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Confirman pacto para que esos partidos ocupen la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno; desplazarían al PES.

Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) habrían logrado un acuerdo para presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno, respectivamente, durante el segundo año de la LIV Legislatura local.
Esto sería posible a través de una nueva reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado que permitiría que la actual coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pueda reelegirse como presidenta de la Junta Política y de Gobierno. 
En tanto, el PT se aliaría con Morena para que esté al frente de la Mesa Directiva y, de acuerdo con los consensos al interior de ese partido político, la diputada Alejandra Flores Espinoza sería electa como presidenta. 
En entrevista sobre el tema, Flores Espinoza confirmó que existe un acuerdo de mayoría para que su partido presida el Congreso del estado, y señaló que siguen en las negociaciones para determinar cuál de los cinco diputados de la bancada sería el nuevo presidente. 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que su partido buscará los consensos en favor de que sean las mujeres las que presidan la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno, por ser mayoría en la LIV Legislatura. 
Apuntó que si los acuerdos logrados hasta el momento se mantienen, el próximo 19 de agosto se abrirá un período extraordinario de sesiones para concretar la renovación de los órganos de gobierno en el Congreso. 
Con las negociaciones logradas hasta el momento entre Morena y PT, el Partido Encuentro Social (PES) quedaría fuera de todo acuerdo y sin tener el control de ningún órgano, a pesar de que buscaba que Morena presidiera la Mesa Directiva pero con el diputado Javier García Chávez al frente. 

Emiliano Zapata Salazar es el héroe del agrarismo en México, es el padre del reparto agrario, es un ícono incluido y honrado en las obras de grandes pintores mexicanos y extranjeros; la vida y la obra de Zapata han transcendido hasta muchos rincones del planeta en donde simboliza lucha y rebeldía del pueblo; su imagen es universal.

A pocos días de que se cumplan los 140 años del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar, el retrato del general continúa arrumbado en la esquina del lobby del edificio del Congreso del estado de Morelos, localizado en la calle Dr. Guillermo Gándara 510, colonia Amatitlán.

El cuadro es una pintura al acrílico, que mide dos metros con cuarenta centímetros de alto tres 3 metros de largo y en él está retratado el Caudillo del Sur. La copia del máximo héroe de la revolución mexicana es a color, la original es en blanco y negro y corresponde a una de las más conocidas de Zapata: sus ojos negros vidriosos y su mirada que traspasa tiempos y conmueve; del presente hacia el momento en que se le retrato hay una síntesis de episodios sangriento y gloriosos documentado por biógrafos en los libros e imágenes de la época, y en los testimonios y en la memoria de las personas que conocieron personalmente y por medio de sus familiares al jefe sureño.

En la pintura del  rincón del palacio legislativo la mirada es de temor o de enfermedad, no se sabe si esto es resultado de la interpretación del autor o de su falta de oficio: “BROK BRAZO NICHS.4K ARTE URBANO 2002 TONY TALLABS” se lee en la equina inferior izquierda del retrato.

El cuadro se encuentra en ese abandono desde la legislatura LIII (2015-2018), la actual (LIV), que tomo posesión en septiembre de 2018, no la ha movido un centímetro.

El diputado independiente José Casas González, entrevistado sobre este cuadro, dijo que, en efecto, se encuentra abandonado y desconoce por qué no se ha movido de lugar o se ha donado o dado en comodato para tenerlo en el recinto legislativo o en algún otro lugar.

Ese espacio donde se localiza la pintura es utilizado por los legisladores para conferencias de prensa, reuniones y exposiciones, y el cuadro permanece allí, estorbando, debajo de las escaleras que conducen a uno de los niveles de los asientos para el público en salón de Plenos

A nadie le extraña que una imagen del máximo héroe de la revolución mexicana se encuentre en ese sitio, ni siquiera porque se trata de un lugar donde sesionan los representantes del pueblo; ni porque el general nació aquí, en Morelos, y fue asesinado aquí, en esta tierra donde el 13 de enero, en Ayala, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró por medio de un decreto el año “2019, Año del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata Salazar”.

Adeudo es de 235 mil pesos; nunca se canceló el servicio.

El Congreso el Estado de Morelos adeuda por concepto de telefonía la cantidad de 235 mil pesos, lo anterior luego de que la secretaría de Administración y Finanzas omitió realizar el pago del contrato de dichos servicios en la antigua sede del Poder Legislativo, ubicada en la calle Mariano Matamoros en el Centro de Cuernavaca.

