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Defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia.

Un juzgado federal otorgó a la expresidenta del Congreso de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, una suspensión provisional para evitar la ejecución de la orden de aprehensión girada por un juez de control a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 940/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, a la exlegisladora -que fue electa por el PRI y posteriormente pasó a las filas del PRD- le fue concedida la medida cautelar de manera provisional.

La demanda de amparo fue admitida este mismo viernes y la justicia federal le concedió la suspensión, con el depósito de una garantía económica de siete mil pesos.

La audiencia incidental fue programa para este 11 de junio para determinar si prevalece o no de manera definitiva, mientras que la audiencia constitucional fue agendada para el próximo 5 de agosto.

El pasado 28 de junio, una juez de control declaró prófuga a Vicera Alatriste, luego de que ella no se presentó a la audiencia de formulación de imputación en la que se acusaría del delito de peculado.

Su representante legal exhibió un justificante médico expedido por un hospital privado de la Ciudad de México, el cual no fue aceptado por la juzgadora, por considerar que el documentó no cumplió con los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En una nueva audiencia celebrada el pasado 2 de julio, el defensor de la exdiputada presentó a declarar a un médico, que no fue el mismo que le expidió la receta de incapacidad para acudir a audiencia, y al comprobarse que su testimonio no tenía validez, se ratificó la sustracción de la exlegisladora.

Este viernes, la fiscalía anticorrupción informó que emitió una alerta migratoria y tramitó una ficha roja para la localización y aprehensión de Vicera Alatriste, ante la posibilidad de que pudiera salir de México o se encuentre en otro país.

La defensa rechaza que la exdiputada sea prófuga de la justicia, y señala que se encuentra en tratamiento médico.

El legislador señala que serán respondidas las observaciones del Ejecutivo pero espera que se mantenga la postura de los legisladores que votaron la medida.

Plantean reforma al Código Penal para establecer como lesiones "calificadas" las agresiones que un civil cometa en contra de un elemento de seguridad.

El llamado a la SCT es a salvaguardad la integridad de los ciudadanos que transitan por esa vía de comunicación.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que se repare de manera urgente el muro de contención dañado del Paso Exprés Tlahuica, que se ubica en el kilómetro 84, a la altura de la colonia Antonio Barona, y que representa un grave riesgo para la población.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, presentó un punto de acuerdo por el que también se hizo un llamado a la Coordinación Estatal de Protección Civil para que se tomen medidas de seguridad ante dicho desprendimiento del muro.
"En esta ocasión tenemos la oportunidad de tomar medidas de prevención para evitar que esta situación tenga como final una tragedia traducida en pérdida de vidas", manifestó la legisladora, al recordar que hace dos años dos hombres murieron por el socavón que se originó en el Paso Exprés, ante la omisión de las autoridades en las fallas de dicha obra carretera. 
La diputada apuntó que existe un dictamen de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que advierte de los riesgos y de la necesidad de reparar el muro de contención ubicado en el kilómetro 84. 
"Por tal motivo, y con la finalidad de evitar una tragedia como las que ya han acontecido en el estado en el paso exprés y sus vicios ocultos, hago uso de mis atribuciones como legisladora para exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a realizar las reparaciones necesarias con la finalidad de salvaguardad la integridad de todos los ciudadanos que transitan por ese tramo, máxime cuando se avecina el periodo vacacional y el tránsito aumenta y, con este, el riesgo", manifestó. 
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso local. 

Leyes de videovigilancia y de tecnologías de la CES y reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, serán aprobadas por los diputados la próxima semana.

