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*En investigaciones iniciadas en contra de jueces*

El fiscal anticorrupción deberá responder por la falta de resultados en las investigaciones iniciadas en contra de jueces, afirmó hoy el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro.

En entrevista, el legislador indicó que se presume que Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), pretende proteger a los jueces señalados por presuntos actos de corrupción.

Lo anterior, lo sostuvo el diputado local al hablar sobre la problemática en el tema de seguridad, además de anotar que se requiere de una mayor coordinación entre las autoridades estatales.

Al respecto, Zapotitla Becerro insistió en que mientras la Comisión Estatal de Seguridad (CES) trabaja para combatir la inseguridad, desde el Poder Judicial se señala a jueces.

*En todos los niveles de gobierno*

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, sostuvo que es necesario revisar el trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno sobre el combate a los feminicidios.

Ante la alta incidencia de este delito a nivel nacional, la legisladora consideró que se deben revisar las políticas públicas que se aplican para atender el tema.

Morales Sandoval señaló que más allá de medidas punitivas, como la condena de 60 años que se establece por el feminicidio, insistió en que se deben aplicar medidas preventivas.

El Congreso del estado debe iniciar un proceso de evaluación en contra del fiscal anticorrupción por su falta de resultados, así lo sostuvo la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

En entrevista, la legisladora afirmó que derivado de la integración de la glosa del informe, el Congreso local debe concretar dicho proceso, pues es claro que Juan Salazar Núñez no ha cumplido con su trabajo.

Mazari Espín también refirió que es facultad del Congreso avanzar en el tema y sólo hacer recomendaciones al Ejecutivo, si es necesario, sobre el trabajo de los secretarios de despacho.

Luego de que se diera a conocer por parte del secretario de Gobierno que se investiga a 11 jueces por la liberación de 64 presuntos secuestradores en Morelos, y de hacer un llamado al Poder Judicial, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles sentenció que sin justicia difícilmente en Morelos se encontrará la paz social que las familias y la sociedad demandan.

También puntualizó que "al poder judicial le urge un cambio de rumbo para recuperar la credibilidad y la confianza de la gente en este pilar de la democracia tan seriamente cuestionado en los últimos cuatro años. Estamos llamados a revisar nuestros procedimientos de designación de jueces, pues en los últimos años se hicieron designaciones sin exámenes de concurso de oposición".

De igual modo, Arenas Ángeles aseveró que "por ello es urgente retomar el mandato de la constitución y los tratados internacionales, que exigen que nuestros jueces para ser designados sólo sea a través de convocatorias transparentes que impulsen la carrera judicial, como garantía de autonomía e independencia de nuestros jueces, en donde su único jefe sea la constitución, la ley y su conciencia".

Añadió que "quizás fue un error por parte de la actual administración dejar de aplicar exámenes de concurso para designar a nuestros jueces; la falta de evaluación permanente, la falta de aplicación del código de ética, etcétera".

Concluyó afirmando que "a la sociedad de Morelos le urgen jueces no sólo autónomos e independientes, sino valientes pero con valores. En síntesis, no sólo con conocimientos del derecho sino además 'buenos seres humanos', porque la tarea de juzgar a nuestros semejantes no es una tarea fácil".

El magistrado continuó afirmando que seguro está que "en el poder judicial hay muchas mujeres y hombres comprometidos con la justicia pero desafortunadamente, por la falta de planeación, unidad y liderazgo de la actual administración, la situación ya se salió de control".

El magistrado Iván Arenas ya había advertido de estos temas el año pasado, por escrito, a la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, y a través de denuncia pública.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que son investigados 11 jueces por la liberación de 64 presuntos secuestradores.

El encargado de la política interna en Morelos indicó que el Ejecutivo estatal hace un respetuoso llamado al Poder Judicial, para que se revise esta situación.

Por otra parte, Ojeda Cárdenas dio a conocer que se pondrán en marcha operativos de fuerzas federales y estatales, para proteger hospitales cuando haya detenidos o presos lesionados en calidad de pacientes.