De acuerdo a los datos recabados por La Unión de Morelos, el área administrativa del Congreso (desde la Legislatura anterior) olvidó cancelar el servicio de telefonía contratado con la empresa Teléfonos de México en el edificio que albergó al Poder Legislativo hasta que ocurrió el temblor del 19 de septiembre del 2017, por lo que los pagos incumplidos se acumularon por nueve meses y ahora el adeudo asciende a 235 mil 071 pesos.

Fue hasta el pasado mes de junio cuando, la titular de la secretaria de Administración y Finanzas notificó a través del oficio SAYF/ DA/LIV/ 380/2019, al presidente de la mesa directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, que tenían ese adeudo.

La funcionaria legislativa advirtió a Sotelo Martínez que si no se liquida la deuda, Telmex seguirá realizando los cobros mensualmente y el pasivo se incrementará, pues por el  cobro de telefonía mensualmente deben pagar 14 mil 691 pesos, además del costo de los equipos para las conexiones de internet que tampoco han sido entregados.

Cabe señalar que  dicha omisión deberá ser enfrentada por el nuevo presidente de la mesa directiva (cuando este sea electo), debido a que se en este momento en el Congreso del Estado atraviesa por el proceso de cambio tanto de la presidencia de la mesa directiva como de la Junta Política y de Gobierno.

La multa personal está relacionada con una controversia constitucional por una jubilación.

Además de las deudas, la LIV Legislatura enfrenta graves problemas jurídicos por la acumulación de juicios que le heredó la anterior Legislatura, derivado de las pensiones que rechazó a trabajadores de los ayuntamientos y del Poder Judicial.
El caso más reciente y que ha puesto en apuros a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, es la controversia constitucional 121/2018 que promovió el ayuntamiento de Cuernavaca en contra de la autorización de una pensión al trabajador Irineo Benítez Ramírez, que tras un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del pensionado.
En  junio pasado la SCJN requirió información al Congreso sobre la aprobación de la pensión a favor de Benítez Ramírez.

Sin embargo, no hubo respuesta por el Poder Legislativo, por lo que ordenó al presidente de la Mesa Directiva pagar una multa al Sistema de Administración Tributaria (SAT) además cumplir con su obligación.
Al respecto, el legislador Sotelo Martínez –entrevistado la semana que concluye- aseguró que el Congreso del estado ha respondido a todos los mandatos establecidos por la SCJN. Aunque el diputado dijo que hasta el momento no ha sido notificado de su sanción económica. "Si ha habido una omisión la responderemos por la vía correspondiente y en tiempo y en forma", agregó 
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, el Poder Legislativo ha acumulado un gran número de problemas jurídicos heredados, a casi un año que se instaló la LIV Legislatura.
Señaló que lograron avanzar en el cumplimiento de las pensiones incumplidas a trabajadores del Poder Judicial por falta de presupuesto y sostuvo que atenderán las que están pendientes a favor de empleados de los ayuntamientos. 

Ningún integrante de la actual Legislatura tiene el consenso para ser electo presidente de la Mesa Directiva o de la Junta Política y de Gobierno.

Anuncian foro internacional del 15 al 17 de agosto sobre dicha figura.

De entre los 29 que se inscribieron en la primera convocatoria saldrá el nuevo auditor, dice Tania Valentina Rodríguez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que no se repondrá el proceso de designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pues lo que se busca es impulsar como propuesta de acuerdo ante el Pleno del Congreso del Estado a los 29 ciudadanos que se inscribieron en la primera convocatoria. 
En entrevista, la legisladora local dijo que aunque no se ha concretado un acuerdo para promover un período extraordinario de sesiones, la comisión calificadora encargada de integrar la propuesta para designar al auditor estatal, propondrá que el asunto sea desahogado en agosto. 
La líder del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) refirió que en los primeros días de  agosto se reunirá con las coordinadoras de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo; y Maricela Jiménez Armendáriz, del Partido Encuentro Social (PES), a fin de dictaminar la propuesta de acuerdo que se presentará al Pleno, y planteará que sea la misma que se votó el 15 de julio y que no logró los consensos necesarios entre los legisladores. 
Recordó que para evitar una violación a los derechos fundamentales de los aspirantes al cargo, el primer acuerdo que se votó en el Pleno estuvo integrado por los 29 candidatos. 
"Yo creo que es importante que el acuerdo se vuelva a ir a Pleno con los mismos integrantes que se inscribieron en la convocatoria y esperamos que haya el consenso para poder tener un auditor el 19 de agosto, si es que se da la sesión extraordinaria", manifestó la diputada del PT.
En la primera votación del Pleno para elegir al auditor estatal, el pasado 15 de julio, Miguel Ángel Romano Fuentes logró 12 votos de los legisladores para ser nombrado auditor, los cuales no fueron suficientes, pues requería al menos 14 sufragios. 