El Pleno del Congreso del Estado conoció este miércoles, en sesión ordinaria, la iniciativas de ley de videovigilancia y de la que busca regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Las propuestas fueron creadas y enviadas ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso y presentadas de manera inmediata ante el Pleno por el diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de aprobarlas por la vía rápida la próxima semana. 
En tribuna, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que la nueva ley de videovigilancia tiene como finalidad coadyuvar en la prevención e investigación de los hechos delictivos. 
Con la nueva normatividad, agregó, se permitirá la regulación de los aparatos de video y vigilancia que ayudarán a documentar infracciones administrativas sobre la seguridad pública y atender emergencias de manera oportuna con capacidad las 24 horas. 
"Son efectos que se catalogan como disuasivos de delitos y coadyuvante de la investigación. La videovigilancia puede funcionar para disminuir el riesgo de ser víctima de un delito", manifestó Zapotitla Becerro ante sus homólogos. 
La propuesta establece que las empresas deberán contar con cámaras que estén conectadas a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), como una medida de prevención del delito. 
De igual forma, ante tribuna también presentó la propuesta que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad, la cual ayudará a una mejor coordinación entre el Centro de Comando (C5) y las dependencias estatales y municipales, así como empresas conectadas al mismo. 
De acuerdo con el legislador, las redes tecnológicas y el uso de aparatos de telecomunicación han sido factor para la operatividad del C5, por lo que es necesario establecer el marco normativo para el uso de las tecnologías en materia de seguridad. 
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su dictaminación en las próximas horas y su aprobación la próxima semana, antes de 15 de julio, cuando concluirá el período ordinario de sesiones. 
De igual forma, se postergó la aprobación de la reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión. 
El diputado Javier García Chávez informó que el Ejecutivo determinó realizar unos ajustes en el dictamen, que se votará al mismo tiempo que las leyes antes citadas. 

Sus plazas fueron anuladas por los actuales diputados desde septiembre del 2018.

El Congreso del estado enfrenta 30 juicios de amparo de extrabajadores que fueron sindicalizados por la LIII Legislatura y cuyas plazas fueron anuladas por los actuales diputados, desde septiembre del 2018.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que de las 40 plazas que creó la pasada legislatura para "premiar" a sus ex colaboradores, 30 juicios se iniciaron por los posibles afectados. 
Dijo que están atentos a la resolución de la justicia federal en torno a las plazas de sindicalizados que, afirmó, se autorizaron fuera de la ley y con salarios onerosos. 
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la firma del convenio contractual 2019 con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, con el que acordó un incremento del 5.6 por ciento al salario retroactivo al mes de enero. 
Dentro el convenio que se firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se acordó destinar una partida presupuestal por 180 mil pesos para la compra de despensas, además de recursos para la entrega de uniformes para los trabajadores del Congreso del Estado.
Sotelo Martínez dijo que también se convino con la parte sindical destinar un monto de 185 mil pesos para “temas de higiene y economía de los trabajadores”, así como incentivos  económicos para 40 trabajadores por su buen desempeño, y para la organización de festividades sociales como el Día de la Madre, del Padre y de la Secretaria, por mencionar algunos.

Diputado señala que se anulará la reforma constitucional que aprobó la anterior legislatura.

El Congreso del estado impulsará una contrarreforma constitucional para eliminar beneficios a los magistrados del Poder Judicial, desde su nombramiento hasta su retiro. Así lo confirmó el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Galindo Cortez. 
En medio de una controversia sobre la procedencia del punto de acuerdo que impulsó para reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial, que aún se revisa por el Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el legislador petista aseguró que irán al fondo del tema y echarán abajo la reforma constitucional que aprobó la LIII Legislatura. 
Se trata de la reforma constitucional que se publicó el 24 de febrero en el periódico oficial, y que incluyó la eliminación del proceso de evaluación y ratificación y se estableció que los próximos magistrados durarán en su encargo 14 años.

Anteriormente se les designaba por un periodo de seis años, con la posibilidad de permanecer ocho años más. 
Dicha reforma también estableció que por "única ocasión" los actuales magistrados permanecerían 20 años en el cargo, misma disposición que se busca abrogar con el punto de acuerdo que aprobó el lunes 24 de junio pasado por el Pleno del Congreso. 
Galindo Cortez aseguró que la propuesta de contrarreforma se impulsará en el próximo período ordinario de sesiones, para lo cual convocará a mesas de trabajo con asociaciones de abogados y con los mismos magistrados. 
"No hicimos primero esa reforma porque se iba a postergar en el cargo la magistrada presidenta y por ello determinamos impulsar el punto de acuerdo. Vamos por la segunda etapa, de todos modos no se van a quedar (los magistrados). Obligatoriamente debemos impulsarla, porque debemos dar certeza a la ciudadanía de que hay procuración de justicia", manifestó. 
En la reforma aprobada por la LIII Legislatura también se contempló la creación de un fideicomiso en el Poder Judicial para el pago del haber de retiro de los magistrados, lo cual no se ha podido impulsar. 

