de manera escalonada la actividad económica en Morelos.
Nancy Ortega Romero, presidenta de la asociación,  informó que sólo 58 de las 83 hoteles adheridos funcionan y lo hace a un 25 por ciento de su capacidad, a causa de la baja ocupación.
Explicó que sólo reportan una ocupación del 10 por ciento, lo que les impide, incluso solventar sus gastos de nómina y el pago de los servicios básicos.

Esta situación, admitió, ha causado la pérdida de tres mil empleos directos, ya que los hoteleros no pudieron seguir solventando la nómina, al permanecer cerrados o con una ocupación mínima.
"Un gran número no han podido reabrir, están en espera de poder reactivar. Es una gran inversión la aplicación de los protocolos y  ha sido complicado reabrir. Estos hoteles aún no se han declarado en quiebra pero siguen sin abrir”, declaró.

La empresaria reclamó a la titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Margarita González Saravia, el mínimo interés para atraer visitantes al estado, ya que hasta el momento no se ha impulsado ninguna campaña de promoción para Morelos con el fin de aminorar el daño económico causado por la emergencia sanitaria. 
“Lo único que nos dijeron es que habría una publicidad en medios pero no hemos visto nada al respecto y por la pandemia el sector ha sido muy golpeado y los apoyos de Fondo Morelos pero lamentablemente no todos han sido beneficiado y como sector hemos sido olvidados”, aseveró.

Nancy Ortega manifestó su confianza en que al decretarse el semáforo amarillo para la entidad repunte la llegada de turistas. De lo contrario, el panorama para las empresas podría ser más complicado.

Con la pandemia se incrementó ese servicio irregular: Rivera Jaimes.

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) se quejó por el incremento del número de taxis que prestan servicio como colectivos en la zona conurbada de Cuernavaca.
De acuerdo con el líder transportista, este servicio irregular ya operaba desde hace muchos años, pero aumentó durante los últimos meses, a consecuencia de la emergencia sanitaria.
Rivera Jaimes dijo que pedirán una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para que se implementen operativos y se combata a los taxis que operan fuera de la ley.
El presidente de la Federación Auténtica del Transporte afirmó que lo más grave es que se presume que los taxis están protegidos por presuntos delincuentes "para que presten el servicio sin ningún problema".
"Le queremos pedir al comisionado (José Antonio Ortiz Guarneros) que apoye si hay un operativo por parte de la Secretaría de Movilidad, que esté al pendiente, porque en muchos lados no puede ir a hacer operativos porque se dice que hay alguien que protege", manifestó.
Rivera Jaimes mencionó que no se tiene un número exacto de las unidades con concesión para prestar servicio sin itinerario fijo que operan como colectivos, pero insistió en que aumentó en los últimos meses.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer la reapertura de dos comedores comunitarios, por parte del DIF municipal, ubicados en las colonias Centro y Ampliación San Isidro.

A través de un video, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jiutepec, Lizzeth Torres Manjarrez, informó que a partir del próximo miércoles cinco de agosto se reaperturan dichos comedores comunitarios.

La funcionaria municipal refirió que en atención a la instrucción del alcalde Rafael Reyes Reyes y con la finalidad de apoyar la economía de las familias del municipio es que se tomó la determinación de reabrir los dos primeros espacios de su tipo, en los cuales la población podrá adquirir, por una cuota de recuperación de 20 pesos, una comida.

Los comedores comunitarios que serán reaperturados están ubicados en las instalaciones del DIF Jiutepec (par vial Tezontepec s/n) y en Ampliación San Isidro (calle Lauro Ortega esquina con calle 20 de Noviembre); proporcionarán servicio en un horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Lizzeth Torres indicó que con el objetivo de cuidar la salud de los vecinos, el servicio será únicamente para llevar, por lo que solicitó acuda una persona por familia, con recipientes para trasladar los alimentos y cubrebocas.

Para mayor información se pone a disposición el teléfono 777-2446331.

Buscar competir contra Uber a partir de agosto.

Integrantes de la Federación Estatal del Transporte en Morelos se sumaron a la aplicación "Win Rideshare México para competir con "Uber" y otras empresas, y prestar el servicio público mediante el uso del celular.
Ante la reducción de la afluencia de pasajeros hasta en un 50 por ciento a consecuencia de la pandemia de covid-19, los taxistas pretenden operar mediante el uso de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con Silvestre Mendoza Villalobos, presidente de la Federación Estatal del Transporte, "Win" ya funciona en la Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez, Chihuahua y prevén que llegue a Morelos en el mes de agosto.
"Estamos a 100 conductores de cumplir con el trámite de los mil choferes que deben registrarse en la aplicación para que pueda operar y competir con otras aplicaciones que ya existen", señaló.

Mendoza Villalobos explicó que a diferencia de Uber, Didi y otras aplicaciones, Win les permitirá sumarse como accionistas y ganar hasta el 10 por ciento de las ganancias por recomendar a otros choferes y a usuarios.
De igual forma, el líder transportista mencionó que acudirán ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para registrarse como empresa de transporte que opera mediante la aplicación de celular y de esta forma trabajar como concesionarios.

Las quejas de los taxistas en Morelos en contra de Uber se deben, principalmente,  a que no paga ningún derecho ante la SMyT,  a diferencia de un concesionario del transporte público.
"Nosotros queremos invitar a más choferes a que se sumen y trabajemos de esta forma y hacer la competencia a las otras aplicaciones que no pagan", añadió

Vecinos de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca protestaron por enésima ocasión por la falta de agua potable y por los altos costos en el servicio público.

Cerca de las nueve de la mañana, los ciudadanos bloquearon los carriles de norte a sur del paso exprés, a la altura de la mencionada colonia, inconformes porque durante más de dos días no contaron con el suministro del líquido.
Señalaron que el Sistema de Agua Potable y Alcantarilla de Cuernavaca (SAPAC) no pagó el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y eso propicio que no tuvieran agua. Sin embargo, el organismo difundió que el problema con la CFE corresponde a adeudos heredados por otras administraciones, a los que finalmente se le encontró un arreglo -al menos en el caso de los pozos que abastecen  la zona de la colonia Barona- para restablecer el servicio.

"En plena pandemia nos cortan el agua... muchos negocios tuvieron que cerrar por la falta de agua, porque no pueden estar abiertos así", se quejó  Alejandro García, uno de los vecinos de la Antonio Barona.
Sobre la autopista, las personas inconformes quemaron llantas viejas y tras más de dos horas finalmente dialogaron con las autoridades del SAPAC.
"Tuvimos que tomar esta medida porque no nos hacían caso y en plena pandemia no podemos estar sin agua", añadió el ciudadano Alejandro García.
Acordaron que el servicio se reestablecería este viernes y el SAPAC revisará también los altos cobros aplicados a los usuarios de la colonia.
Durante la emergencia sanitaria, los vecinos de la Antonio Barona han protestado en al menos tres ocasiones por la falta de agua y también por el incremento excesivo en las tarifas del servicio.

ATIENDE SAPAC A USUARIOS INCONFORMES  

Por la tarde, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca envió un comunicado en el que informaba de los detalles del arreglo con los vecinos de la populosa colonia:

“Derivado de que el día de ayer se realizó el corte de energía eléctrica al pozo de agua que surte a la colonia Antonio Barona, este viernes vecinos de la citada colonia realizaron un bloqueo en el libramiento de la autopista Cuernavaca-Acapulco conocido como Paso Expres a la altura de la misma colonia.

Ante esta situación, por instrucciones del Encargado de Despacho de la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC ), Jaime Tapia Rodríguez, funcionarios del organismo, encabezados por Yarely Jaimes García, se apersonaron en dicho lugar, con la finalidad de dialogar con los inconformes.

La servidora pública les compartió que se trata de un problema heredado de la administración anterior, misma que suspendió el pago de suministro de energía eléctrica. Que los convenios se han cumplido, pero que el organismo se ve imposibilitado a pagar el adeudo histórico de más de 111 millones de pesos que no se atendió por otros gobiernos municipales.

El SAPAC, informó Tapia Rodríguez, ha cumplido de manera puntual con los pagos acordados con la Comisión Federal de Electricidad y con el fin de solucionar esta situación, se tuvo un acercamiento con el Superintendente de la CFE , Ángel Ochoategui para llegar a un acuerdo y poder reanudar el flujo de energía eléctrica para proceder a normalizar el suministro de agua, lo que ya ocurrió.

El presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázarez González, informó que se prevé un nuevo recorte en las participaciones federales, lo que -dijo- impactaría gravemente en las finanzas de los municipios.

El alcalde de Zacualpan de Amilpas refirió que en días pasados se reunieron con el hasta ayer titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para conocer del monto que recibirá cada municipio del Fondo de Entidades Federativas (FEIEF), como un adelanto de participaciones, y allí se les notificó del posible recorte a causa de la baja recaudación que a nivel federal y estatal se ha registrado por la pandemia.
"El secretario nos adelantó que habrá otro recorte para el mes de octubre", declaró el edil, quien advirtió que eso podría significar el colapso para las finanzas de los municipios.

Además, el presidente de la Junta de Gobierno del Idefomm sostuvo que el adelanto de participaciones que solicitó el Poder Ejecutivo a la Federación a partir de los recursos disponibles en el FEIEF es insuficiente para el gasto millonario que los municipios han hecho para hacer frente a la emergencia sanitaria.

"Son recursos para el combate a la contingencia... pero yo comentaba al secretario de Hacienda que es prácticamente nada, porque a Zacualpan le corresponden 600 mil y yo me he gastado casi dos millones y medio hasta el mes de junio, 600 mil no es nada", manifestó.

"En el caso de Cuernavaca le tocan un millón 600 mil pesos y también dijo que es insuficiente para 350 mil habitantes,  o sea, les está tocando 11 pesos por persona", añadió.
Cázarez González refirió que seguirán aplicando medidas de austeridad para enfrentar la crisis financiera.  Sin embargo, no descartó que la mayoría de los municipios concluya el año colapsados y con problemas jurídicos y laborales por los recortes de personal que se han visto obligados a realizar.

Defraudaron a ciudadanos e intentaron hacerlo con al menos un alcalde de la zona sur del estado.

Falsos gestores de programas sociales federales defraudaron a ciudadanos e intentaron hacerlo con al menos un alcalde de la zona sur del estado, aseguró el delegado de la Secretaría de Bienestar Social, Hugo Eric Flores Cervantes.
En entrevista, el funcionario federal informó que aunque los fraudes a ciudadanos se detectaron también en los municipios de Tlaltizapán y Amacuzac,  fue en Puente de Ixtla donde se confirmó que cientos de personas pagaron 100 y hasta 500 pesos para acceder a apoyos como los que ofrece la beca "Benito Juárez" y otros programas federales.

Incluso, reveló que los falsos gestores intentaron acceder a los gobiernos municipales y ofrecieron a los alcaldes "trabajar con ellos" para facilitar a la ciudadanía el acceso a los programas.
"Estos defraudadores llegan a niveles insospechables y reveló que intentaron engañar a un alcalde, con quién se comunicaron para ofrecerle trabajar juntos y pidieron su apoyo para la entrega de estos recursos", manifestó el funcionario federal.

Flores Cervantes refirió que el edil de la zona sur fue quien lo contactó y le confirmó el hecho, aunque se negó a revelar el nombre del alcalde.
En una grabación que presentó como prueba el presidente municipal ante la delegación de Bienestar Social se confirma la forma de operar de los presuntos delincuentes.
"Me comunico con usted, yo soy el licenciado Aldair Andrade Cisneros, yo soy coordinador en la región número siete de Bienestar que comprende varios estados del centro de la república, a su vez yo también soy, este, delegado para la obtención de recursos a fondo perdido de la Secretaría de Economía”, se escucha en el audio, que fue un mensaje de voz que recibió el alcalde vía WhatsApp.
Y continúa parte del mensaje de voz: “Creo que hasta podemos trabajar juntos, si usted me lo permite y podríamos encontrar algún beneficio, ¿No? Mi único beneficio es trabajar, llegar con este tipo de apoyos hacia la ciudadanía derivado de la crisis de la pandemia y la crisis económica que se está suscitando”.