Esto para prevenir casos como el ocurrido en Tetecala, donde un grupo armado atacó a policías y liberó a un presunto secuestrador.

*Ante el Congreso local*

El diputado morenista Javier García Chávez adelantó que promoverá una propuesta para obligar a que los encargados en las áreas de seguridad, procuración de justicia y hacienda comparezcan semestralmente ante el Congreso del estado.

Al respecto, el legislador refirió que la iniciativa se impulsaría para que la rendición de cuentas deba darse ante el Pleno del Congreso local.

La propuesta busca reformar la Constitución Política del Estado de Morelos, que actualmente señala que la obligación de comparecer semestralmente para rendir un informe es del fiscal general.

*Pretenden un incremento del 20 por ciento*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que no admitirán abusos de parte de los alcaldes que pretenden un aumento del 20 por ciento en el cobro de derechos.

Reiteró que existe todo el apoyo del Congreso del estado para apoyar a los municipios en sus finanzas, pero dijo que el acuerdo fue aprobar un ajuste del 15 por ciento en los montos establecidos por concepto de derechos municipales.

Sotelo Martínez adelantó que este viernes se concretará la mesa de trabajo con ediles, en la que participará el Ejecutivo estatal para, finalmente, llegar a acuerdos en torno a un rescate financiero a favor de los ayuntamientos.

*Entre ellos, el ex secretario de Hacienda*

El Gobierno de Morelos inició denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de varios funcionarios de la administración pasada, por presunto desvío de más de 400 mil de pesos, presuntamente a través de "14 empresas fantasma".

Entre los ex servidores públicos señalados se encuentran el ex secretario de Hacienda, el ex subsecretario de Ingresos y dos tesoreros.

Al respecto, el asesor Anticorrupción estatal, Gerardo Becerra Chávez, indicó que se identificó que se habría tejido una red de delincuencia organizada, al tiempo de referir que entre las irregularidades detectadas se encuentra la compra de 79 millones de pesos en papelería a una empresa inexistente.

—Fotonota—

Este lunes se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria para la aprobación del programa anual de trabajo del subcomité sectorial “Productividad y competitividad para los morelenses” del Comité de Planeación para el Desarrollo de Morelos (Coplademor), encabezado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González.

*A alcaldes, diputados y secretarios*

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, reveló que usurparon su identidad pues en su nombre alguien ha intentado engañar a alcaldes, diputados y secretarios, solicitando dinero supuestamente a cambio de que la dependencia a su cargo les asigne presupuesto.

El funcionario estatal aseveró que es totalmente falso, y llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar; también mencionó que cuando menos 20 personas le han comunicado esta anomalía.

Por otra parte, Villarreal Gasca aseguró que no se ha dado manejo discrecional del presupuesto en el 2019, como señaló la organización Morelos Rinde Cuentas; confirmó que se hicieron transferencias por 30 millones de pesos, la mayor parte de programas federales.

En otro tema, indicó que aún no se ha definido el monto a asignar a los municipios para el pago de laudos.

*En próxima reunión de ediles inconformes con las leyes de ingresos*

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Cuernavaca dio a conocer que el alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán, llevará temas de reestructuración de la deuda pública y sobre alumbrado público, a la próxima reunión de ediles inconformes con las leyes de ingresos.

Lo anterior, con el objetivo de mejorar la tranquilidad del municipio y frenar los índices de inseguridad.

Previo a la próxima reunión de 32 de 36 presidentes municipales que expresaron su desacuerdo con las desechadas leyes de ingresos municipales del paquete fiscal del 2020, el alcalde de Cuernavaca afirmó que todos los temas financieros pasan por el Congreso local y es por eso que el municipio sí requiere de esa ley de ingresos acorde a las necesidades.

Villalobos Adán dejó en claro que no quiere confrontaciones políticas con el Poder Legislativo y menos con los diputados, y que está a favor de la política del diálogo y la conversación.