Este miércoles el Congreso aprobará las reformas al Código Penal; hasta 25 años de cárcel puede recibir quien cometa ese delito.

El Juzgado Tercero de Distrito federal rechazó el amparo promovido por Jorge Arturo Olivares Brito en contra de la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz. 
La autoridad judicial determinó que es improcedente el juicio de amparo "toda vez que no es posible intervenir en determinaciones derivadas de una potestad soberana consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Morelos".
El pasado 20 de junio, el Congreso del estado nombró a Hernández Cruz como titular del organismo defensor de los derechos humanos, quien de inmediato fue cuestionado por su falta de experiencia en la materia y por haber sido colaborador del gobierno de Graco Ramírez. 
Mediante el amparo 838/2019, Olivares Brito, ex presidente de la CDHEM y uno de los participantes en el proceso de designación, buscó el amparo de la justicia federal para echar abajo la determinación del Congreso del estado. 
En la determinación de la autoridad se aclara que el amparo no es la vía para poder echar abajo el nombramiento del actual titular del organismo defensor de los derechos humanos. 
El amparo de Olivares Brito es uno de los al menos seis amparos en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz defiende designación de ombudsman.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno , Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pidió a los ciudadanos un voto de confianza para el Congreso del estado, ante los nombramientos concretados en instituciones públicas y los que están por definirse en los próximos días. 
Al ser cuestionada por las críticas realizadas  y las acciones legales concretadas en contra de la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), la diputada afirmó que se tomó una decisión apegada a derecho y en base a la experiencia del abogado. 
"Este tipo de nombramientos hay gente que siempre queda desconforme (sic), nada les parece, porque hay gente muy capaz y todos tendrán un consentido. Nosotros estamos apegados a la realidad y a la experiencia. El nombramiento que se hizo de Israel en derechos humanos lo relacionan con un gobernador y él trabajó con muchos gobernadores y él fue creciendo y se fue formando", manifestó la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT). 
Por lo anterior, Rodríguez Ruiz pidió a la ciudadanía tener confianza en la decisión que tomarán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y a un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). "Ojalá los ciudadanos nos tengan confianza y entiendan que queremos a las mejores personas", agregó. 
Ante la información que de manera extraoficial se dio a conocer sobre posibles "moches"  (sobornos) distribuidos a los diputados para votar a favor de uno de los aspirantes a ser auditor estatal, la diputada petista manifestó: "Eso solamente son chismes". 

Órganos electorales, diputados y organizaciones civiles inician análisis de la nueva legislación.

El Congreso del estado, los órganos electorales y organizaciones civiles iniciaron el análisis de una nueva reforma electoral, con la que se busca garantizar la paridad total en todos los puestos de elección popular. 
Este miércoles en el recinto legislativo se llevó a cabo el Observatorio Participación Política, en el que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) plantearon propuestas sobre la armonización jurídica que se requiere para aplicar la paridad total y también para inhibir la violencia política por razón de género. 
"Consideramos que deben existir más normas para que el Impepac y el Tribunal Electoral cuenten con más elementos para que sancionen la violencia política. Ya tenemos un caso en el que el tribunal atendió el caso de la síndica Paola Cruz, pero creemos que se debe aplicar el marco normativo", explicó Angélica Sánchez Santiago, coordinadora general de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL). 
Por su lado, el magistrado del TEEM, Alberto Puig Hernández, informó que en el marco de la discusión de una nueva reforma electoral para cumplir con la paridad total, el tribunal impulsará dos propuestas; una, para que finalmente se logre la paridad en la distribución de las regidurías; y la más novedosa, plantea que haya equidad en cuanto a la distribución de las candidaturas a gobernador que impulsen los partidos políticos. 
Explicó que se presentará al Congreso del estado una fórmula que pretende que la mitad de las candidaturas a gobernador sean mujeres y el 50 por ciento hombres. "Estamos proponiendo que si no se logra el registro de manera paritaria, se aplique una fórmula para que el partido que haya obtenido la menor votación en la pasada elección esté obligado a registrar a una mujer", añadió. 
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Keila Figueroa Evaristo, informó que se busca impulsar una reforma electoral para el próximo período ordinario de sesiones, y que la paridad en todos los puestos de elección popular se logre para el próximo proceso electoral. 