El delegado federal Hugo Eric Flores alertó a la ciudadanía y a las autoridades municipales de la forma de operar de los falsos gestores y afirmó que se procederá en consecuencia, para evitar más engaños a la ciudadanía utilizando los programas federales.

Para el Congreso de Morelos el tema no es prioritario, señala.

La presidenta de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) admitió que la despenalización del aborto no es un tema prioritario para el Congreso de Morelos.
Dalila Morales Sandoval. celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que desechó el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz.

Al respecto,  la legisladora local descartó que la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo en Morelos pueda avanzar en la LIV Legislatura.
Morales Sandoval sostuvo que entre las fuerzas políticas que integran el Congreso local existen más coincidencias en contra de legalizar el aborto que de avanzar en el tema.
Por ello, la diputada panista aplaudió que el proyecto que discutió la Corte no haya avanzado, pues implicaba una "ruptura de la división de poderes", al pretender obligar al Congreso de Veracruz a legislar en favor de la interrupción del embarazo.

En este sentido, manifestó que es una facultad exclusiva de las legislaturas locales discutir y votar la legalización del aborto, aunque afirmó que en el Congreso de Morelos  no es un tema prioritario ni de agenda.
"Yo veo en el sentido local una situación ahorita más reservada en ese tema y sobre todo dedicada a los pendientes que tenemos. Yo creo que no es un tema que se estará tocando en estos días y yo veo el tema más cargado en favor de ‘la vida’ (como genéricamente llaman los grupos de derecha a oponerse a la interrupción legal del embarazo) en el estado de Morelos", declaró.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer que el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua (SCAPSJ) municipal otorgará descuentos del 100 por ciento en recargos, gastos de cobranza y gastos de limitación a favor de comercios que cuenten con medidor.

Miguel Eduardo Barrios Lozano, director general del SCPASJ, informó que en cumplimiento a la indicación del alcalde Rafael Reyes Reyes y con la finalidad de apoyar la economía de los propietarios de establecimientos que están reiniciando sus actividades, es que se pone en marcha la campaña.

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Comercialización del Sistema de Agua de Jiutepec, aproximadamente tres mil 558 usuarios correspondientes al giro comercial podrían ser susceptibles de recibir los beneficios en el pago del servicio del vital líquido.

Para quienes estén interesados en participar en el programa de descuentos se pone a disposición el número de teléfono 777-3190086; asimismo, se les invita a acudir a la oficina del SCAPSJ, ubicada en calle Motolinía 5 en la colonia Jiutepec Centro.

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, hizo un llamado a la Secretaría de Educación del estado a establecer un sistema educativo virtual con alcance para todos los estudiantes de nivel básico.

Lo anterior, ante el anuncio hecho por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) sobre la suspensión de actividades escolares presenciales hasta que haya condiciones para el regreso a las aulas.

La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que el uso de las nuevas tecnologías no debe ser limitativo para que todos los estudiantes reciban una educación equitativa.

Es que refirió que en Morelos aún existen muchas comunidades donde no se tiene acceso a la red de internet, o bien los estudiantes no cuentan con una computadora o tableta.

De igual forma, la legisladora dijo que se vigilará que se respeten los derechos de los maestros, pues existen denuncias de profesores que al inicio del periodo de confinamiento tuvieron que trabajar horas extras.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz.

Sobre el tema, Morales Sandoval sostuvo que el proyecto planteaba una "ruptura de la división de poderes", al pretender obligar al Congreso de Veracruz a legislar en favor de la interrupción del embarazo.

La legisladora, quien dijo es defensora de la vida, sostuvo que no está en contra de que en Morelos se discuta la legalización del aborto; sin embargo, adelantó que no es un tema prioritario para el Congreso estatal.

Empresarios calificaron como irresponsable la determinación del edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de llevar a cabo la feria de Tlaltenango cuando en Morelos existe un alto índice de contagios de coronavirus.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León, sostuvo que sería incontrolable la presencia de miles de ciudadanos y que éstos respeten las medidas de seguridad sanitaria, como la sana distancia.

Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, afirmó que la determinación del alcalde es totalmente incongruente con las acciones que se aplican para tratar de salir de la pandemia.

La mitad son de Morelos.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) Martín Curiel Gallegos, confirmó que 20 trabajadores del organismo fallecieron por covid-19 a nivel nacional durante los últimos meses, de los cuales 10 son de Morelos.

En entrevista, el líder sindical informó que durante la pandemia, 300 trabajadores resultaron enfermos por coronavirus, de los cuales actualmente siguen hospitalizados 25 y 300 más son casos sospechosos.
Señaló que la alta incidencia de casos de morelenses fallecidos por el virus se debe a que un gran número de los trabajadores del estado fueron enviados a otras casetas o campamentos, ante la emergencia sanitaria.
Derivado de la situación, 800 empleados siguen trabajando desde casa por considerarse como grupo vulnerable al contagio. Sin embargo, Curiel Gallegos refirió que se evalúa si el próximo tres de agosto regresan a las oficinas con el resto de los siete mil trabajadores.

Para ello, explicó que se reforzarán las medidas de seguridad sanitaria para evitar más contagios.
"Se está evaluando si se reanudan las actividades para todos o se deja otros 15 días más resguardando a la gente. El 85 por ciento está trabajando, mi gente no se ha rajado, las carreteras son prioridad, los accidentes son prioridad, el arrastre de vehículos", añadió.

Los nuevos integrantes del Consejo Nacional determinarán las alianzas que hará el Sol Azteca con otros partidos políticos de cara al próximo proceso electoral.

El próximo ocho de agosto la militancia perredista renovará su consejo nacional y posteriormente a los estatales, rumbo a las elecciones del 2021.
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Matías Quiroz Medina, informó que estos cambios serán importantes para la elección de los precandidatos y candidatos para las alcaldías y diputaciones locales.
De igual forma, los nuevos integrantes del consejo nacional determinarán las alianzas que hará el Sol Azteca con otros partidos políticos para competir en el próximo proceso electoral.
"El PRD se encuentra en este proceso de transición y corresponderá a los consejeros de todo el país escuchar y transmitir la voz de todos los perredistas a nivel nacional para poder definir cuál puede ser esa política de alianzas con otras instituciones", agregó.
Quiroz Medina dijo que no se descartan alianzas con ningún partido, hasta en tanto se concreten los cambios en el PRD.
La renovación del consejo nacional y de los estatales se ha postergado desde las elecciones del 2018, cuando se habló de la necesidad de realizar un cambio profundo en el partido. Sin embargo, se prevé que ese proceso inicie el sábado ocho de agosto.

En un comunicado, el Congreso de Morelos informó a los poderes del estado, entidades y organismos públicos autónomos locales que recibirá los informes respecto a la cuenta pública estatal, en un horario de las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, los días miércoles 29 y jueves 30, así como de las nueve de la mañana hasta las doce de la noche, el próximo viernes 31 de julio.

Lo anterior, de conformidad con los ordenamientos citados y demás disposiciones legales en la materia.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"El Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala en su primer párrafo que … “El Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de los informes sobre la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, mismos que se presentarán trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero”.

Asimismo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, en su artículo 4, fracción XIX, señala que se entenderá por Informe de Avance de Gestión Financiera, “al informe que rinden los entes públicos a la ESAF, para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, que comprenderá el periodo del primero de enero al treinta de junio del ejercicio presupuestal correspondiente”.

En ese sentido, el Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, establece en su artículo 2, fracción XIX, lo que comprende el Informe de Avance de Gestión Financiera, “que como parte integrante de la cuenta pública se rinden por las entidades y entes públicos, relativos a los avances físicos y financieros de los programas estatal y municipales aprobados, a fin de que la Entidad Superior fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas”.

En todo momento, este Congreso cumplirá con todas las medidas de prevención emitidas por las autoridades de Salud, y se pide a las personas que acudan a la entrega de dicho documento, de igual manera cumplir con las medidas de higiene".

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que 20 trabajadores fallecieron por covid-19 a nivel nacional durante los últimos meses, de los cuales 10 son de Morelos.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, Martín Curiel Gallegos, informó que durante la pandemia 800 trabajadores resultaron enfermos por coronavirus y 300 más son casos sospechosos.

Derivado de la situación, 800 empleados siguen trabajando desde casa por considerarse como grupo vulnerable al contagio; sin embargo, el próximo tres de agosto regresarán a las oficinas con siete mil trabajadores más.

Curiel Gallegos también mencionó que se seguirán aplicando las medidas de seguridad sanitaria para evitar más contagios.

A partir del seis de agosto, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Policía Vial capitalina, procederá al retiro de más de mil vehículos abandonados en las calles desde hace meses o años.

John Sergio Reséndiz Montes de Oca, director de la Policía Vial municipal, informó que dicha limpieza de vehículos de la vía pública es para evitar focos de infección.

Explicó que previo al retiro de los automotores se dará aviso a los propietarios, con un periodo de 24 horas, para que se los lleven; de no atender al llamado, se procederá a trasladar a las unidades al depósito oficial que se encuentra en la calle 5 de Mayo en la avenida 10 de Abril.

Se trata de vehículos con llantas ponchadas, descompuestos o con parabrisas rotos; para su recuperación, el dueño tendrá que pagar multas por días, superiores a los 400 pesos, además del costo por el arrastre de la grúa.

*Para microempresarios*

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, planteó que los partidos políticos donen sus prerrogativas para la creación de un fondo de ayuda a los microempresarios que están a punto de ir a la quiebra por la emergencia sanitaria.

En entrevista, el empresario lamentó que los partidos políticos ya estén enfocados en el próximo proceso electoral para fijar alianzas e impulsar a sus candidatos al Congreso del estado y los ayuntamientos, mientras la situación financiera de Morelos es crítica.

Sánchez Purón pidió a los actores políticos ser sensibles y destinar parte de los recursos financieros que reciben al rescate de miles de negocios.

El proceso se llevará a cabo de manera transparente: Flores Espinoza.

La designación de seis magistraturas del Poder Judicial desde el Congreso del estado se hará con base al principio de paridad de género que marca la Constitución Política del Estado. Así lo adelantó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza.

En entrevista, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que puede ser en cuestión de días o semanas cuando el Congreso del estado inicie el proceso para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos más del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Explicó que no han podido fijar una fecha para emitir la convocatoria, pues el Congreso está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envíe el engrose sobre los alcances de la resolución que emitió de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por la que se anuló el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.
No obstante, afirmó que el proceso se llevará a cabo de manera transparente y sin dar oportunidad a especulaciones sobre posibles actos de corrupción para la asignación de los seis cargos en el Poder Judicial.
"Un proceso totalmente transparente, abierto a todos los ciudadanos y que vea que quienes se elijan cumplan con todos los requisitos y las características para ocupar un cargo tan importante como el de magistrado. Debe ser transparente para evitar rumores, pero sobre todo debe cumplir con la paridad de género", manifestó.

La legisladora morenista aseguró que se trata de un tema prioritario y si la Suprema Corte entrega el engrose de la resolución en el mes de agosto, se convocará a una sesión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno para emitir la convocatoria, "entonces podríamos estar en condiciones de convocar a un período extraordinario y también sacar todos los temas urgentes del Congreso".

Reportan hasta 20 asaltos al día y continúa el robo de unidades; demandan patrullajes.

En medio de la emergencia sanitaria, el transporte público de pasajeros registró un aumento en el número de asaltos abordo de las unidades. De acuerdo con el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT)  Dagoberto Rivera Jaimes,  a diario los choferes de las "rutas" reportan hasta 20 casos.

El líder transportista refirió que los delitos se cometen a cualquier hora del día y en cualquier colonia de la región metropolitana del estado, a diferencia de hace apenas unos meses, cuando se tenían focalizadas las zonas consideradas como "focos rojos" por la alta incidencia delictiva.

"La  delincuencia ha arreciado, diariamente se registran al menos 20 asaltos  en las rutas, ya es muy común  que  nos llamen (a los concesionarios) los choferes para reportar que acaban de ser asaltados  y pues preferimos que sigan trabajando sin proceder legalmente”, manifestó.