Por falta de acuerdos, una vez más se suspendió la mesa de trabajo entre diputados locales, autoridades del gobierno estatal y los alcaldes.

Al respecto, el diputado Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que no hay coincidencias en apoyar a los ediles mientras éstos se niegan a transparentar el uso de los recursos.

Puso como ejemplo el caso de Cuernavaca, que busca concesionar el servicio de alumbrado público y no ha presentado el proyecto completo al Congreso del estado, que deberá autorizarlo.

El legislador afirmó que el tema del rescate a los municipios no avanzará mientras no haya voluntad de los ediles para transparentar sus finanzas.

En tanto, la diputada Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que seguirán buscando los acuerdos para que la reunión se lleve a cabo, y antes de que termine febrero se concreten las reformas a las leyes de ingresos municipales, que incluirán ajustes para apoyar a las finanzas de los ayuntamientos.

Este lunes se lleva a cabo la firma de acciones y compromisos respecto a los inmuebles en uso por el Ayuntamiento de Cuernavaca.

El evento lo presiden el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán.

Se informó que el objetivo es trabajar para que más de 20 inmuebles sean entregados a Cuernavaca como parte del patrimonio que estaba bajo poder del gobierno estatal, entre ellos el panteón de la Paz, mercados, la alameda Solidaridad y centros de desarrollo comunitario, entre otros.

Al respecto, el presidente municipal dijo que con este proceso será legalmente factible invertir en esos inmuebles.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito revocó el amparo concedido a una jueza contra la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

También se informó que, partir de ahora, el juez Alejandro Becerra Arroyo podrá integrarse al máximo órgano administrativo del TSJ.

De igual modo, se refiere que sobre la Junta se interpusieron al menos 12 amparos, de los cuales seis ya fueron resueltos, unos a favor y otros en contra; aún falta conocer los recursos de revisión y sentencias definitivas.

En el documento referido se detalla lo siguiente:

"Por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, integrado por la magistrada María Guadalupe Saucedo Zavala (presidenta), magistrado Juan José Franco Luna y magistrado Joel Darío Ojeda Romo, resolvieron revocar la resolución interlocutoria sujeta a revisión dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, José Leovigildo Martínez, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 742/2019 a favor de la Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, Rosenda Mireya Díaz Cerón, por la elección del Juez de Primera Instancia, Alejandro Becerra Arroyo, como integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

En su fallo, la justicia federal determinó negar la suspensión del acto reclamado bajo el principal argumento de anteponer el interés de la sociedad sobre uno particular, "la suspensión debió negarse, porque con su otorgamiento se violó el orden público y el interés social, dado que de resultar fundado, implicaría un mayor beneficio para el tercero interesado (juez Alejandro Becerra) que una hipotética reposición de procedimiento".

La trascendencia de esta resolución estriba en que a partir de hoy, el juez Becerra Arroyo podrá integrarse a los trabajos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del TSJ, después de haber sido elegido en la “polémica” sesión de Pleno del pasado 3 de junio de 2019, donde nueve de los magistrados opositores a la administración de la magistrada Presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López, decidieron “por voluntad propia” abandonar la sesión de Pleno previo a la votación.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece textualmente en su artículo 92-A que: “La Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el Presidente del mismo”.

Cabe recordar que hace una semana, el Juez Séptimo de Distrito otorgó un juicio de amparo número 837/2019 a favor del magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, uno de los nueve magistrados opositores a la administración de Cuevas López, "al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa".

Finalmente, se indica que sobre este tema existen al menos 12 amparos, de los cuales al menos seis ya fueron resueltos (no en definitiva por parte de los Tribunales Colegiados), unos a favor y otros en contra, por parte de diversos Jueces de Distrito, por lo que falta conocer los recursos de revisión de cada uno de ellos y las sentencias definitivas.

El delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, consideró que el avance en Morelos ha sido importante, pero hay retos por cumplir.

Cuestionado sobre el informe de actividades del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Flores Cervantes dijo que la calificación que pondría es de ocho.