Acuerdan Ejecutivo y Legislativo las reformas que se aprobarán para mejorar la seguridad en Morelos; los cambios impedirán usar permisos de circulación de otras entidades.

El Congreso del estado acordó con el Poder Ejecutivo desahogar por la vía rápida nuevas normas en materia de seguridad, como la ley de videovigilancia para Morelos y una reforma al Código Penal para tipificar como delito grave la extorsión telefónica, para que antes del 15 de julio se hayan aprobado.

Mientras tanto, descartaron limitar el uso de motocicletas a una sola persona. 
En el marco de la segunda mesa de trabajo por la seguridad y la paz entre autoridades federales, estatales y los legisladores locales, el Ejecutivo  garantizó que el próximo dos de julio entregará redactadas las iniciativas de ley de videovigilancia, la que busca regular el uso de tecnologías para la seguridad pública y reformas al Código Penal del estado. 
Mientras tanto, se postergará para agosto la creación de una nueva ley para empresas de seguridad privada y reformas en materia de tránsito, cuando se abrirá un período extraordinario de sesiones en el Congreso del estado. 
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó al término del encuentro que quedó descartada la propuesta para limitar a una sola persona el uso de motocicletas.

Sin embargo, adelantó que endurecerán las normas en materia de tránsito para evitar que los vehículos automotores circulen en el estado con permisos provisionales, aún y cuando se hayan autorizado en otras entidades del país. 
El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que las iniciativas serán socializadas, a pesar de que se busca aprobarlas por la vía rápida. 
En el caso de la Ley de Empresas de Seguridad Privada, dijo que el Ejecutivo planteó crear el reglamento del marco normativo vigente en la materia, pero a petición de organizaciones y empresarios se determinó trabajar en una nueva ley que no vulnere los derechos de nadie. 
"El tema de empresas seguridad privada y motociclistas se aplaza un poquito, sí se empieza a revisar, ya estamos en ello, pero se da celeridad a dos iniciativas para ver si antes del 15 de julio pudiéramos estar aprobándolas, que es el tema de videovigilancia y extorsión, así como otras reformas para endurecer penas en delitos de alto impacto", añadió el legislador local. 

El alcalde Jesús Corona Damián solicitó la revisión al Congreso estatal, por presunto desvío de recursos.

Cuautla.- Por presunto desvío de recursos, la administración que encabezó Raúl Tadeo Nava podría enfrentar una auditoría, de manera específica en el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC).

En este sentido, el exedil calificó de “falsa” la información de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realizará una auditoría especial a la administración que encabezó, en la que se presume que hubo desvío de recursos y laudos.

Y es que hay que mencionar que en días pasados, el alcalde Jesús Corona Damián solicitó al Congreso del estado que realice una auditoría a la anterior administración, particularmente al SOAPSC.

Debido a que se trata de un organismo descentralizado del Ayuntamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, Tadeo Nava dice que en caso de haber alguna anomalía, sería el extitular del Sistema Rodrigo Arredondo quien tenga que responder.

En su defensa, el ex edil señaló que su administración fue auditada en los periodos fiscales correspondientes a los años 2016 y 2017 y que actualmente se realiza la correspondiente a 2018, cumpliendo con los marcos legales estipulados.
Luego de haber contendido como precandidato a la diputación federal, el exalcalde ahora pretende convertirse en el dirigente estatal de Morena, toda vez que el éxito que esperaba no pudo obtenerlo en el PRD, aún sin ser militante ni tener el tiempo establecido para serlo.

“Es público que he estado visitando las colonias, rencontrándome con los ciudadanos y trabajando por lograr la verdadera transformación de nuestro país”, concluyó el ex presidente municipal de Cuautla.

El funcionario destacó la búsqueda de una solución al pago de pensiones sin afectar los derechos de los trabajadores.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo, José Manuel Sanz Rivera, asistió a la inauguración de la Mesa Técnica para crear el Sistema Estatal de Pensiones, organizada por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos.

Al hacer uso de la palabra, Sanz Rivera confió en que en las 23 mesas de trabajo que se desarrollarán a lo largo del año y que concluirán en diciembre próximo, se pueda encontrar una resultado positivo a la problemática que se genera por concepto del pago de pensiones. 