Rivera Jaimes explicó que además de los asaltos, que prácticamente es uno por cada  línea del transporte que operan en la zona conurbada, también continúa el robo de unidades, aunque ha dejado de ser frecuente.
"El último fue hace un mes, nos robaron una ruta y ya no la pudimos recuperar", agregó.

Por ello, dijo que solicitarán una reunión urgente con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de solicitarle que intensifique los patrullajes, ya que la incidencia de asaltos ha ido a la alza.
“Yo creo que sí es importante, y evidente, que el comisionado debe tener un plan  para hacer frente a toda la inseguridad que se está viviendo. Pediremos que su estrategia dé resultados, porque queremos seguridad los transportistas. Se debe de entender que en esta situación de pandemia y la falta de trabajo, hace que la delincuencia salga a buscar su sustento", aseveró.

Establecimientos están cerrados desde hace cuatro meses.

Comerciantes de Tepoztlán denunciaron que,  a cuatro meses de que cerraron por la emergencia sanitaria, el ayuntamiento no les ha permitido reabrir sus negocios, excepto que paguen cinco mil pesos, con el pretexto de aplicar las medidas de seguridad sanitaria para su operatividad.

Los vendedores acudieron este martes hasta el palacio de gobierno en Cuernavaca para señalar las irregularidades que ha cometido el gobierno de Tepoztlán "aprovechándose de la pandemia".
Afirmaron que a pesar que en Morelos se decretó semáforo naranja en cuanto a riesgo de contagios de covid-19, el gobierno que encabeza Rogelio Torres Ortega ha impedido que cerca de tres mil negocios reinicien sus actividades comerciales, mientras que empresas grandes como los hoteles llevan cerca de un mes prestando sus servicios.

"Sólo han abierto hoteles y quienes han podido pagar las cuotas que el mismo ayuntamiento ha fijado. Mientras que a los que no pagamos nos han dicho que vamos a poder reabrir hasta diciembre o enero. Necesitamos que el gobierno estatal y federal voltee a ver a Tepoztlán, que (el Ayuntamiento de) Tepoztlán deje de estar haciendo su agosto con esta situación, porque lo único que está haciendo es generando ingresos para el ayuntamiento", manifestó José Luis Mora Villamil,  vecino de aquel lugar.

Además, los comerciantes inconformes se quejaron por el cerco sanitario que se instaló en los accesos al municipio que, afirmaron,  es más un retén por el que sólo pueden pasar los ciudadanos de Tepoztlán que muestren su documentación que acredite su oriundez y quienes paguen una especie de "moche".
Advirtieron que si el alcalde Rogelio Torres no atiende sus peticiones, a más tardar el próximo sábado, bloquearán los accesos al municipio.

El dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Iván Saucedo Tapia, descartó alianzas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Encuentro Social (PES) rumbo a las elecciones del 2021.

Al respecto, Saucedo Tapia admitió que se han sentado con liderazgos de otros partidos como Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, refirió que es un asunto que analizan a fondo para evitar sumarse con institutos políticos que tienen un descrédito ante la sociedad, como es el caso del PES.

El Congreso del estado definirá fechas para la convocatoria de elección de seis magistrados del Poder Judicial en las próximas semanas, así lo informó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza.

La legisladora explicó que no han podido fijar fecha para iniciar el proceso pues están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envíe el engrose sobre los alcances de la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM), y por la que se anuló el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.

Sin embargo, Flores Espinoza aseguró que es un asunto prioritario, mismo que deberá definirse una vez que reciban el alcance de la SCJN.

El presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, informó que a diario registran un asalto por ruta.

Sobre el tema, el líder transportista refirió que durante la emergencia sanitaria el delito de robo ha ido en aumento y se registra en cualquier colonia y a cualquier hora del día.

Por ello, Rivera Jaimes adelantó que solicitarán una reunión con el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de que se refuercen los rondines en las calles, al tiempo de anotar que tan sólo la noche de ayer registraron un asalto en la colonia La Selva, en el municipio de Cuernavaca.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer que en las próximas semanas darán inicio los trabajos de rehabilitación del mercado municipal que se encuentra en la colonia Centro.

Lo anterior, en cumplimiento al compromiso hecho por el alcalde Rafael Reyes Reyes, en el mes de mayo de 2018, con la finalidad de ofrecer condiciones de competitividad a favor de 65 locatarios, así como brindar comodidad para quienes consumen bienes de primera necesidad.

Entre las obras que se tienen consideradas a realizar está la colocación de impermeabilizante, la demolición y reposición del piso, el cambio de tubería de aguas negras y el rediseño de la línea eléctrica; asimismo el cambio de cables y centros de carga, la construcción de rampas y andadores para gente con discapacidad, la reparación de los baños y la aplicación de pintura en todo el edificio, entre otros.

Se informó que la rehabilitación del inmueble, que data del año 1957, será posible mediante una mezcla de recursos económicos provenientes del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal (FAIS).

La inversión para llevar a cabo los trabajos será de tres millones 499 mil 255 pesos, de los cuales dos millones 799 mil 404 fueron gestionados por el Gobierno de Jiutepec y aprobados por la Junta de Gobierno del Fidecomp, mientras que 699 mil 851 pesos provendrán del FAIS 2020, con la aprobación de los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Coplademun).

La rehabilitación del mercado de la colonia Jiutepec Centro tendrá un periodo de ejecución de 45 días naturales y se trabajará sobre una superficie de mil 250 metros cuadrados.

Finalmente, se refiere que para este año la administración municipal que encabeza Rafael Reyes tiene comprometidas la realización de 44 obras en los diferentes centros de población del territorio.

Comerciantes de Tepoztlán pidieron al ayuntamiento les permita reabrir sus negocios, a cuatro meses de que cerraron por la contingencia sanitaria.

En rueda de prensa en el zócalo de Cuernavaca, este martes, los vendedores dijeron que son tres mil los negocios cerrados y para reabrir les piden una especia de "mordida" de cinco mil pesos, cuando otros establecimientos, como hoteles, abrieron desde que se decretó semáforo naranja.

Los inconformes también denunciaron que el cerco sanitario instalado en la entrada del municipio es sólo un retén donde pueden pasar los que pagan "moches", por lo que advirtieron que si no se les permite su reinstalación van a retirarlo.

Por las solicitudes de pensión que siguen sin votarse.

Diputados locales continúan postergando el cierre del segundo período ordinario del segundo año de la LIV Legislatura, ante el cumulo de decretos pensionatorios que están obligados a aprobar.
La Mesa Directiva convocó a reanudar, la tarde de este lunes, la sesión ordinaria que inició el 15 de julio pasado para el cierre del periodo ordinario. Sin embargo,  la actividad se volvió a posponer "hasta nuevo aviso".
La legisladora morenista Elsa Delia González Solorzano explicó que están obligados a aprobar cerca de 40 decretos pensionatorios para garantizar el derecho de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.
"Tenemos un cúmulo de pensiones que tenemos que sacar antes de que esta administración  salga, tenemos que dar resultados a la gente, gente que tienen cuatro o cinco años con esa pensión en espera", explicó González Solorzano.
Incluso, la legisladora indicó que convocarán a un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto, en el que también deberán desahogar decretos pensionatorios, después de que el Congreso del estado estuvo cerrado por cerca de cuatro meses por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, además de los asuntos laborales, los diputados también deberán llevar a cabo el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial, de dos comisionados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Más de 20 mil demandas están detenidas por el cierre del Poder Judicial durante cuatro meses.

El abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado advirtió de un posible colapso en el Poder Judicial por el ingreso masivo de asuntos cuando se reanuden las actividades en los juzgados de Morelos, a partir del próximo tres de agosto.
El jurista indicó que más de 20 mil demandas están detenidas en los despachos jurídicos por el cierre del Poder Judicial por cerca de cuatro meses, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
Sotelo Salgado sostuvo que es "ilógico e inadmisible" que los juzgados del estado permanezcan cerrados, pues afirmó que la impartición de justicia es una actividad esencial y que esté detenida afecta a miles de ciudadanos.
Sotelo Salgado manifestó que los juzgados no pueden permanecer más tiempo inactivos, pero por la alta incidencia en casos de covid-19 planteó que sean reabiertos de manera escalonada y con la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria.
"En Morelos nos califica el semáforo naranja al igual que en la Ciudad de México. Allá ya abrieron los tribunales, ya están recibiendo demandas, la Oficialía de Partes ya está recibiendo peticiones de los litigantes, entonces en Morelos no se justificaría que siga cerrado", expresó.
Refirió que ante la carga de trabajo que tendrá el Poder Judicial y la falta de seis magistrados, cuyo cargo ya venció por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será necesario que se establezca un plan extraordinario para dotar a los juzgados de los recursos materiales y humanos que requieran y sacar adelante todas las demandas.
Para ello, también confió en que el Congreso del estado no se lleve más de un mes en designar a los nuevos magistrados.
Explicó que los juicios que se abrirán son en su mayoría de civil, laboral y mercantil como consecuencia de la declaración del estado de emergencia.

*Y el Gobierno de Morelos*

Empresarios hicieron un llamado al Congreso local a que autorice un segundo convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur, para reactivar el transporte ferroviario en Morelos.

Ángel Adame Jiménez sostuvo que están en riesgo más de 100 millones de pesos que se invirtieron desde la pasada administración pública para rehabilitar las vías del ferrocarril.

Adama Jiménez manifestó que es "muy lamentable que los diputados no hayan tenido la capacidad" de haber desahogado el proyecto, mismo que también permitirá la reactivación económica de Morelos en medio de una emergencia sanitaria.

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, manifestó su preocupación por el aumento de casos de covid-19 en Morelos.

Por ello, hizo un llamado a los ciudadanos a asumir su responsabilidad y respetar las medidas sanitarias, y también a las autoridades municipales y estatales a asumir su responsabilidad para evitar que la situación se complique aún más.

El también rector de la catedral de Cuernavaca dijo que se trata de una responsabilidad de todos, y es necesario "reeducarnos" para enfrentar esta emergencia.

Toral Nájera sostuvo que si la situación se agrava muchas actividades tendrá que suspenderse nuevamente, como son las eucarísticas.

Vacían casas y negocios en diversas colonias de forma planeada, asegura empresario, y pide combatirlas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, alertó sobre la operación de bandas criminales en Cuernavaca que se dedican a asaltar negocios y viviendas.
De acuerdo con el empresario, estos delitos aumentaron a raíz de la emergencia sanitaria y se han registrado con mayor incidencia en las colonias Centro, Reforma, Lomas de la Selva y Lomas de Cuernavaca.
Incluso dijo que estas bandas ya tienen un modus operandi que afecta directamente a los comercios y a las casas.

"Pareciera que es una banda que ataca ciertas zonas, que barre una zona y se va trasladando a otras, y ataca negocios y casa habitación. Hay colonias con incremento de denuncias, después se reportan delitos en otras zonas, entonces pareciera que están barriendo secciones de Cuernavaca. En los negocios hemos detectado que abren los negocios, vulneran la cortina, sobre todo por las noches, sustraen la mercancía”, explicó Sánchez Purón.
El presidente de la Canaco-ServyTur informó que tan sólo la semana pasada se reportó el robo a un negocio y a tres domicilios de la colonia Lomas de la Selva. Sin embargo, la incidencia de estos delitos aumentó en plena emergencia sanitaria, cuando muchos establecimientos estaban cerrados.

Sánchez Purón insistió en que es necesario que se intensifique el patrullaje por parte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), sobre todo en las zonas que se han señalado como "focos rojos" por el aumento de los robos.

La mayoría de los Ayuntamientos de Morelos inician medidas de austeridad tales como la reducción de su nómina y la fusión de áreas; sus ingresos cayeron a consecuencia de la pandemia.

Ante un posible colapso financiero, la mayoría de los ayuntamientos empezó a aplicar medidas de austeridad que incluyen la reducción de su nómina y la fusión de áreas.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázarez González, los ingresos de los gobiernos municipales se redujeron en al menos un 25 por ciento como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

Además, el también alcalde de Zacualpan de Amilpas afirmó que a la mayoría de los municipios no les ha llegado el adelanto de participaciones que solicitó el Poder Ejecutivo al gobierno federal por un monto de 250 millones de pesos.
Derivado de esa situación, advirtió que la mayoría de los municipios podrían sufrir un colapso financiero en los próximos meses.