De igual modo, el funcionario comentó que junto con la estrategia federal seguramente se avanzará en salud, seguridad y productividad.

*En el primer año de gobierno*

En un comunicado emitido por el Congreso Morelos, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, hizo un reconocimiento del esfuerzo de coordinación que ha encabezado el titular del Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a lo largo de este primer año de actividades, para poder dar los resultados que la ciudadanía necesita.

Lo anterior, tras asistir junto con las y los diputados integrantes de la LIV Legislatura a la presentación del primer informe del gobernador.

Sotelo Martínez resaltó que el mandatario estatal ha dejado de manifiesto su voluntad política y social, al mantener un diálogo permanente "con todos quienes hoy formamos parte del ejercicio de gobierno; desde las distintas encomiendas hemos estado reunidos para atender muchos temas, porque lo que hoy Morelos necesita es la unidad de todos los poderes en una constante relación".

Alfonso Sotelo informó que durante la próxima sesión ordinaria, la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno del Congreso local de la presentación del primer informe de gobierno, mientras que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) procederá a la calendarización de las comparecencias de los secretarios de despacho del gobierno estatal, como parte de la glosa del informe.

"El Congreso del estado cuenta con 20 días, después de recibir el informe, para generar la calendarización de las comparecencias y a partir de ese ejercicio de rendición de cuentas, nosotros haremos los señalamientos que creamos necesarios a nombre del Poder Legislativo", apuntó el legislador.

Finalmente, Sotelo Martínez advirtió que aunque los diputados son respetuosos de la división de poderes, el análisis del informe de actividades servirá para "hacer las sugerencias que creemos necesarias, aunque seremos muy respetuosos de las decisiones que tome el señor gobernador".

Este jueves, el titular del Poder Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, entregó su informe de gobierno ante el Congreso del estado.

Por medio de Raymundo Parra Hernández, titular del área de Planeación del gobierno del estado, se presentó por escrito dicho informe en la oficialía de partes del Congreso local; posteriormente será turnado a la Mesa Directiva.

Una vez que el Pleno dé cuenta a los legisladores de la entrega del informe, se turnará a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) para su revisión.

Al respecto, la presidenta de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza, sostuvo que una vez hecha la revisión del informe se podrían proponer cambios en el gabinete del gobernador.

La diputada consideró que es necesario reforzar el tema de seguridad y resolver el rezago en salud; sin embargo, insistió en que esos planteamientos se harán en la integración de la glosa del informe.

*Para la distribución de espacios públicos*

Diputados locales aprobaron la paridad constitucional total, que permitirá que el Poder Ejecutivo, los tribunales del Poder Judicial, el Congreso del estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y las candidaturas electorales, se integren y distribuyan por el mismo porcentaje de hombres y de mujeres.

En la sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno del Congreso local aprobó por mayoría la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en las que se establece la paridad total para la distribución de espacios públicos.

De igual modo, la obligación de los partidos políticos a postular en sus candidaturas al mismo número de hombres y mujeres.

El próximo lunes, el Congreso del estado fijará acuerdos con alcaldes para avanzar en un "rescate financiero" a los municipios.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dio a conocer que en este encuentro se les informará a los ediles acerca de la ruta jurídica a seguir para concretar aumentos del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.

De igual modo, sobre la institución del fondo para el pago de laudos a los que están obligados los municipios, según anotó el legislador.

*Por presuntas irregularidades en 2017, 2018 y 2019*

El Congreso del estado ordenará auditorías especiales en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y El Colegio Morelos, por presuntas irregularidades cometidas en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.

Al respecto, el diputado morenista Javier García Chávez informó que las solicitudes a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se aprobarán por la vía rápida, en la sesión ordinaria que se desarrollará esta tarde en el Pleno, debido a la urgencia del tema.

El legislador adelantó también que están en lista otros procesos de revisión contable y administrativo, en contra de municipios y de algunas dependencias del Poder Ejecutivo del estado.