“Yo creo que en los trabajos que se realicen en esta mesa y en las sucesivas podrá salir algún tipo de solución, basándonos siempre en el respeto a los trabajadores, definitivamente, porque tienen una antigüedad y hay que respetar esos derechos que adquieren”, expresó.

Por su parte, la diputada local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, señaló que el objetivo es revisar la Ley del Servicio Civil que data de 1950 y que ha sufrido actualizaciones en 1984 y 1992.    

“Esta sesión que estamos haciendo es para tener trabajos que permitan resolver en Morelos el problema que se tiene de jubilaciones y pensiones. Esos trámites que son engorrosos, y que también no tenemos las finanzas bien programadas para solventar este problema”, indicó.

A la primera sesión acudieron representantes del Poder Judicial y Legislativo, así como de diversos municipios, de sindicatos de los tres Poderes del Estado y de varias localidades.

En la instalación de la primera mesa técnica se dijo que el sesenta por ciento del presupuesto estatal se destina a ese rubro.

Analizarán a cuántos burócratas se les paga pensión en la entidad.

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus sindicatos, acordaron trabajar en la creación de un Sistema Estatal de Pensiones, ante la problemática financiera que enfrentan las instituciones públicas del estado por este tema.
Este martes, el Congreso local instaló una mesa técnica, con miras a crear dicho sistema, como una solución al pago de pensiones y jubilaciones, ya que actualmente el 60 por ciento del presupuesto del gobierno estatal se destina a ese gasto.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que se busca integrar un fondo de pensiones en el que tanto la  institución pública como el trabajador aporten un recurso para su retiro.
Sin embargo, la legisladora dijo que se tiene que cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores, "pues hemos visto en otros estados donde ya tienen un fondo que le descuentan mucho al trabajador y no queremos que eso pase en Morelos", agregó.
Por su lado, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que se debe analizar a fondo el tema y evitar que se trastoquen los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una solución al problema del pago de pensiones.
Por lo anterior, los integrantes de la mesa técnica acordaron realizar un diagnóstico del problema y conocer cuántas jubilaciones deben pagar los tres poderes del estado, los ayuntamientos y el resto de los órganos y organismos públicos.
Miguel Ángel Medina Soto, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Poder Ejecutivo, afirmó que están dispuestos a trabajar en el tema, pero recordó que el mayor gasto no lo generan los burócratas, que en su mayoría ganan cuatro mil pesos, sino los funcionarios de primer nivel que se jubilan con pensiones onerosas.
"Si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto se va en pensiones, habría que ver cuál es el presupuesto de nosotros cuando ganamos cuatro mil pesos mínimo. Si hacemos un balance de eso estamos teniendo que el 60 por ciento del gasto del estado no lo llevamos los trabajadores sindicalizados supernumerarios, sino que se lo lleva el que tiene un salario más alto que el de nosotros", añadió Medina Soto.
Durante todo el año se llevarán a cabo 23 mesas de trabajo sobre el tema y la siguiente será el 3 de julio próximo, en el Congreso del estado. 

Mediante un punto de acuerdo anulan la extensión del periodo en el cargo hasta por veinte años que aprobó la legislatura anterior.

Por la vía rápida y mediante un acuerdo político, los legisladores locales dejaron sin efectos los nombramientos de un grupo de magistrados a los que la LIII Legislatura extendió su período por 20 años. 
El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Galindo Cortez, quien recibió el respaldo de 16 legisladores más, que aprobaron ante el Pleno abrogar una norma transitoria por la que se dispuso que una lista de 22 magistrados permanecieran en su representación por 20 años y no 14, como actualmente lo establece la Constitución Política del Estado de Morelos, a raíz de una reforma que también aprobaron los ex legisladores. 
Dentro de la lista de magistrados que se verían afectados con la determinación del Pleno del congreso destaca la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, quien tendría que dejar el cargo el próximo 4 de julio. 
El artículo segundo transitorio del decreto publicado en la edición del 24 de febrero del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, establece que los 22 magistrados en funciones, que recibieron su nombramiento por 20 años, son del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
"Por esta única ocasión, durarán en su encargo hasta cumplir veinte años contados a partir de la fecha de su primera designación, sin perjuicio de la aplicación de la disposición constitucional que establece el retiro forzoso por razón de edad y gozarán del haber de retiro en la forma y términos que determinen los ordenamientos correspondientes”, señala la norma transitoria que a partir de ayer quedaría sin efectos. 
Sin embargo, minutos después de la votación del asunto, la coordinadora parlamentaria del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz pidió corregir el sentido de su sufragio, pues sostuvo que el acuerdo carece de legalidad y lo consideró como un "albazo". 
Incluso, la legisladora adelantó que de no anularse el acuerdo, procedería legalmente pues consideró que para impulsar una acción de tal trascendencia procedería una reforma constitucional y no un simple punto de acuerdo, el cual tampoco cumplió con el proceso legislativo que señala la ley. 
La reforma constitucional en mención, fue impulsada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la pasada legislatura, en el momento en que se impulsó un juicio político en contra del hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando era alcalde de Cuernavaca, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad para ocupar dicho cargo. 