"No hay solvencia económica para pagar las nóminas, es muy preocupante, todos los alcaldes estamos preocupados por el tema de los dineros", manifestó.
Refirió que la mayoría de los gobiernos municipales empezaron a aplicar medidas de austeridad para sobrellevar la emergencia financiera y la primera determinación que tomaron los cabildos municipales fue el recorte de personal.
"Hemos tenido que tomar medidas de austeridad muy radicales, como adelgazar la nómina, fusionar áreas y otras acciones", explicó.

Según el presidente de la Junta de Gobierno, la mayoría de los alcaldes determinó llegar a un convenio con cada uno de los trabajadores despedidos, para evitar problemas legales a futuro, sobre todo porque muchos ayuntamientos enfrentan deudas millonarias por incumplimiento en el pago de laudos.
"Estamos tratando de que no afecte a las necesidades básicas, la ayuda social, el campo. Yo les decía en el Idefomm que llegaran a un convenio, para que la gente no se quede sin llevar comida a su casa", añadió.

Diputada morenista afirma que debe replicarse en Morelos lo dicho por AMLO, de que esa estructura es innecesaria.

Critica Ariadna Barrera la falta de resultados y los intereses que mueven a los integrantes del sistema estatal.

La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez adelantó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) podría desaparecer, por inoperante.
En entrevista, la legisladora que preside la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Anticorrupción informó que están a la espera de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador impulse una reforma en la materia que podría implicar la desaparición del sistema nacional.

En este sentido, Barrera Vázquez señaló que de concretarse dicho proyecto, el SEA Morelos también tendría que dejar de existir.
"(Es) muy lamentable que el Sistema Estatal Anticorrupción no dé ejemplo de congruencia ni de principios, porque lo ha dicho el presidente de la república, no debería de existir el sistema estatal ni el nacional, porque ya hay una ley, ya es delito grave la corrupción, ya podemos acudir directamente a la Fiscalía, es un delito que se persigue", expresó.

Por ello, insistió en afirmar que el Congreso del estado tendrá que replicar las reformas necesarias para desaparecer al Sistema Anticorrupción.
Incluso, sostuvo que los integrantes del SEA, principalmente del Comité de Participación Ciudadana, buscan más un interés económico que el de abatir la corrupción en la entidad.
"Ya más de un año de no ponerse de acuerdo, creo que el tema no es de principios sino económico, lamentablemente", añadió.

Fue en el 2017 cuando la LIII Legislatura impulsó una nueva ley para crear el SEA y posteriormente designar a quien hoy es el fiscal especial en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez. Sin embargo, por conflictos políticos la integración del Comité de Participación Ciudadana del sistema rindió protesta hasta el 2019 y hasta la fecha se desconocen los resultados del organismo.

El alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, confirmó que el municipio se encuentra en una situación financiera "muy adversa", como consecuencia de las afectaciones que causó la emergencia sanitaria.
Ante ello, informó que los integrantes del  cabildo aprobaron una reducción en su salario del 50 por ciento, mientras que a los altos funcionarios del ayuntamiento el 25 por ciento y al resto de los trabajadores el 10 por ciento.
Admitió también que el cabildo se vio obligado a reducir su nómina; de mil 100 trabajadores, 80 fueron despedidos.

No obstante, el alcalde rechazó que el municipio se encuentre colapsado financieramente, porque se determinaron las medidas de austeridad antes señaladas.
"Yo lo había comentado, que tarde que temprano los municipios tendrían que ir colapsando porque las condiciones han sido complicadas. A nosotros nos ha costado trabajo y finalmente ahí vamos. Esperemos sortear esta crisis financiera tan complicada", manifestó el presidente municipal.

Por otro lado,  Reyes Reyes afirmó que por el momento está descartado regresar al confinamiento en el municipio, pues se trabaja para mantener la incidencia de casos de covid-19 a la baja.
Sostuvo que sería muy grave regresar a la inactividad socioeconómica, por la crisis que enfrentan cientos de familias en Jiutepec.

La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez adelantó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) podría desaparecer, por inoperante.

En entrevista, la legisladora local informó que están a la espera de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulse una reforma en la materia que podría implicar la desaparición del sistema nacional.

En este sentido, Barrera Vázquez señaló que de concretarse dicho proyecto, el SEA Morelos también tendría que dejar de existir.

Asimismo lamentó el poco trabajo realizado por los integrantes del citado sistema, que sólo se han enfocado en buscar un salario y no en dar resultados.

La activista Olimpia Coral Melo Cruz reveló que han detectado 300 mercados de explotación sexual en la red de Internet, además de que se ha confirmado que cinco mil mujeres han sido víctimas de violencia virtual, es decir, que no dieron su aval para que las grabaran o exhibieran en las grabaciones o imágenes publicadas.

De visita en el estado, la impulsora de la llamada "ley olimpia" celebró que en la entidad finalmente tomaron en cuenta a los colectivos de mujeres, que impulsaron la reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Morelos.

Melo Cruz informó que derivado de una reunión con el fiscal general Uriel Carmona Gandara, éste se comprometió a no revictimizar a las mujeres que sufren violencia virtual y que acuden a denunciarla, así como a agilizar las carpetas que están acumuladas en la dependencia estatal.

Además de Tlayacapan, otros municipios como Cuernavaca, Cuautla y Axochiapan podrían volver al confinamiento, ante el incremento de casos de covid-19, adelantó el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázarez González.

En entrevista, el edil de Zacualpan de Amilpas, informó que los alcaldes de esos municipios han manifestado su preocupación ante el organismo porque la situación podría "salirse de control".
Por ello,  informó que plantearon al gobierno del estado establecer acciones administrativas para obligar a la ciudadanía a cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y evitar que la incidencia de casos de coronavirus siga en aumento.
"Estamos en una situación que va a ser insostenible porque no se han tomado las medidas pertinentes y obviamente sabemos del municipio, sabemos del estado, pero también la gente. Estamos en una situación muy compleja, pero aún no determinamos si nos vamos, descansamos un rato o tomamos otras medidas", manifestó.

El alcalde de Zacualpan de Amilpas refirió que la otra alternativa sería suspender nuevamente actividades socioeconómicas como lo hizo Tlayacapan el miércoles, pasado. Sin embargo, advirtió que esa determinación sólo empeoraría la situación financiera que viven los municipios como consecuencia de la pandemia de covid-19.

"Lo hemos comentado con el secretario (de Gobierno) que tenemos que tomar medidas más drásticas, con cuestiones de que si no los multamos, o algo tenemos que hacer, porque está bien difícil combatirlo, cada día son más y más (casos)", subrayó.

La iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social fue anunciada por el gobierno federal.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, manifestó su preocupación por la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que en materia de  pensiones anunció el gobierno federal.
Para el líder empresarial, el anuncio se realizó en el peor momento de la economía del país en muchos años, a consecuencia de la emergencia sanitaria por la propagación de covid-19.
Indicó que de acuerdo con lo que han conocido de la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, el mayor impacto lo tendrán que pagar los empleadores, en torno al porcentaje de aportación.
Sin embargo, admitió que era necesario fortalecer la pensión para el retiro de los trabajadores.
"Es un tema que tiene que ver con el retiro y la dignidad de nuestros colaboradores y en ese sentido nosotros estamos sumados a las políticas nacionales. Sin embargo, el llamado se hace en un momento muy complicado de la economía", aseveró.
Incluso advirtió que muchas empresas no podrán mantenerse con la situación financiera tan complicada por la pandemia y ahora con una reforma que implicará más obligaciones para el patrón.
"Fue una decisión popular, faltó que el trabajo se hiciera con los demás organismos, Morelos en lo particular tiene una situación muy complicada, venimos de una recesión y ahora con la cuestión de la pandemia pues nos ha generado un boquete bastante grande", expresó el presidente de la Canaco-ServyTur.
La propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentará el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión busca aumentar el porcentaje del salario destinado al retiro de 6,5 a 15 por ciento. Este incremento se dará paulatinamente durante ocho años.
De acuerdo con lo que el gobierno federal informó este miércoles, la contribución realizada por el empleador será la que absorba el aumento, pasando del 5.15 por ciento vigente hoy al 13,875 por ciento.

Además de Tlayacapan, otros municipios como Cuernavaca y Cuautla podrían volver al confinamiento ante el incremento de casos de covid-19, adelantó el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázarez González.

El edil informó que los alcaldes de esos municipios han manifestado su preocupación ante el organismo, por lo que han planteado como medida alternativa endurecer las acciones de prevención y establecer sanciones a quienes no las cumplan.

Cázarez González además refirió que han pedido el respaldo del estado, para establecer medidas más severas y que la gente haga conciencia de la gravedad del asunto.

El encargado de despacho de la Subsecretaría de Gobierno, Mauricio Termignoni Apodaca, confirmó que en diciembre podría estar listo el fondo para pago de laudos, a favor de los municipios, mismo que se integrará por 50 millones de pesos.

En entrevista, el funcionario estatal refirió que se trabaja en las reglas de operación y así apoyar a los municipios que se encuentran en una grave crisis por laudos incumplidos.

Por otro lado, Termignoni Apodaca habló sobre el adelanto de participaciones que solicitó el gobierno estatal a la federación, e indicó que ya llegó la primera ministración; aseguró que no afectará a las finanzas de los municipios ni del estado, para la operatividad del próximo año.

El cuatro por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se vieron obligadas a aplicar un recorte de personal, a causa de la emergencia sanitaria.

Lo anterior, lo confirmó el presidente de dicha cámara empresarial, Iván Elizondo Cortina, quien refirió que no descartó el cierre de empresas, aunque indicó que la cifra exacta la tendrán en agosto próximo cuando apliquen una segunda encuesta.

Elizondo Cortina también señaló que las empresas siguen enfrentando problemas con sus proveedores, desde el inicio a la nueva normalidad, pues no han reabierto o cerraron de forma definitiva.

El presidente de Empresarios de Seguridad Privada del Estado de Morelos, Maximiliano Alejandro Reza Aceves, confirmó que en la entidad operan en la ilegalidad de 15 a 20 empresas de este rubro.

En el inicio de la aplicación de los exámenes de control de confianza, Reza Aceves señaló que es necesario que la autoridad aplique la ley, pues con la operación de estas empresas no existe la certeza de que los elementos sean personas confiables y mucho menos el servicio.

El empresario refirió que con la realización de los exámenes de control de confianza se tendrá la garantía del personal que se contrata, pues admitió que se han registrado casos de elementos de seguridad que están involucrados en delitos.

La revisión empezará con la Oficina de la Gubernatura.

A partir del tres de agosto, la Secretaría de la Contraloría del estado iniciará revisiones a la 12 secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y empezará por la Oficina de la Gubernatura, que preside José Manuel Sanz Rivera.
América Jiménez Molina, titular de la dependencia estatal, informó que fue instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo llevar a cabo las revisiones ordinarias, después de tres meses de inactividad por la pandemia de covid-19, a fin de verificar que se haya ejercido el presupuesto estatal conforme a la ley.
"Son revisiones que se hacen de manera rutinaria para ver que se estén ejecutando los gastos de manera transparente y en apego al acuerdo de austeridad del señor gobernador", subrayó.
Explicó que derivado de la emergencia sanitaria las investigaciones especiales, las auditorías y revisiones ordinarias que realiza la Contraloría se retrasaron, de ahí que dicho trabajo se reanudará el tres de  agosto próximo.
Con respecto a las investigaciones que la Contraloría del estado lleva a cabo por presuntas irregularidades en el ejercicio público y  que se habrían cometido durante la administración de Graco Ramírez, refirió que ya se procedió a la inhabilitación de ex funcionarios, aunque omitió revelar los nombres.
Explicó que otros procesos más de investigación continúan y tendrán que concluirse en este 2020.

Critica el legislador las fallas del sistema penitenciario.

Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) se pronunció por la remoción del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, ante las fallas evidentes en el sistema penitenciario.
Lo anterior, derivado de una inspección que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el área médica del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya en la que el legislador participó.
El diputado sostuvo que ya es tiempo de que el Comisionado Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros revise el desempeño de sus colaboradores y sobre todo del encargado de Reinserción Social en el estado.
"No puede volverse costumbre que adentro de las cárceles estén sucediendo riñas y entonces debe de haber control, tiene que revisar a sus directivos, tiene que revisar a su equipo. Ojalá que a tiempo el almirante ajuste... es necesario que haga un cambio ya y que pueda tener a gente que le dé resultados", manifestó el legislador local.
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del estado manifestó su respaldo al comisionado José Antonio Ortiz Guarneros.  Sin embargo, dijo que a un año de que compareciera con su equipo de trabajo no ha habido avances en el sistema penitenciario.
"Que el comisionado revise si va a meter las manos al fuego por su equipo, porque me queda claro que en los Ceresos es (sic) una bomba de tiempo y que mejor que así, a tiempo, se haga el ajuste a su equipo de trabajo", añadió.
Mientras tanto, adelantó que en los próximos días solicitará, con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una "visita integral" a cada una de las áreas del sistema penitenciario de Morelos para exponer el estado en el que éste se encuentra.
 

*El próximo cuatro de agosto, de manera escalonada*

Este miércoles, la Diócesis de Cuernavaca anunció que el próximo cuatro de agosto se reanudarán las actividades eucarísticas en 114 iglesias del estado.

El vicario general de dicha diócesis y rector de la catedral de Cuernavaca, Tomas Toral Nájera, aclaró que la reapertura será de manera escalona y ordenada.

Asimismo, Toral Nájera indicó que ningún templo podrá realizar misas, mientras no existan las condiciones sanitarias y de seguridad para evitar contagios de covid-19.

En un mensaje virtual, el vicario refirió que se autorizó a los sacerdotes reiniciar la eucaristía y sacramentos con todos los protocolos sanitarios, como es el que no habrá saludo de la paz, además de que la capacidad en las iglesias no rebasará el 25 por ciento.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, se pronunció por la remoción del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, ante la falta de resultados en el cargo.

Lo anterior, derivado de una inspección que el también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil realizó en días pasados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.

El legislador sostuvo que ya es tiempo de que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, revise el desempeño de sus colaboradores y, sobre todo, del encargado de Reinserción Social.

Zapotitla Becerro adelantó que en los próximos días solicitará, con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM), una "visita integral" a cada una de las áreas del sistema penitenciario de la entidad.

La titular de la Secretaría de la Contraloría, América Jiménez Molina, informó que iniciará revisiones ordinarias a cada una de las dependencias del gobierno del estado y la primera que será investigada es la Oficina de la Gubernatura, a petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Al respecto, la funcionaria estatal anotó que derivado de la emergencia sanitaria, estos procesos de revisión están atrasados; sin embargo, una vez que se reanuden las actividades en su totalidad se procederá en cada una de las secretarías de despacho.

Jiménez Molina aclaró que son supervisiones que se realizan de manera rutinaria para verificar que se aplique el gasto conforme a la ley, y en apego al plan de austeridad que implementó la actual administración estatal.

Esta mañana, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sesionó para establecer el tabulador salarial del Comité de Participación Ciudadana, además de aprobar la estructura que se requiere para que pueda empezar a operar en su totalidad.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Penélope Picazo Hernández, denunció que quedó pendiente el nombramiento de al menos 18 integrantes del sistema, como son titulares de unidades y técnicos.

Picazo Hernández sostuvo que se presume un intento del resto de los integrantes del SEA de seguir deteniendo el trabajo, al no haber concretado dichos nombramientos, a pesar que desde el 2017 se instaló dicho organismo encargado de combatir la corrupción.

*Tras el vencimiento del cargo de seis magistrados*

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, descartó que exista parálisis en el Poder Judicial tras el vencimiento del cargo de seis magistrados, por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, el magistrado afirmó que no hay rezago en la atención de casos, pese a la contingencia sanitaria por covid-19.

Jasso Díaz refirió que sólo están a la espera de que el Congreso del estado emita la convocatoria para nombrar a cuatro magistrados del TSJ y a dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Irresponsabilidad ciudadana mantiene elevada incidencia de covid-19: Sánchez Purón.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, se pronunció a favor de que se establezca como obligatorio el uso del cubrebocas en todo el estado,  por el rechazo de la gente a respetar las medidas de seguridad sanitaria, lo que mantiene una alta incidencia de casos de covid-19.
"Es una responsabilidad como ciudadanos y creo que lo que se está buscando de una u otra manera es obligar a que la gente asuma la responsabilidad de lo que tiene que ver con las medidas de salud para generar esa barrera que hemos estado haciendo al interior de nuestros negocios y si a nosotros nos exigen al interior de los negocios yo creo que tiene que ser recíproco", manifestó.
En entrevista,  el empresario sostuvo que este problema con las personas que se niegan a usar el cubrebocas les ha afectado en sus ventas, pues como comerciantes están obligados a respetar las medidas de prevención del coronavirus.
"En muchos negocios la gente llega sin cubrebocas y esa situación te genera confrontación con el propio cliente y acabas por dejarlo de atender y obviamente es un ingreso que se te va. Es el escepticismo de muchos de los consumidores que no hacen caso a las medidas de seguridad", añadió Sánchez Purón.
De acuerdo con el empresario, las ventas en los negocios se reportan de apenas un 35 por ciento, en comparación con los ingresos que reportaban antes de la emergencia sanitaria.
Por su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, confirmó que aunado a las bajas ventas los comerciantes reportan abusos en el cobro de la energía eléctrica.
Informó que diversos empresarios han recurrido a los amparos en contra de  la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a un gran porcentaje les ha cortado el suministro por negarse a pagar las altas tarifas.
Por ello, adelantó que este martes se reunirían como empresarios para determinar qué otras acciones llevar a cabo, pues refirió que los incrementos de la luz se dieron a pesar que los negocios estuvieron cerrados por la emergencia sanitaria.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que empresarios han recurrido a los amparos en contra de los altos costos aplicados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, el presidente del CCE, Ángel Adame Jiménez, informó que este día se reunirán con autoridades de la CFE para llegar a acuerdos, pues a más de 10 empresas les han cortado el suministro de energía eléctrica.

El empresario sostuvo que estas altas tarifas se aplicaron a pesar de que por tres meses permanecieron cerrados los establecimientos, además de que muchos negocios no han podido reabrir porque les cortaron dicho suministro.

Empresarios se pronunciaron a favor de que se establezca el uso obligatorio del cubrebocas, ante la alta incidencia de casos de covid-19 por el escepticismo de gran parte de la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad sanitaria.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Antonio Sánchez Purón, sostuvo que este problema ha causado una disminución en sus ventas, ya que la gente se niega a usar el cubrebocas y gel antibacterial.

Asimismo, el empresario refirió que desde el inicio a la "nueva normalidad" sus ventas se registran en un 35 por ciento, a comparación de los ingresos hasta antes de la emergencia sanitaria.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Morelos confirmó que se encuentran "en ceros" en obra pública, derivado de la falta de proyectos a nivel estatal y municipal.

Al respecto, el presidente de la cámara empresarial, José Ignacio Domínguez Antúnez, refirió que a nivel nacional el sector se encuentra en el último lugar, con menos 58 por ciento de desarrollos, a comparación del 2019.

Por lo anterior, hizo un llamado al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que se sienten a dialogar y se garantice el desarrollo de proyectos en los próximos meses del año.

Presentarán ante el Pleno informes de declaratorias de auditorías aplicadas a 34 dependencias y organismos.

Los diputados locales podrían declarar clausurado este miércoles el segundo período ordinario de sesiones del segundo años de la LIV Legislatura, seis días después de la fecha que marca la Constitución Política del Estado, que es el 15 de julio.
Los legisladores determinaron declarar un receso y detener lo que llaman el "reloj legislativo", para poder aprobar más de 30 decretos pensionatorios rezagados en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para garantizar el derecho de los trabajadores que solicitaron su retiro.
Estos dictámenes con proyecto de decretos pensionatorios fueron sometidos a consideración del Pleno para su aprobación el pasado 15 de julio, cuando se clausuraría el periodo ordinario. Sin embargo, un gran número de diputados cuestionó el interés del presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado José Casas González, para aprobar por la vía rápida los asuntos sin que se conocieran de fondo.
Casas González, legislador sin partido, expuso ante tribuna  que no tiene ningún interés particular en la aprobación de las pensiones, pero que es necesario su desahogo, pues las solicitudes llevan rezagadas más de tres meses en el Congreso del estado.
Además de los asuntos en materia laboral, se prevé que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, presente ante el Pleno los informes de las declaratorias de auditorías aplicadas a 34 dependencias y organismos estatales y municipales, a fin de dar a conocer que fueron rechazados y que se ordenó la realización de auditorías especiales.
Una vez clausurado el periodo ordinario e instalada la Diputación Permanente, los legisladores estarían convocando a finales de este mes a un período extraordinario de sesiones para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial, de dos comisionados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca confirmó el cierre definitivo de cerca de mil negocios, ante la crisis por covid-19.

Eduardo Peimbert Ortiz, presidente de la referida asociación, pidió a las autoridades de Salud que cumplan con las medidas preventivas sanitarias, ya que desde el inicio de la "nueva normalidad" sólo una vez se ha sanitizado la zona del centro de la capital de Morelos.

Asimismo, Peimbert Ortiz afirmó que los comerciantes han cumplido con todas las medidas ante la contingencia sanitaria, pero las autoridades no lo han hecho.

Además, el empresario insistió en la entrega de apoyos, pues los negocios que siguen abiertos, que son cerca de nueve mil, están en crisis financiera.

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) reportó que hasta el mes de mayo pasado se recibieron cuatro quejas de mujeres víctimas de violencia digital. Estos casos se registraron en Cuernavaca, Jojutla, Xochitepec y Tlaquiltenango.
De acuerdo con Fanny Anzurez Cuevas, coordinadora del Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer, estas cuatro mujeres también presentaron su denuncia por violación a la intimidad personal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente explicó que el IMEM les proporcionó atención psicológica y acompañamiento en el proceso de la denuncia.
Anzurez Cuevas refirió que se tiene información de que el número de casos podría rebasar los 100, sin embargo, las víctimas no han denunciado.
Tras la aprobación de la llamada "ley Olimpia" por el Congreso del estado, las autoridades estatales afirmaron que eso permitirá castigar con mayor rigor el delito, pues hasta el jueves pasado la pena era de seis a cuatro años  de prisión y con la reciente reforma al Código penal aumentó de cuatro a ocho años.
Con la adición del artículo 158 Bis del Código Penal se estableció que comete delito de violación a la intimidad sexual "quien, por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique imágenes, audios o videos, contenido real, manipulado o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima".

Alejandro Dorantes Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, advirtió que promoverán amparos en contra de la ley de videovigilancia que aprobó el Congreso del estado la madrugada del jueves pasado.
El empresario sostuvo que con la nueva legislación existe el riesgo de que se trasgredan  los derechos fundamentales de los ciudadanos, al obligarlos a suscribir convenios con las autoridades para la instalación de cámaras y a proporcionar información que podría revelar datos personales con el fin de combatir un delito.
"Si las cámaras, si bien se tienen como una medida de seguridad, se proporciona la información y se trasgrede derechos, porque en las casas llegan a tener cinco, ocho, 16 cámaras, si llega a haber un ilícito en la calle se solicita la información y la autoridad se lleva la información de las 16 cámaras y no sólo la información de ese día, sino de meses o por un año", explicó.
Sostuvo que la legislación no fue consensada y desde el Poder Ejecutivo podría vetarse para evitar que sea publicada para su entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad" o, bien, dijo que en la reglamentación de la misma se podrían corregir ambigüedades que impida se viole la privacidad.
Dorantes Rodríguez manifestó que si no encuentran apertura desde el Poder Ejecutivo para revisar la nueva ley de videovigilancia, como empresarios promoverán juicios de amparo para que no se aplique.
"Esta ley no fue consensada, no fue consultada y que en su momento va a ser objetos de amparo, de litigios porque está trasgrediendo estos derechos", añadió.
Con la nueva legislación, el estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES)  regulará la instalación, utilización y operación de cámaras de grabación, para lo cual se creará un sistema estatal de videovigilancia y un registro de los dispositivos conectados con el centro de comando C5.