Ante la posibilidad de que no haya consensos, reclamarán el derecho de ese partido a encabezar los órganos de control.

El secretario de Gobierno señala que se debe reestructurar el organismo.

Ya se cumplió con el envío de una terna, asegura el alcalde Adrián Cázares.

Zacualpan de Amilpas.- Luego de que el Ayuntamiento cumpliera con el envío de una terna al Ejecutivo estatal, y éste, a su vez, la enviara al Congreso del estado, la designación del nuevo integrante del Cabildo está en manos del Poder Legislativo, señaló el presidente municipal de este lugar, Adrián Cázares González.

Con ello se da cumplimiento al resolutivo de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que negó el regreso de Noé Barreto Molina como regidor, mismo que había sido avalado por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), pasando por alto el convenio de alternancia que por usos y costumbres hay entre las comunidades de Tlacotepec y Zacualpan.

“Ya mandamos, como lo marca la ley, la terna al Ejecutivo, y éste la envió al Legislativo para hacer lo propio y estamos en espera que nos den fecha de sesión, porque están en periodo vacacional, pero va a ser una extraordinaria”, señaló.

No descartó que sea ratificada María Isabel Vidal Ortiz, quien ya había sido propuesta por la representatividad de ciudadanos, ayudantes, comisariados y líderes de ambos pueblos.

“Tienen que citar los diputados a la sesión especial en el caso de Zacualpan por el regidor, son puras mujeres; ya había un acuerdo no por Adrián ni por el Cabildo, sino por los usos y costumbres, que es Isabel Vidal quien podría quedar en firme como regidora”, agregó.

El diputado asegura que no hay división en el grupo parlamentario del PT en el Congreso.

El Congreso del estado podría estar encabezado por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES), ya que las negociaciones para presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno están entre estas dos fuerzas políticas, admitió el diputado José Luis Galindo Cortez. 
En entrevista, el legislador del Partido del Trabajo (PT) dijo que aunque su partido intenta permanecer al frente de la Junta Política y de Gobierno, las negociaciones se "han cargado" hacia un grupo mayoritario y se han tomado los primeros acuerdos para la renovación de los órganos de gobierno. 
"Morena pretende presidir la  Mesa Directiva, comentan que por naturaleza y justicia les toca y no tengo ninguna objeción", declaró Galindo Cortez. 
Aunque el legislador rechazó que exista una fractura en el grupo parlamentario del PT, admitió que es necesario que haya cambios en los órganos de control del Congreso, como la Junta Política y de Gobierno que actualmente preside su coordinadora Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
El diputado petista incluso dejó ver que apoyará el acuerdo que tomen Morena y el PES, el cual se podría concretar en agosto, cuando se abra un período extraordinario de sesiones. 
Hasta este lunes, la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, no había fijado su postura sobre la renovación de los órganos de control; sin embargo, en las últimas negociaciones sobre los asuntos que se votaron al cierre del período ordinario, el Partido del Trabajo no votó a favor de los asuntos del grupo mayoritario que conforman Morena y Encuentro Social. 

Confirman nuevas irregularidades en informes de resultados de auditorías a instituciones públicas estatales y municipales.

Conmina sector privado al pronto desahogo de la agenda legislativa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, convocó a los diputados locales a desahogar los pendientes del Congreso del estado, como la aprobación de la Ley de Videovigilancia, y hacer a un lado los conflictos internos por la renovación de los órganos de gobierno. 
En entrevista, el empresario informó que a la fecha no han sido convocados a las mesas de trabajo a las que se comprometieron los legisladores para socializar la nueva ley que regulará  la instalación, el uso y la operación de las cámaras de videovigilancia en el estado, así como una reforma al Código Penal del estado para endurecer el castigo en contra de quien cometa  el delito de extorsión, del cual son constantemente víctimas como iniciativa privada. 
Insistió en que es necesario que como cámaras empresariales participen de la creación de las nuevas normas, que podrían aprobarse en un período extraordinario de sesiones.
Por ello, reiteró su llamado a los legisladores para terminar con la pugna por las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.
"Que ya se quiten este tema de discusiones, que realmente vean por el beneficio de la sociedad morelense y que si hay temas que tienen que tratar o se tienen que tratar que lo hagan, pero que el tema del Congreso no sean las disputas adentro del Congreso, que el tema del Congreso no sean los cotos de poder que se están negociando. Nosotros respetamos a cada uno de ellos pero no podemos seguir viendo ese tipo de noticias", manifestó. 