Elige Congreso a nuevos consejeros de la CDHEM

El Congreso del estado integró el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), tras designar a los seis integrantes, que durarán en la representación tres años.
Por mayoría de votos, los legisladores designaron en la sesión ordinaria de ayer, que fue la continuación de la semana pasada, a Cristian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio, Briseida Ruiz Flores, Gerardo Vargas Salgado, Rosario Cazares Campos y Abimelec Quiroz Morales como consejeros consultivos propietarios.
Como suplentes a Claudia Anguiano Ramos, Roberto Godinez Vega y Kenia Lugo Delgado.
Durante la sesión ordinaria reapareció la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza, quien fue víctima de un ataque armado el pasado martes 18 de junio.
Lo hizo para participar de la designación de los nombramientos que quedaron pendientes desde la semana pasada, cuando el Pleno nombró al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, hoy a cargo de Israel Hernández Cruz.

Designaciones en ESAF e IMIPE, por la vía rápida

Por la vía rápida, los diputados locales concretarán los nombramientos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que ocupará el espacio que dejó el pasado 7 de junio Víctor Manuel Díaz Vázquez. 
A 21 días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, sus integrantes finalmente acordaron avanzar en los nombramientos pendientes. 
Para la titularidad de la ESAF 29 ciudadanos se registraron en la convocatoria, seis mujeres y 23 hombres. Resaltan panistas como Francisco Alva Meraz, quien fue director general de Transportes, y  José Rafael Cuevas Pinzón, así como también ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez, como José Luis Heredia Guzmán, ex asesor del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (IDEFOMM) y Jesús Urióstegui Beltrán, quien trabajó en la Secretaría de la Contraloría del estado. 
Alfonso Martínez García, ex secretario de Finanzas del Comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también aspira a ser auditor estatal, al igual que Carlos Alberto Hernández Pimentel, ex candidato independiente a la alcaldía de Tlaquiltenango, y Víctor Hugo Vargas Ángeles, ex auditor especial en Hacienda Municipal de la ESAF, quien se jubiló al final de la LIII Legislatura y ha sido cuestionado por su trabajo en el órgano. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aseguró que el proceso de designación que se concretará en un plazo de 13 días, se hará apegada a derecho. 
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), al igual que su homóloga priista Rosalina Mazari Espín lamentaron que sólo seis mujeres se registraron en la convocatoria, cuando lo que se busca es lograr una paridad en la distribución de espacios públicos. 

Este martes habrá convocatoria para comisionado del IMIPE

En tanto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que a más tardar el 12 de julio próximo, el Pleno del Congreso del Estado designará a un comisionado del IMIPE, en sustitución de Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quien se le venció el cargo el 7 de junio pasado. 
Informó que hoy saldrá publicada la convocatoria para el registro de aspirantes, un proceso que durará 10 días y en ocho días la Junta Política y de Gobierno definirá a las mejores propuestas que serán votadas en el Pleno. 

Contempla Congreso período extraordinario para aprobar reformas.