También de la Mesa Directiva.

Los diputados locales definirán hasta agosto la renovación de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y de la Mesa Directiva del Congreso del estado.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, la Junta Política y de Gobierno debe renovarse anualmente y la Mesa Directiva si así lo determina la mayoría de los legisladores.
Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), a través del coordinador parlamentario, Marcos Zapotitla Becerro, ha adelantado que buscará la permanencia del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez al frente.
Mientras tanto, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscan el acuerdo de sus homólogos para ocupar dicho órgano de Gobierno y ceder la JPyG a otra fuerza política.
Al respecto,  el legislador pesedista José Luis Galindo Cortés advirtió que no les preocupa la renovación de los órganos de gobierno, por lo que será hasta agosto cuando se tome una determinación de la mayoría de los integrantes de la LIV Legislatura, al menos en lo que corresponde a la JPyG.
"No hemos hablado del tema. En particular no es algo que me quite el sueño, estoy trabajando en mis comunidades, cercano a la gente. Es una aspiración legítima de los 20 diputados querer presidir la Mesa pero cuando no hay condiciones o cuando uno, pero cuando uno no está aferrado con algo u obsesionado con algo no es algo que nos preocupe de más", manifestó Galindo Cortés.

*El número de casos es de 100, aproximadamente; no hay denuncia*

El Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM) reportó que hasta el mes de mayo pasado se recibieron cuatro quejas de mujeres víctimas de violencia digital.

Fany Anzures Cuevas, coordinadora del Centro de Atención Externa del IMM, refirió que se tiene información de que el número de casos es de aproximadamente 100; sin embargo, las víctimas no han denunciado.

Tras la aprobación de la llamada "ley olimpia", las autoridades estatales afirmaron que se permitirá castigar con mayor rigor el delito, pues hasta el jueves pasado la pena era de seis a cuatro años de prisión y con la reciente reforma al Código Penal aumentó de cuatro a ocho años.

El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, Alejandro Dorantes Rodríguez, advirtió que promoverán amparos en contra de la ley de videovigilancia que aprobó el Congreso del estado, la madrugada del jueves.

Al respecto, el empresario sostuvo que se transgreden los derechos de los ciudadanos, al obligarlos a suscribir convenios con las autoridades para la instalación de cámaras y a proporcionar información que podría revelar datos personales, con el fin de combatir un delito.

Sostuvo que la legislación no fue consensada y desde el Poder Ejecutivo podría vetarse, para evitar que sea publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" para su entrada en vigor.

A pesar de la presencia policiaca, comerciantes ambulantes se empezaron a a instalar este viernes sobre la avenida Adolfo López Mateos.

Desde el martes pasado, los comerciantes realizaron protestas para exigir al ayuntamiento capitalino se les permitiera reinstalarse sobre la vialidad, después de tres meses de inactividad por la pandemia de covid-19.

Hoy, los vendedores afirmaron que temen ser desalojados pero necesitan trabajar para poder llevar el sustento a sus casas.

Los diputados concretan una reforma legal conocida a nivel nacional como "Ley Olimpia".

En Morelos ya está tipificado el delito de violación a la intimidad sexual, mediante una reforma legal conocida a nivel nacional como "ley Olimpia", por la que se castigará hasta con ocho años de cárcel y una multa de hasta 174 mil pesos a los infractores.
Durante la última sesión del segundo año de la LIV Legislatura los diputados aprobaron por unanimidad modificaciones al Código Penal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, con el fin de castigar lo que también se conoce como sexting.
De acuerdo con la reforma aprobada al artículo 158 Bis del Código Penal, comete el delito de violación a la intimidad sexual "quien, por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique imágenes, audios o videos, contenido real, manipulado o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima".
También comete ese mismo delito quien "requiera imágenes, audio, video o cualquier otra producción de actividades sexuales implícitas, actos de connotación sexual sin libre consentimiento de la persona involucrada o que este último sea obtenido bajo engaño o manipulación, y quien envié o publique, o haga visibles contenidos sexuales o sugerencias con fines lascivos".
Cuando se cometan las acciones antes señaladas con fines de lucro  o explotación sexual también será castigado por el mismo delito.
Los legisladores establecieron sanciones que van de los cuatro a los ocho años de cárcel y multas de mil a dos mil unidades de medida de actualización.
Esas sanciones aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena, cuando el victimario sea el cónyuge o la persona que haya estado unida a la víctima de manera afectiva, cuando mantenga una relación laboral, social o política y cuando se haya aprovechado de una discapacidad o por la condición social.
El Congreso también adecuó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para proteger a las féminas de la "violencia digital".
Dicho acto se comete cuando "a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante al acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones graficas o sonoras verdaderas o alteradas".

El Impepac promueve el concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, convocó a los ciudadanos interesados en participar en el concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional; recordó que este viernes vence el plazo para el registro.
León Trueba informó que para Morelos el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió cuatro plazas de coordinadores, que ayudarán a la organización de las próximas elecciones para la integración de los ayuntamientos y del Congreso del estado.
Señaló que una vez que los aspirantes se registren (a más tardar este viernes 17 de julio), tendrán que pasar por una etapa de aprobación.
De acuerdo con la convocatoria, el ocho de agosto se llevará a cabo un examen de conocimientos generales que los aspirantes podrán realizar desde su casa, ante la pandemia covid-19.

Posteriormente, el INE realizará una evaluación psicométrica el 19 de septiembre y el 30 del mismo mes tendrá lugar el periodo de entrevistas de manera presencial.
Explicó que para octubre se habrán definido las cuatro plazas, que son de base; quienes hayan pasado la prueba podrán escalar en busca de puestos más altos dentro del Instituto Nacional Electoral.
"El registro lo pueden hacer en la página del INE o del Impepac. Son plazas de base, son vacantes importantes con gente muy interesada en participar en la organización de los procesos electorales y también de participación ciudadana en el Impepac", añadió.

Afecta a la privacidad, señala su presidente.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León, advirtió de una posible violación a la privacidad de la ciudadanía y de las empresas con la aplicación de la Ley de Videovigilancia que aprobó el Congreso del estado.
El empresario lamentó que los legisladores no hayan tomado en cuenta a las cámaras empresariales  y a otros representantes de la sociedad previo a la aprobación de la nueva legislación, que estuvo en análisis de las comisiones legislativas del Congreso por más de un año.
Ante las posibles violaciones que las autoridades, en este caso de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), pudieran cometer en contra de la sociedad con la regulación de la instalación, utilización y operación de cámaras de grabación, adelantó que como empresarios podrían promover acciones legales para combatir la ley citada.
"Tenemos que ver las implicaciones, voy a hablar con Canaco, con el presidente y con el Consejo Coordinador y vamos a ver qué haremos al respecto. Nos afecta en un tema de privacidad, así lo vemos. No estábamos enterados y que no nos consensen cuando nos tienen que consensar pues sí afecta", declaró Nielsen León.
El presidente de la Canirac también dijo que es preocupante que desde el Poder Legislativo se hayan aprobado asuntos que no son prioritarios para la sociedad, como la ley de videovigilancia, cuando el estado atraviesa por una crisis social y económica por la pandemia de covid-19.
"Cuando se hace en la madrugada y se autorizan cosas que no conocíamos pues nos preocupa, porque tantos meses parados, tantos meses sin actividad  y que no vemos un beneficio a la sociedad", añadió.

Alejandra Flores Espinoza considera que en el próximo período ordinario de sesiones podría avanzar la iniciativa.

La diputada morenista Alejandra Flores Espinoza adelantó que insistirán en la aprobación de la llamada "ley de identidad de género" para el próximo período ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre, a fin de que se garantice el derecho de las personas trans al cambio de nombre según el sexo que hayan elegido.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Congreso del estado, la legisladora intentó incluir en el orden del día el dictamen de segunda lectura, listo para su votación.  Sin embargo, una mayoría de diputados se opuso, una vez más a desahogar el tema, a pesar de la protesta que llevaron a cabo integrantes de la comunidad trans en el recinto legislativo la mista tarde del jueves pasado.
La legisladora morenista insistió en que el dictamen con proyecto de decreto para reformar el Código Familiar del estado sólo implica que las personas transgénero puedan cambiar de identidad ante el Registro Civil, derecho que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en al menos dos amparos que la comunidad ganó en lo que va de este año.
"No tiene nada que ver con la familia, simplemente, simplemente es una cuestión de derechos humanos y de tramitología. Yo se los decía a ellos (los representantes de organizaciones religiosas) que si hablan de amor al prójimo, las personas trans son nuestro prójimo y lo que se está haciendo es una discriminación", declaró la legisladora.
Flores Espinoza aseguró que el asunto se podrá retomar el próximo período ordinario, ya que el dictamen no se votó en el Pleno legislativo.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua municipal, los integrantes aprobaron la inversión de dos millones 500 mil pesos para el equipamiento del pozo "Pinos II".

Dicha fuente de abastecimiento fue perforada en 2019 y aforada en 2020, con la finalidad de mejorar el suministro del vital líquido a favor de siete mil habitantes de la colonia Centro del municipio.

Se dio a conocer que la obra se realizará en coparticipación al 50 por ciento con usuarios.

*El viernes vence plazo para registro*

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, convocó a los ciudadanos interesados en participar en el Servicio Profesional Electoral Nacional; recordó que este viernes vence el plazo para el registro.

León Trueba informó que para Morelos se abrieron cuatro plazas de coordinadores, que ayudarán a la organización de las próximas elecciones para la integración de los ayuntamientos y del Congreso del estado.

Señaló que una vez que los aspirantes se registren (a más tardar este viernes 17 de julio), tendrán que pasar por una etapa de aprobación.

De acuerdo con la convocatoria, el ocho de agosto se llevará a cabo un examen de conocimientos general que podrán realizar desde casa; posteriormente una evaluación psicométrica, el 19 de septiembre, y el 30 del mismo mes el periodo de entrevistas de manera presencial.

Explicó que para octubre se habrán definido las cuatro plazas que son de base; quienes hayan pasado la prueba podrán escalafonar en puestos más altos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, sostuvo que será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) la que determine si se ha cometido algún delito por el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, y sus colaboradores.

Al respecto, la legisladora refirió que desde el Congreso del estado también se ordenó una auditoría especial para deslindar responsabilidades.

Por otro lado, Flores Espinoza confirmó que en el próximo periodo ordinario de sesiones insistirá en la aprobación de la ley de identidad sexogenérica, luego de que una mayoría de diputados se opuso a votarla antes del cierre del último periodo ordinario del segundo año de la LIV Legislatura.

*Aprobada por el Congreso local*

Empresarios advirtieron que podrían promover acciones legales en contra de la ley de videovigilancia que aprobó el Congreso del estado.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León, afirmó que la nueva legislación vulnera los derechos de los empresarios, al obligarlos a colocar dispositivos de seguridad.

Nielsen León adelantó que distintas cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) revisarán dicha ley, así como las implicaciones que tendrá para las empresas.

Recibió su clave geoestadística.

A partir de este 2020, el municipio indígena de Hueyapan aparecerá en el mapa de Morelos como el municipio número de 36.
Después de casi dos años de lucha, Hueyapan obtuvo la clave geoestadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con la que el municipio de reciente creación podrá acceder a las participaciones federales, tal y como lo señala la Ley de Coordinación Hacendaria.
Fue el pasado 1 de julio cuando el Congreso del estado autorizó el convenio de delimitación territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, por lo que el Inegi autorizó la clave con la que Hueyapan aparecerá en el mapa de la República Mexicana dentro de Morelos, estado número 17.
En el acto oficial que se llevó a cabo en el Congreso del estado -en el que participaron diputados locales y autoridades del Poder Ejecutivo- habitantes de Hueyapan celebraron que finalmente hayan podido obtener su registro geoestadístico.

Con ello terminó también el conflicto territorial con Tetela del Volcán.
"Nunca más un México sin Hueyapan", expresó Lilia González Cortés, representante del Concejo municipal, quien recordó que la creación del municipio indígena es un reconocimiento para todos los activistas que lucharon en contra de la represión de sus usos y costumbres, como Samir Flores.
De igual forma, la concejal aprovechó para hacer un llamado a todos los partidos políticos a que no se inmiscuyan en sus usos y costumbres rumbo al proceso electoral 2020-2021.

El Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones.

En agosto, el Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones, para concretar la designación de seis magistrados del Poder Judicial.
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) emitirá la convocatoria para cubrir los puestos que dejaron vacantes María del Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, Valentín González García, Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas.
Sin embargo,  aclaró que el Poder Legislativo primero solicitará el sobreseimiento de los amparos que promovieron los  magistrados (cuyo período  constitucional de 14 años ya venció) en contra del decreto que aprobó el Congreso del estado en junio del 2019 por el que se suprimió la norma transitoria para anular el nombramiento por 20 años.
"Tendrá que emitirse una convocatoria que tendrá que aprobarse por la Junta Política, también tendremos que solicitar como Congreso el sobreseimiento de algunos recursos de amparo que presentaron algunos magistrados para que el Congreso del estado pueda generar, en su oportunidad, una designación de los magistrados", declaró el legislador pesedista.
Zapotitla Becerro explicó que el procedimiento para la designación de los seis magistrados tendrá que concretarse en un período extraordinario de sesiones, ya que este miércoles 15 de julio concluyó el segundo período constitucional del segundo año de la LIV Legislatura.
Además de estos nombramientos, el legislador pesedista recordó que están pendientes por concretar las designaciones de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Al cierre del último período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, los​ diputados locales autorizaron auditorías especiales a 34 dependencias y organismos estatales y municipales. Además, aprobaron la Ley de Videovigilancia para Morelos y convocaron al proceso electoral 2020-2021, rumbo a las elecciones del 6 de junio próximo.
Por la vía rápida, los legisladores lograron desahogar parte del rezago legislativo con la aprobación de más de 30 dictámenes que se encontraban en la "congeladora" desde el año pasado.
Además,​ de última hora autorizaron la realización de auditorías especiales a 34 dependencias y organismos. En la lista se encuentran: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); los sistemas de agua potable de Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Puente de Ixtla, Zapata y Zacatepec.
Lo anterior, derivado de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso rechazó la aprobación de las cuentas públicas de dichas dependencias y organismos en los años 2015 al 2018, por presuntas irregularidades.
Por otro lado, los diputados aprobaron con 14 votos a favor y cinco en contra la ley de videovigilancia,​ que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) controlar la instalación, utilización y operación de dispositivos de grabación en espacios públicos y privados con razones de seguridad pública.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro defendió en tribuna la nueva legislación que además contempla modificaciones a la Ley de Seguridad y al Código Penal, pues sostuvo que ayudará a prevenir y combatir delitos.
Sin embargo, la legisladora perredista Rosalinda Rodriguez Tinoco, sostuvo que con la ley de videovigilancia los ciudadanos estarán vulnerables ya que serán video grabados en cualquier espacio, ya sea público o privado.
Además,dijo, se invadirá la actividad mercantil pues se les obligará a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia.
Incluso sostuvo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) presentó un escrito el pasado 1e de julio pidiendo que la nueva ley fuera socializada.
Finalmente, el Congreso del estado convocó a los ciudadanos, instituciones públicas y partidos políticos al proceso electoral 2020-2021, para el desarrollo de las elecciones el 6 de junio próximo.
Por desacuerdos entre las fuerzas políticas, el proyecto para reactivar el servicio ferroviario en el estado no avanzó, al igual que la ley de Asociaciones Público Privadas.​ Ambos asuntos tendrán que ser abordados para el próximo período ordinario, que iniciará en septiembre próximo o, bien, en un período extraordinario de sesiones, en agosto.
Los legisladores también dieron cumplimiento a ejecutorias de amparos, después de tres meses de inactividad administrativa en el Congreso por la pandemia de covid-19.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que el presidente municipal Rafael Reyes Reyes anunció inversión hídrica a favor de ocho mil habitantes.

Durante un recorrido por la colonia El Porvenir, el alcalde dio a conocer a vecinos del centro de población que con la finalidad de mejorar la presión en el suministro de agua potable se construirá un tanque elevado, en beneficio de mil 650 usuarios del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) y ocho mil habitantes.

El edil compartió con habitantes de la colonia ubicada al norte de la demarcación que el tanque elevado tendrá una capacidad de almacenamiento de 130 metros cúbicos, lo cual además de mejorar la dotación del vital líquido en la temporada de estiaje y la época de lluvias, permitirá preservar el tiempo de vida útil de la tubería.

La obra del tanque elevado tiene un tiempo estimado de ejecución de 90 días naturales y estará ubicada en la esquina de las calles Santa María y María Magdalena; en los trabajos se invertirán cuatro millones de pesos, recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) del ejercicio 2020.

En la colonia El Porvenir operan dos fuentes de abastecimiento, con gastos de extracción de 35 y 25 litros por segundo (lps), respectivamente, y en la actual administración se puso en funcionamiento el pozo del cual se obtienen 25 lps.

Con la instalación del tanque elevado y la distribución por gravedad se reducirán las fugas, al desgastarse en menor medida los conductos que transportan el agua.

La diputada Alejandra Flores Espinoza confirmó que por segunda ocasión fue retirado del orden del día el dictamen de reforma que garantiza a las personas trans el cambio de identidad.

Al respecto, la legisladora lamentó que por la ideología de un grupo mayoritario de diputados siga detenida la llamada ley de identidad de género.

Anotó que sólo es una reforma para facilitar el cambio de nombre a las personas transgénero, derecho que reconoció la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, explicó que la convocatoria para elegir a magistrados y magistradas tendrá que emitirse por la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

Sin embargo, el diputado señaló que el tema tendrá que analizarse en los siguientes días y convocarse a un período extraordinario de sesiones, pues hoy concluye el ordinario.

Zapotitla Becerro anotó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicita que el Poder Legislativo notifique al Poder Judicial, además de que se solicitará el sobreseimiento a nombre del Congreso local para estar en codiciones de emitir la convocatoria, recibir las solicitudes de aspirantes a magistraturas y en su oportunidad generar los nombramientos, así como valorar el tema de la paridad de género.

A partir de este año, el municipio de origen indígena aparecerá en el mapa de Morelos como el municipio número 36

Lo anterior, luego de que esta mañana, después de casi dos años, Hueyapan obtuvo la clave geoestadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con dicha clave geoestadística el municipio indígena también podrá acceder a las participaciones federales.

Habitantes de Hueyapan celebraron que finalmente hayan podido obtener su registro estadístico como municipio, y con ello también terminó el conflicto territorial con Tetela del Volcán; "nunca más un México sin Hueyapan", expresó Lilia González Cortés, representante del concejo municipal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que ya reinició el censo de población y vivienda, para concluir de recabar la información de cerca de cinco mil viviendas.

Al respecto, el coordinador estatal del INEGI, Ricardo Torres Carreto, informó que se cumple con todas las medidas sanitarias para proteger a los entrevistadores.

Refirió que hasta el momento no han registrado ningún contratiempo y se calcula que en dos semanas concluyan finalmente el censo, mismo que se interrumpió por la pandemia de covid-19.

Posponen la votación de la iniciativa para el siguiente periodo de sesiones.

Por segunda ocasión, los diputados locales se negaron a someter a votación del Pleno del Congreso del estado la reforma que permitiría a las personas trans cambiar de identidad.
El dictamen de la también llamada "ley de identidad de género" fue incluido en el orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, a desarrollarse este miércoles. Sin embargo, en reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, ayer, una mayoría de diputados votó a favor de retirar el tema  y mantenerlo en comisiones hasta el próximo período ordinario, que iniciará en el mes de  septiembre.
Esto sucedió a pesar que el lunes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) convocó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y votar la reforma al Código Familiar que garantizará el derecho de las personas transgénero a cambiarse de identidad por el sexo que eligieron.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló a los diputados que de no hacerlo estarían violando los derechos de los integrantes de la comunidad trans, ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 30 de junio, una mayoría de diputados también votó por retirar ese tema del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaba, al argumentar que se violentaba el proceso legislativo, por lo que se mandó a comisiones.
La Comisión de Atención a la Diversidad informó que corrigió un error de redacción y finalmente lo presentó para que se incluyera antes de que terminara el período ordinario de sesiones, este 15 de julio, lo cual no sucederá, por la negativa de un grupo mayoritario de legisladores.

Buscan que sea aprobada hoy; obliga a empresas a entregar los nombres de sus empleados.

Es probable que el Congreso del estado apruebe este miércoles la ley de videovigilancia, que regularía la colocación, utilización y operación de los dispositivos de seguridad tanto en espacios públicos como privados, para la prevención y combate del delito.
El dictamen con proyecto de decreto señala que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) estará encargada de crear un sistema de videovigilancia en el estado, así como un registro de los dispositivos de grabación que operarán en lugares públicos, en condominios y empresas.
De igual forma, obliga a las personas morales o físicas a colaborar con la CES en la operación de las videocámaras y en la información que se obtenga de dichas grabaciones, previo convenio firmado.
Las empresas que firmen este convenio de colaboración estarán obligadas a colocar cámaras, si aún no las tienen, y además deberán proporcionar la lista de sus trabajadores, para garantizar el resguardo de la información videograbada.
Para ello, el  Congreso del estado plantea establecer sanciones económicas y de prisión para los particulares que se nieguen a aportar información obtenida de las cámaras o, bien, que sin autorización, causa o justificación, la destruya.
Ante las implicaciones de la nueva legislación, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, aseguró que en la integración del dictamen fue analizado por varios meses, a fin de evitar  que se violaran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Refirió que la nueva ley busca regular el uso de cámaras de videovigilancia, mediante la colaboración de las empresas, para garantizar que ayuden a prevenir y combatir el delito y que no se utilicen en perjuicio de la sociedad, sobre todo por aquellos dispositivos que, sin autorización de la autoridad, sean colocados en espacios públicos.
"En la Mesa para la Construcción de la Paz, donde intervienen toda las fuerzas federales y estatales, determinaron que el tema de la videovigilancia es una herramienta que pudiera permitir  el menguar en la disminución de los delitos, la persecución también porque servirían como pruebas para la imputación de los ilícitos".
"Si se trata de elementos de prueba se tendrían elementos de coacción, eso hay que reconocerlo, en su caso de que un particular no querría entregar los videos, el fiscal tendría medidas de apremio para requerir esa aportación como medio de prueba, porque se estaría ante una complicidad", explicó el legislador.
Zapotitla Becerro refirió que en la sesión ordinaria de este miércoles, que sería la última del segundo año de la LIV Legislatura,  presentarán el dictamen de la ley de videovigilancia para su aprobación, por lo que confió en que se reúnan los consensos necesarios entre las fuerzas políticas para que sea aprobada, a más de un año de que fue propuesta.

Su actuación invalidó el decreto que extendía a 20 años el plazo en el cargo de los magistrados.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) José Luis Galindo Cortés celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la norma transitoria por la que los actuales magistrados recibieron su nombramiento por 20 años y exhortó a los juristas que ya terminaron su periodo a que dejen el cargo de forma inmediata.
El legislador local, que promovió el acuerdo por el que en junio del año pasado el Congreso del estado suprimió el decreto que amplió la permanencia hasta 20 años de los magistrados y que se encuentra también en revisión de la Corte, sostuvo que "se hizo justicia" pues se podrá garantizar "pluralidad" en el Poder Judicial.
"Ganó Morelos. Habrá oportunidad para más personas, para gente joven y la impartición de justicia", añadió.
En este sentido, Galindo Cortés hizo un llamado a los magistrados del Poder Judicial cuyo periodo constitucional de 14 años ya  venció, para que dejen el cargo de forma inmediata y permitan que el Congreso inicie el proceso para designar a nuevos perfiles.
"Pronto tendrán que dejar el cargo quieran o no quieran. Me uno al llamado de que por ética personal tendrían que dejar el cargo inmediatamente", manifestó
Los magistrados que tendrán que dejar el cargo son: del Tribunal Superior de Justicia  (TSJ), María del Carmen Cuevas López, cuyo periodo culminó en julio de 2019;  Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Valentín González García, que venció en mayo pasado; así como Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que también terminó su responsabilidad en mayo.