La exdiputada busca mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La reforma al Código Penal aprobada por los diputados incluye a los empleados de instituciones bancarias que faciliten información sobre el retiro de dinero en sucursales.

La renovación de la Junta Política y la Mesa Directiva tiene enfrentados a los diputados, admite Alfonso de Jesús Sotelo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, invitó a sus homólogos a ponerse a trabajar en los pendientes que se dejaron del primer año de la LIV Legislatura y dejar a un lado los intereses políticos.
Ante el pleito interno que hay en el Congreso del estado por el trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) admitió que se trata de la pugna que se inició hace unas semanas por la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Es mediático, es político, es con el interés de poder obtener algún beneficio al interior de los órganos de gobierno. El llamado es a que hoy cerremos filas, trabajemos de manera unánime, que le demos a Morelos los resultados que tanto necesita", manifestó.
Sotelo Martínez dijo que para nadie es un secreto que desde hace una semana inició la pugna por la designación de los titulares de los órganos de gobierno, por lo que en este proceso la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz ha determinado hacer señalamientos personales, como acusar a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de ser su "tapadera", al haber aprobado las cuentas públicas 2016 y 2017 de Jojutla, período en el que fue alcalde. 
"(Quiero) refrescarle un poquito la memoria, que en el 2016 junto con 12 ex alcaldes más fuimos auditados extraordinariamente por órdenes de Graco Ramírez, recordarán que éramos 13 alcaldes que estábamos en la mira, éramos perseguidos", manifestó el legislador, quien dijo que los resultados de esas revisiones fueron positivos. 
Por ello, insistió en pedir a sus homólogos que desahoguen los pendientes de la agenda legislativa, como las designaciones del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y evitar que los conflictos políticos dentro del Congreso abonen a una parálisis durante el receso legislativo que inició este martes, y en el que pretenden convocar a un período extraordinario de sesiones. 

El Congreso, cerrado hasta el 6 de agosto 

Por otro lado, Sotelo Martínez confirmó que a partir de este jueves y hasta el 6 de agosto el recinto legislativo permanecerá cerrado por vacaciones de verano. 
Informó que no trabajará ni el área de Oficialía de Partes para la recepción de documentos y será posterior al 6 de agosto cuando sesione la Diputación Permanente. 

La edad mínima para contraer matrimonio en Morelos será de 18 años.

El Congreso del estado exhortó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a reforzar los operativos de seguridad en las escuelas, a fin de evitar robos a los planteles durante este período vacacional de verano. 
El punto de acuerdo aprobado por el Pleno, durante la sesión ordinaria que se desarrolló hasta la madrugada de este martes, planteó a la CES que dichos operativos se realicen en coordinación con la Guardia Nacional. 
La  diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano, señaló que "lamentablemente, el receso de clases es utilizado por los ladrones para ingresar a nuestras escuelas y sustraer lo poco o mucho que tengan". 
Expuso  el caso de la escuela primaria  "Rafael Ramírez" de Cuernavaca, que en menos de un año ha sufrido 10 robos. 
"Esto deja en evidencia que los alumnos y el personal docente se encuentran expuestos a una grave inseguridad en los planteles educativos, ya que existe el temor fundado de que dichos ladrones puedan ingresar a las escuelas en horarios escolares”, manifestó en tribuna la legisladora que impulsó el punto de acuerdo. 
La diputada pidió a la CES que los operativos se realicen también en planteles educativos privados, ya que enfrentan el mismo problema, por lo que es necesario el reforzamiento de la vigilancia en las escuelas. 

Establecen que en Morelos el matrimonio entre menores de 18 esté prohibido

En la misma sesión, los diputados modificaron la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para prohibir el matrimonio infantil. 
Con las adecuaciones legales, se estableció que la edad mínima para casarse en Morelos será a los 18 años, para con ello garantizar los derechos de los niños y los adolescentes. 
"El matrimonio infantil, formal o informal, constituye una violación grave a los derechos fundamentales de las niñas y tiene graves consecuencias en todos los aspectos de sus vidas”, estableció el dictamen aprobado por el Pleno y que fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad". 

Persiste disputa en tribunales entre municipios de origen y de nueva creación.

La disputa legal entre municipios de origen y de nueva creación no para y esta vez el Ayuntamiento de Tetela del Volcán impugnó el acuerdo modificatorio que expidió hace unos días la Secretaría de Hacienda estatal para asignar presupuesto a los municipios indígenas recién instaurados.