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, Blanca Nieves Sánchez Arano, dijo que está a favor de que se reactive el "Operativo Mochila", siempre y cuando se establezcan protocolos de revisión que no vulneren los derechos de los alumnos.
Al respecto, la legisladora afirmó que cualquier acción que pueda garantizar la seguridad de los menores debe aplicarse, ya que en los últimos años se ha agravado la violencia en el interior y en el exterior de las escuelas. 
"Tendría que precisarse el proceso, cómo hacerlo, normalmente en los últimos años cuando se llevaba la operación mochila era el alumno con alguien de la asociación de padres de familia presente y que diera la autorización de la asociación, jamás será en contra de los alumnos", declaró. 
La legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal) coincidió en que la propuesta tiene que ser consensuada con los alumnos y los padres de familia. 
De igual forma, dijo que para seguridad de las escuelas también se insistirá en que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realice operativos de vigilancia afuera de las escuelas, para garantizar la integridad de los alumnos y de las autoridades educativas. 
"Está la próxima mesa de seguridad a instalarse y claro que será un planteamiento que llevaré a la mesa, en la cual espero se haga un esfuerzo adicional porque se den los refuerzos y se den los patrullajes en las escuelas dentro de lo posible, porque sabemos que no hay suficientes patrullas", apuntó. 

"Puente de Ixtla es la cuna de las pensiones doradas", afirmó el alcalde Mario Ocampo Ocampo, quien dio a conocer que antes de que concluyera la pasada administración municipal el Congreso del estado autorizó 54 jubilaciones a favor de ex trabajadores, que significarán un gasto anual para el ayuntamiento de ocho millones de pesos. 
En entrevista, el edil  explicó que durante los meses de septiembre y octubre del año pasado fueron autorizadas 54 "jubilaciones doradas", fueron impulsadas por el gobierno de Dulce Medina Quintanilla, presuntamente de manera irregular. 
Por tal razón, apuntó, se han tomado medidas desde el municipio para no pagar esas pensiones y se promoverán acciones legales para anular la determinación que respaldó la LIV Legislatura al autorizar en sus primeros meses más de 50 decretos. 
“Estamos trabajando en ellas, hay muchas irregularidades, cuando ya tengamos todos los casos armados nos vamos a ir a acciones jurídicas porque si no estamos perjudicando a los ciudadanos. Algunas ya las hemos congelado”, expresó.
Esas jubilaciones son de ex trabajadores del ayuntamiento, pero además el municipio ayudó a expedir comprobantes de trabajo a ex funcionarios de primer nivel del gobierno de Graco Ramírez para que el Congreso  autorizara sus onerosas pensiones. 
Mientras tanto, dijo que Puente de Ixtla arrastra una deuda de más de 300 millones de pesos, de los cuales 150 millones son laudos vencidos, porque ya se perdieron en juicio. 
Ante tal situación, dijo que se encuentra en riesgo de ser destituido, pues el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó el pago de 40 laudos por un monto de 13 millones de pesos. "Estamos viendo eso, teniendo reuniones con los magistrados, con los abogados, con los actores que demandan para que lleguemos a buenos convenios", explicó. 

Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Congreso del estado en cuanto a la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz.

Cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho hacia el ombudsman por su presunta cercanía con el exgobernador Graco Ramírez y por el presunto proceso administrativo por ilícitos cometidos desde la administración pública, Ojeda Cárdenas dijo que seguramente el Poder Legislativo revisó los perfiles y evaluó a las y los candidatos antes de tomar la decisión. “Si existe algún tema legal pendiente él lo tendrá que aclarar”, apuntó.

El encargado de la política interna también apuntó que el trato de Hernández Cruz con la actual gestión ha sido sólo como notario público. “La relación que yo tengo con él en la parte profesional es en su calidad de notario donde se desempeñó de forma debida, y lo que recibirá de la Secretaría de Gobierno es todo nuestro apoyo”.

Refirió que el mismo jueves presentó su solicitud de licencia a la notaría, a la que se le dará curso inmediato para que pueda desempeñar sus funciones; la persona que lo sustituirá en esa tarea de manera temporal será designada conforme a la ley del notariado.

Sobre la presunta relación del ahora presidente de la comisión de derechos humanos, el responsable de la política interna en el estado expuso que hasta donde tiene conocimiento, Hernández Cruz estuvo al frente de un área jurídica en la administración anterior, pero reiteró: “otra vez la relación que tenemos en esta administración solo es la de notario y no tenemos ninguna objeción, respetamos la decisión del Congreso local”.

Añadió que la agenda de derechos humanos en el estado es muy larga, por lo que el gobierno estatal tendrá que trabajar en coordinación con el organismo protector en la materia, en temas importantes como la atención de la alerta de violencia de género, entre otros.