*Sostuvo que se cometieron violaciones procesales*

La contralora municipal de Cuernavaca, Clara Soto Castor, calificó como un abuso el cateo que llevaron a cabo autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en las oficinas de Tesorería y Contraloría, la tarde de este lunes, con el uso de la fuerza pública, derivado de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Respecto a la diligencia, la funcionaria municipal sostuvo que se cometieron violaciones procesales, toda vez que el personal de la FECC se llevó documentación de las declaraciones patrimoniales de funcionarios que no estaban incluidas dentro de la orden judicial para el cateo.

Soto Castor refirió que el juez sólo ordenó la búsqueda de información financiera y, en su caso, aseguramiento de computadoras, pero la documentación que se llevaron no es conducente, al tiempo de precisar que ésta se relaciona con algunos directores, secretarios y el presidente municipal Antonio Villalobos Adán.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Nuñez, confirmó que cinco funcionarios municipales de Cuernavaca son investigados por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

Tras el cateo que personal de la FECC llevó a cabo ayer en las oficinas del ayuntamiento capitalino, el funcionario estatal justificó el uso de la fuerza pública y aseguró que se debió a la negativa de los funcionarios a colaborar en la investigación.

Aunque Salazar Núñez se negó a aportar más datos, por el desarrollo de la investigación, refirió que son cinco servidores públicos los que son investigados y no descartó que se trate del alcalde Antonio Villalobos Adán y de regidores.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer que el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua municipal rehabilitó 240 metros de la línea de distribución del vital líquido, en beneficio de 40 familias que habitan en la calle 10 Este de la colonia Civac.

Lo anterior, con la finalidad de atender un reporte de agua contaminada en la sección Kovas de la colonia referida, ocasionada porque la infraestructura excedió el límite de su vida útil.

Al respecto, Miguel Eduardo Barrios Lozano, director general del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ), informó que en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, respecto a ofrecer un servicio público de calidad a los usuarios, es que se llevaron a cabo los trabajos de modernización de la infraestructura que databa de 40 años y que provocó la filtración.

El SCAPSJ invirtió 271 mil pesos para realizar los trabajos; durante la ejecución de las obra se suspendió el servicio de suministro a través de la red, pero se dotó del líquido a vecinos mediante pipas y se proporcionaron pastillas de hipoclorito para hacer potable el agua entregada.

Miguel Barrios también indicó que en los próximos días se efectuará la segunda y la tercera etapa en las calles 55 Norte y 54 Norte, en las cuales se introducirán 77 y 125 metros de la línea de distribución de agua potable; asimismo, el SCAPSJ continúa con el monitoreo de la calidad de agua.

Los procesos son contra ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura por falsificación de documentos.

El Congreso del estado promovió 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura, por falsificación de documentos para la autorización de "pensiones doradas".
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que con estas denuncias se combate a fondo las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura para beneficiar con abultadas pensiones a ex funcionarios del Congreso local y de la administración que encabezó el ex gobernador perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con el legislador, estas 12 denuncias se suman a tres más que se presentaron ante la FECC al inicio de la LIV Legislatura sobre este caso y en las que están involucrados los ex diputados perredistas Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.
"Con estos nuevos expedientes se generan nuevos elementos que difícilmente podrán tener el beneficio de hacer frente estos procesos en libertad", manifestó Casas González.
Además, sostuvo que este supuesto delito cometido en la pasada legislatura para beneficiar a al menos 12 ex funcionarios cuesta al erario público siete millones de pesos al año.
Al inicio de la LIV Legislatura se confirmó la autorización de cerca de 40 "pensiones doradas" para favorecer a ex servidores públicos que son familiares y allegados a los ex diputados y al ex mandatario Graco Ramírez, por lo que fueron canceladas.
Sin embargo, los ex funcionarios se ampararon y en la mayoría de los casos lograron mantener su jubilación, por errores cometidos en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social cuando la presidía la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

José Casas aseguró que se inició una nueva investigación de la que derivaron las 12 denuncias que servirán como elemento ante el juez federal para que se cancelen definitivamente las pensiones. 

Blanca Nieves Sánchez dijo que promoverá un exhorto al IEBEM para que no se ponga en riesgo a los estudiantes.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano sostuvo que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 10 de agosto.
En entrevista, la legisladora local adelantó que promoverá un exhorto a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que no se ponga en riesgo a los estudiantes y a los maestros si se les obliga al regreso a las aulas cuando la incidencia de casos de covid-19 es alta.
Para la diputada, la mayoría de las instalaciones educativas en el estado no son aptas para respetar las medidas sanitaria obligatorias para iniciar clases presenciales, así como tampoco los menores están preparados para acatarlas y evitar contagios.
"En las escuelas no podrías implementar la sana distancia para comenzar, al menos en el sector público, donde tenemos aulas que si bien nos va tenemos 45 niños;  no tenemos el espacio geográfico ni el inmueble necesario. Además los niños, les hablo de preescolar, de primaria, ¿cómo vas a impedir que un niño interactue, juegue y le dé un sorbo a un contenedor de su compañerito o agarre y le dé una mordidita?", manifestó Sánchez Arano.
En este sentido, consideró que las autoridades estatales deben buscar los mecanismos necesarios para que el ciclo escolar 2020-2021 pueda iniciar mediante clases virtuales, sin que se ponga en riesgo la salud de los menores y sus docentes.
La postura de la diputada coincidió con la de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) que advirtieron que no existen condiciones para que regresen a dar clases presenciales el próximo 10 de agosto.

Miles de negocios y familias se encuentran en crisis económica, recuerdan.

Empresarias y ciudadanas que integran la asociación “Mi Ciudad Cuerna” pidieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descuentos o facilidades de pago en apoyo a la economía de los morelenses, ante la contingencia por covid-19.
Las mujeres manifestaron que a raíz del periodo de confinamiento por la pandemia, miles de negocios y familias se encuentran en crisis económica, por lo que anunciaron que solicitaron a la CFE autorice facilidades de pago de ese servicio.
"Que se analicen los máximos descuentos para las pequeñas y medianas empresas pero también para las familias, porque es lo mismo, si la empresa está cerrada la gente no tiene trabajo y cómo es posible que vamos a estar pagando si no tenemos con qué pagar", Meggie Salgado Ponce, representante de "Mi Ciudad Cuerna".
De igual forma, pidió a la ciudadanía que se sume a esta petición para que la Comisión Federal de Electricidad la atienda y la lleve a cabo.
También las integrantes de "Mi Ciudad Cuerna" demandaron al Poder Ejecutivo que trasparente los programas de apoyo aplicados a las empresas morelenses mediante créditos, derivado de la contingencia, a fin de que se garantice un adecuado uso de los recursos.
Las empresarias afirmaron que esos apoyos no han podido llegar a todos los negocios que lo requieren y se calcula que un alto porcentaje tendrá que cerrar de manera definitiva por falta de solvencia económica.

*Propuesta por el diputado Alfonso Sotelo*

En un comunicado, el Congreso de Morelos informó que avanza la cristalización del sistema de alerta temprana para sismos, propuesta por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez; al respecto, anotó que la directora general para la Gestión de Riesgos federal, Brisna Michelle Beltrán, reconoció el trabajo del legislativo.

Fue a través de una conferencia virtual como se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación federal, a cargo de Brisna Michelle Beltrán, y el diputado Alfonso Sotelo, con sus respectivos equipos de trabajo y expertos en la materia de protección civil, como se intercambiaron ideas y propuestas que vendrán a enriquecer este ambicioso proyecto.

Se refiere que la creación del "Sistema de Alerta Temprana para Sismos en el Estado de Morelos" forma parte de la Ley Estatal Morelos para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, iniciativa del diputado jojutlense.

La funcionaria federal mostró gran interés en este proyecto, reconociendo el trabajo del legislador, porque en el sistema va implícita la protección a la vida, al tiempo que manifestó su apoyo con personal a su cargo para que en breve se concrete el proyecto ejecutivo y esto sea una realidad en beneficio de todos los morelenses.

Por su parte, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso morelense, Alfonso Sotelo, manifestó que se lograron presupuestar 12 millones de pesos, en su primera etapa para la construcción de todo el sistema, y que están buscando más recursos para que quede al 100 por ciento, ya que el proyecto general requiere un total de 50 millones de pesos.

Del total de los recursos, el 50 por ciento se invertirá en infraestructura, es decir, en la adquisición e instalación de dos antenas, al detallar que actualmente se cuenta con una, ubicada en Huitzilac en el corredor del Chichinautzin, y a decir de los directivos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) A. C. se deben establecer dos transmisores más para su efectividad; una, de acuerdo a los estudios de los expertos, debe ubicarse en Tepalcingo y otra más en la zona sur.

En tanto, el 50 por ciento restante se aplicaría en la adquisición y colocación de parlantes y con ello hacer eficiente el funcionamiento de este sistema, que pondrá en alerta a la población en caso de sismo fuerte; con ello se lograría que las personas tengan tiempo de ponerse en un lugar seguro y salvaguardar su integridad física.

Finalmente, ambos funcionarios acordaron seguir trabajando en coordinación para obtener el mejor proyecto ejecutivo y que en breve Morelos cuente con este sistema, muy similar al de la Ciudad de México, pero adaptado a la realidad y condiciones de la entidad.

*Antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones*

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, hizo un llamado a los diputados de la LIV Legislatura a que aprueben el dictamen que garantiza el derecho al cambio de identidad a las personas trans antes del 15 de julio, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

Esta mañana, el ombudsman ofreció una rueda de prensa con integrantes de la comunidad LGBT+ y señaló las violaciones que están cometiendo los diputados al negarse a legislar a favor de la llamada "ley de identidad de género".

Recordó que fue el pasado 30 de junio cuando, por observaciones de la legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, el dictamen se regresó a comisiones y ahí se mantiene en la "congeladora", sólo por cuestiones de trámite y falta de acuerdos para presentar nuevamente el tema ante el Pleno y que sea votado.

Hernández Cruz sostuvo que se ha querido distorsionar la reforma que sólo busca facilitar el trámite de cambio de nombre para las personas trans, sin tener que recurrir a la Corte, la cual ha señalado que es una obligación del Congreso local y el gobierno estatal garantizar el derecho a la identidad.

*Por falsificación de documentos, en autorización de "pensiones doradas"*

El Congreso del estado promoverá este lunes, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), 12 denuncias en contra de ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura, por falsificación de documentos en la autorización de "pensiones doradas".

En rueda de prensa, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que con estas denuncias se ataca de fondo las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura para beneficiar a ex funcionarios del Congreso local y de la administración de Graco Ramírez, con la autorización de jubilaciones onerosas.

El legislador indicó que están involucrados ex legisladores como Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste; estas dos últimas ex diputadas ya son procesadas por estos casos, tras las primeras denuncias que promovió la actual legislatura.

Casas González sostuvo que este supuesto delito cometido en la pasada legislatura cuesta al erario público siete millones de pesos al año.

En noviembre podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia en Morelos.

En noviembre próximo podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia para Morelos que operará la Comisión Estatal de Seguridad, para lo cual se adquirirán cerca de mil dispositivos de grabación que serán colocados en puntos estratégicos del estado.
El director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), Juan Diego Pons Díaz, informó que además de las nuevas videocámaras, también se ha proyectado la instalación de tres arcos de seguridad en los accesos y salidas de Morelos, para el combate a la delincuencia.
El funcionario estatal explicó que el proyecto ya fue autorizado por el Fidecomp para disponer de 30 millones de pesos de dicho fondo y se prevé que en cuatro meses ya esté operando, con el fin de fortalecer las labores de prevención y combate del delito.
Pons Díaz indicó que con los arcos detectores de seguridad se podrá escanear con rayos X  a los vehículos que circulen por las carreteras y se tomarán fotografías de las placas.
Mencionó que la CES trabaja en un mapa para la ubicación de las cámaras de seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva, por lo que se ha proyectado la adquisición de más de mil dispositivos.
Este proyecto va de la mano con la nueva Ley de Videovigilancia que se podría votar esta semana en el Congreso del estado y que establece las reglas para la operación de los dispositivos de seguridad, mediante la creación de un sistema estatal que será parte de la CES.