El ayuntamiento promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 256/2019, a través de la cual pretende reclamar la invalidez del acuerdo publicado el 25 de junio, por el que fue modificado el acuerdo de 15 de febrero de 2019 y se dio a conocer el calendario de entrega, así como los nuevos porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables y las aportaciones estatales que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

En el acuerdo impugnado, la Secretaría de Hacienda estableció la redistribución de recursos que corresponderán a los municipios de origen y a los de reciente creación, lo que propició que los primeros tuviesen una reducción de recursos.

Los montos totales determinados que les corresponde para el ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos son: para Miacatlán, municipio de origen, serán 30 millones 882 mil pesos, mientras que para el territorio escindido y fundado como municipio indígena de Coatetelco, serán 20 millones 220 pesos; para Puente de Ixtla, 49 millones 104 mil pesos, mientras que para Xoxocotla, 29 millones 599 mil pesos; para Tetela del Volcán, 29 millones 355 mil pesos, mientras que para Hueyapan, 16 millones 18 mil pesos.

Dado el impacto financiero para Tetela del Volcán es que, a través de la síndica municipal, Mirella Castro Mendoza, el ayuntamiento decidió impugnar el acuerdo de redistribución presupuestal por la vía de la controversial constitucional.

El nombramiento de titular de la ESAF se hará en periodo extraordinario, confirma la presidenta de la Junta Política del Congreso, Tania Valentina Rodríguez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de haber ocultado 65 informes de resultados de las auditorías aplicadas a instituciones públicas estatales y municipales que fueron realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
En rueda de prensa, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) expuso que sin ninguna justificación la diputada Mazari Espín, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, archivó dichos resultados y se negó a emitir las declaratoria de validez.
En tanto, agregó, la diputada determinó aprobar informes de cinco municipios en sus cuentas públicas 2016 y 2017, incluidos Cuernavaca y Jojutla.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Mazari Espín habría incurrido en graves irregularidades, por haber ocultado los resultados de auditorías importantes y por haber avalado las cuentas públicas de cinco municipios sin el voto de la mayoría de los  diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la sesión del pasado 5 de julio.
Por lo anterior, la legisladora informó que procederá legalmente en contra de su homóloga por las faltas en las que pudo haber incurrido, y que tendrían efectos penales, administrativos y políticos.

Titular de la ESAF, en período extraordinario

Por otro lado, Rodríguez Ruiz informó que el nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se concretaría en un período extraordinario de sesiones, luego de que en la sesión de este lunes no se lograron los votos para que Miguel Ángel Romano Fuentes fuera electo.
Dijo que la Comisión Calificadora, que integra ella al igual que las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá que emitir un nuevo dictamen, aunque descartó que estén obligadas a reponer el proceso de designación.
En tanto, continuará como encargado de despacho Uriel González Sotelo. 

Espera Ejecutivo próximas reformas en torno a extorsión, “narcomantas” y videovigilancia.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, celebró que el Congreso local aprobó dos leyes en materia de seguridad, cuyos proyectos se trabajaron de manera conjunta entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Quedan pendientes algunas propuestas, como tipificar como delito grave la extorsión.

El funcionario estatal recordó que el Ejecutivo presentó a los diputados, en el seno de la comisión de seguridad del Congreso local, las propuestas de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos, así como la Ley que Regula el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Las iniciativas fueron elaboradas de forma conjunta con los equipos jurídicos de ambos poderes.

A su vez, el contenido de dicha legislación emanó de propuestas que surgieron de los trabajos cotidianos en la Mesa para la Paz y la Seguridad en la que también participan instituciones federales.

Sanz Rivera apuntó que esperarán a conocer si la legislación quedó como se había acordado, o hubo modificaciones al dictamen; de ser así continuarán con el procedimiento habitual, que es su publicación en el periódico oficial.

Apuntó que quedan pendientes algunas propuestas, entre las que destacó la de reformar el marco legal para que se clasifique como delito grave la extorsión, lo que implica sanciones más severas.

Además, queda en revisión la reforma en la legislación en torno a delitos relacionados con la elaboración y publicación de mantas -conocidas como “narco mensajes”- y finalmente está en pausa la ley en materia de videovigilancia.

En este último caso, Sanz Rivera dijo que los equipos jurídicos de los dos Poderes revisaron si contenía algún punto contradictorio con otras leyes o principios constitucionales, pero se revisarán algunas inquietudes en cuanto a la privacidad o la obligatoriedad de que empresas conecten sus sistemas de videovigilancia con el centro de control oficial conocido como C5.

El jefe de la oficina de la gubernatura comentó que más adelante revisarán si las nuevas leyes implican la necesidad de más recursos económicos.